El miércoles 13 de enero, poco antes de las cuatro de la tarde, Laura Silvero llegó a la Unidad 6 de San Cayetano, en Corrientes, y dejó el “paquete” para su hijo Exequiel, de 20 años: lavandina, barbijos, alcohol en gel, todo lo que ayudara a prevenir el contagio de Covid-19 en tiempos de rebrote. La mujer fue incapaz de imaginar que esa misma mañana, al menos ocho penitenciarios habían golpeado con saña al joven hasta provocarle una muerte cerebral. “Me atendieron como si nada hubiera pasado, me recibieron las cosas y no me dijeron que lo habían matado. No me cabe en la cabeza lo que hicieron con mi hijo”, se lamenta Laura.
La suerte de Héctor Exequiel García, apodado “manchita” por ese lunar indisimulable en la cara, se comenzó a estropear el 21 de septiembre de 2019, luego de los festejos por el Día de la Primavera. “Salió con los amigos a un boliche del centro. Yo le había comprado una moto, pero él todavía no tenía registro, así que volvió en la moto de un amigo, pero en el camino tuvieron un accidente y cuando despertó en el hospital se enteró que la moto era robada. Quedó detenido, después empezó la pandemia y eso puso muchas trabas en la causa. Este año, después de la feria judicial, iba a salir en libertad”, cuenta la madre.
Exequiel era un estudiante de secundario, con rasgos aniñados y de menos de 60 kilos de peso. La madre, atenta a la peligrosa realidad de las cárceles, interpuso una medida de resguardo físico que lo aislaba del resto de la población y lo dejaba con custodia permanente. Una de las condiciones del régimen especial era el recreo solitario en el patio –uno a la mañana y otro a la tarde– de una hora de duración. Pero los celadores se aburrían o les molestaba tener que vigilar a un preso tanto tiempo y solían acortarle el beneficio a media hora o quince minutos. Ese miércoles, Exequiel se negó a volver a su celda antes del cumplimiento del horario. También exigió un hisopado porque desde el primero de enero los casos de coronavirus en el penal se habían propagado. Fue demasiado para la paciencia de los penitenciarios.
“Tuvo un altercado con dos guardias que después se subieron a una camioneta y se fueron a realizar la denuncia por resistencia a la autoridad contra Exequiel. Así prepararon la escena para justificar los golpes que iba a tener el chico. Lo que no pudieron anticipar fue que le iban a pegar hasta matarlo”, describe Hermindo González, abogado de la familia de la víctima.
Se cree que al menos ocho penitenciarios volvieron al patio para escarmentar a Exequiel. A golpes lo trasladaron a una celda de castigo, donde continuaron la paliza hasta que cayó inconsciente. Lo dejaron en el piso creyendo que se trataba de un desmayo, pero al ver que después de un rato no reaccionaba decidieron llamar a una médica, quien advirtió que el joven no tenía signos vitales.
Exequiel ingresó a la Guardia del Hospital Escuela de Corrientes con paro cardiaco. Después de 15 minutos de maniobras de reanimación, lo llevaron a Terapia Intensiva, donde un encefalograma “chato” confirmó la muerte cerebral. A las cuatro de la tarde, en el mismo momento en que su madre le dejaba en el penal artículos de higiene y algo de comida, los médicos desconectaron el respirador artificial.
“Quiero que estén presos”
La autopsia realizada al día siguiente concluyó que Exequiel sufrió un “colapso cardio pulmonar con etiología en estudio”. Nada dice de los múltiples golpes –que la familia tiene fotografiados– que pudieron haber provocado la muerte. El servicio penitenciario reconoció la responsabilidad al informar públicamente que inició sumario administrativo y separó del cargo a los funcionarios implicados. En paralelo, se abrió de oficio una causa por averiguación de causales de muerte a cargo de la fiscalía de turno y el abogado de la víctima presentó en el Juzgado de Instrucción N°6 un escrito solicitando una serie de medidas, entre ellas, los videos de las cámaras de seguridad, tanto del penal como del hospital, y copias de los sumarios administrativos que permitan identificar a los responsables.
“No tengo dudas de que estamos ante un delito de apremios, torturas y abandono de persona seguido de muerte. Los penitenciarios tienen la custodia de los detenidos y el deber de garante de la vida”, señala González.
Hilda Presman, Coordinadora de la red de DDHH de Corrientes, quien junto a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) está acompañando a la familia de Exequiel, señaló que durante la pandemia ya fueron dos los jóvenes detenidos en la provincia que “demandaban mejores condiciones y murieron”. El antecedente es del 21 de abril, cuando Kevin Candia fue asesinado de un disparo durante una brutal represión en la Unidad Penal N°1, luego del contagio de casi 30 personas.
La madre de Exequiel, en tanto, no encuentra consuelo. “No tenían necesidad de hacerle tanto daño, pero lo torturaron y tuvo una muerte horrible. Así como mi hijo estuvo preso por un robo que ni siquiera se pudo comprobar que él estuviera involucrado, quiero que los que lo mataron estén presos mientras investigan su muerte. Si es por mí, me moriría con él, pero voy a seguir hasta que se haga justicia. Él tenía toda una vida por delante”.
