Cuando el macrismo votó el proyecto de la administración de Horacio Rodríguez Larreta para construir diez torres de lujo en Costa Salguero y Punta Carrasco no se imaginó que generaría una reacción histórica: por primera vez en 50 años la ciudadanía porteña reclamó volver a tener vínculo con el río. Esa lucha tendrá un nuevo capítulo en la Legislatura porteña: el proyecto del Frente de Todos (FdT), basado en la propuesta de organizaciones, vecinos y ambientalistas, de construir en esas 70 hectáreas un gran parque público costero, logró las 40 mil firmas que se necesitan para que el oficialismo deba aceptar tratarlo en el recinto en sesión ordinaria.

De acuerdo al texto del proyecto de FdT, el Parque Costero del Río de la Plata sería un espacio de “recuperación del borde costero para el disfrute público” con dos lineamientos paisajísticos: parque nativo y parque urbano cultural, en una Ciudad que tiene apenas un tercio de los 10m2 verde por habitante que sugiere la OMS como mínimo de condición de vida. Esa cifra es la que tiene Rosario, una ciudad que efectivamente integró el río a su trama urbana.

Fue presentado en base a las demandas de organizaciones sociales, vecinales y ambientalistas, luego de grandes movidas como bicicleteadas y eventos frente al río, pero sobre todo, como corolario de lo escuchado en las históricas audiencias ciudadanas, estipuladas por ley luego de que el proyecto de Larreta fuera aprobado a fines de 2020 en primera lectura. 

El Ejecutivo porteño dispuso que se realizaran en verano y por Zoom. Aún así, la participación fue récord. Nunca antes en CABA una audiencia pública tuvo tantas y tantos expositores: se anotaron 7053 personas, que debían ser nacidas o residentes en Capital Federal. El 97,3% de quienes hablaron se pronunció en contra de destinar las tierras a negocios inmobiliarios. Pidieron que sea de uso público. Sólo 55 expositores hablaron a favor del proyecto oficial: 34 de ellos fueron funcionarios. También lo rechazó la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), con un informe técnico donde alertó que el desarrollo urbanístico, que va a estar emplazado a 450 metros del aeroparque Jorge Newbery, «vulnera los límites de altura establecidos por la superficie de ascenso en el despegue a pista 13».

¿Qué propone la ley del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta? La construcción de un barrio náutico nucleado en diez edificios de hasta 28,8 metros de altura, con viviendas y locales de lujo, hoteles, restaurantes, calles internas, espacio verde restringido y un helipuerto, en lo que hoy es Punta Carrasco y Costa Salguero, cuyas concesiones están vencidas. A cambio, los privados dejan un sector para que sea parque público, aunque no se especifica cómo sería.

Durante este año, la Justicia falló en contra de la venta de Costa Salguero, por considerar que no cumplió con la Constitución local, en lo referente a la consulta ciudadana. Mientras tanto, el FdT presentó esta contrapropuesta de crear allí un gran parque público costero, en una zona donde la privatización del acceso al río es manifiesta: de hecho Costa Salguero se enmarca en algo más amplio llamado Distrito Joven. Un supuesto polo gastronómico y nocturno, apuntado a un público juvenil consumista que para llegar debe tener auto, porque ir al río en transporte público es casi imposible en CABA por falta de líneas que lo tengan en sus recorridos.

“El debate por el destino de Costa Salguero, además de generar un rechazo muy grande, impulsó y visibilizó otras discusiones por el uso de las tierras en la Ciudad. Hay una gran resistencia a la venta de tierras públicas y a los proyectos de megatorres que impulsa Larreta en distintos puntos de la Ciudad”, asegura a Tiempo la legisladora Lucía Cámpora (FdT), una de las autoras del proyecto. Y enumera iniciativas oficiales de grandes edificios de viviendas y oficinas suntuosas, como la Isla de La Paternal, el proyecto de Ciudad Palmera de IRSA en Caballito, o el reclamo de vecinos de Santa Rita “para que en su barrio haya por lo menos una plaza”. A ese grupo se puede sumar Distrito Colegiales, que el macrismo busca aprobar desde principios de año para instalar torres en el predio ferroviario de ese barrio, y los 16 convenios urbanísticos que va a tratar el recinto los próximos días en los que el Ejecutivo porteño pide que se permitan construir torres más altas de lo que permite el Código de Edificación, en 9 barrios de la Capital.

“Es en ese marco –continúa Cámpora– que seguimos con la defensa de las tierras costeras, con la juntada de firmas y la iniciativa popular para el parque público en Costa Salguero, y de la mano de ese proyecto, acompañamos, visibilizamos y construimos otro modelo de ciudad más habitable, más justo, más vivible”. Ahora, el proyecto del gran parque público costero debe ser presentado junto a las 40 mil firmas en la Dirección de Participación Ciudadana y en el Tribunal Superior de Justicia. El TSJ tiene 30 días para verificar, y luego pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura. Una vez ahí, no pueden transcurrir más de 20 días para que se trate en el recinto.

El otro gran proyecto de privatización del acceso al río de la administración de Larreta es en el sur: al lado de los humedales y de la villa Rodrigo Bueno, el bloque oficialista aprobó en plena campaña de las PASO el permiso para que IRSA construya en la ex Ciudad Deportiva de Boca el primer barrio privado de CABA, con torres de hasta 45 pisos, unas 6000 viviendas suntuosas, tiendas, oficinas, hoteles, clubes deportivos y de yates, supermercados y estacionamientos, todo en un área de casi 750 mil metros cuadrados frente al río, al lado de un gran humedal y de la villa Rodrigo Bueno. Supuestamente, el 60% restante de la superficie le quedaría a la Ciudad para espacio verde, de cuyo mantenimiento se encargaría IRSA los primeros diez años, si es que el gobierno porteño se decide a hacer ahí un parque.

“Hay que pensar todas estas iniciativas, igual que el relleno que se está haciendo frente a Aeroparque para un nuevo estacionamiento subterráneo, como una estrategia de avanzar donde no hay suelo para tener tierra a muy bajo costo, con destino inmobiliario, transgrediendo las normas de la Ciudad, y amparado en una política pública de generar negocios para amigos con la costa ribereña”, remarca Fabio Márquez, licenciado en Diseño del Paisaje de la UMSA, docente de biodiversidad urbana y director de la Comisión de Participación Social de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). “Lo que propone la ciudadanía es ver a la ribera en su conjunto, y no fragmentado, como propone el gobierno de la Ciudad que por un lado discute el norte, por otro lado el sur…”, finaliza.