El abogado Andrés Gil Domínguez pide el esfuerzo de la invención: “Imaginate si esto mismo hubiera ocurrido entre dos países. Hace rato que hubiera ocurrido una guerra; una guerra entre dos Estados por el agua”.
Gil Domínguez es doctor en Derecho, pero antes que cualquier otra cosa es pampeano. Con el sentimiento a cuestas, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un diferendo entre las provincias de La Pampa y Mendoza por el río Atuel.
Más claro: denunció que Mendoza se quedó con el agua y dejó desértica parte de La Pampa. Esta semana, el tribunal internacional le dio traslado al Estado argentino que en un plazo de tres meses (con posibilidad de una prórroga por cuatro meses más) tiene que explicar por qué Mendoza no cumple el fallo de la Corte Suprema de Justicia que la obliga a garantizar un caudal mínimo del río para los pampeanos (ver aparte).
El río Atuel y la batalla por el agua
«Es un avance importantísimo porque la pelea de La Pampa ha dejado de ser contra la provincia de Mendoza y la falta de respuesta de la Corte Suprema y pasó a ser contra el Estado Argentino en un órgano supranacional. Es justamente el Estado el que debe responder en los próximos meses si violó o no el derecho humano a la protección integral del ambiente y el derecho humano que establece que, cuando existen sentencias de un Estado que reconoce la violación de un derecho humano y manda a reparar, se deben cumplir», remarca el abogado.
En simultáneo con la resolución de la CIDH, Mendoza anunció la construcción de tres nuevos reservorios de agua en las cuencas de los ríos Atuel y Diamante con el objetivo de «optimizar los sistemas de riego» que utiliza el próspero sector agrícola del sur de la provincia.
“Desde que el río Atuel existió, bajaba desde la cordillera, pasaba por Mendoza y llegaba hasta La Pampa. Pero un día a Mendoza se le ocurrió quedarse con todo el río. Así floreció el sur mendocino mientras que el oeste pampeano se desertificó, provocando la diáspora y el empobrecimiento de toda la zona. Ellos allá tienen el río a pleno; nosotros acá podemos jugar un partido de fútbol donde debiera haber agua”, describe sin ocultar el rencor Gil Domínguez y enseguida refuerza: “para los pampeanos esta causa es como la de Malvinas para los argentinos. Van a seguir pasando las generaciones y ninguna va a dejar de pelear por el Atuel”.
“Nos usan como caño de desagote”
Enrique Tomás –63 años, oriundo de Puelches, uno de los últimos pueblos ribereños de La Pampa y miembro de la Fundación Chadileuvú, una de las ONGs que acompañó el reclamo ante la CIDH– dice que la gente pampeana es muy tranquila “porque la mayoría no vivió tener agua”.
Él, en cambio, que supo de los magníficos pejerreyes que se pescaban en la década del ’40 y que se mandaban a Buenos Aires y Bahía Blanca embalados en cajones con hielo picado a través del ferrocarril, que también vio la vida de un pueblo bañado en agua dulce con sus almacenes de ramos generales, hotel, restaurante y hasta cabina telefónica, no se acostumbra a este presente hostil de tierra seca.
“Tendríamos que tener una relación de provincias hermanas, pero Mendoza sigue construyendo reservorios para guardar agua para ellos nomás. Eso quiere decir que nos estamos enfrentando a gente que no le interesa en lo más mínimo lo que sucede aguas abajo. Es gente inhumana a la que no le importa la vida de los demás. Por eso digo que con esta gente nunca se va a dar un acuerdo”.
🔵 La Pampa denuncia el despojo del rio Atuel ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
— Agencia Provincial de Noticias La Pampa (@APNLaPampa) August 13, 2024
La demanda elaborada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, la impulsaran la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos
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Tomás, al que todos llaman ‘Quique’ o ‘Gallego’, es un hombre memorioso. Por eso siempre cuenta que allá por el año 41 se firmó un convenio entre Mendoza y Nación para construir lo que luego fue la represa Nihuil sobre el río Atuel, inaugurada oficialmente en 1947 para regadío y generación de electricidad.
“Ese día –cuenta– bajaron las compuertas para llenar la represa y es ahí donde La Pampa se quedó sin agua. Desde entonces que venimos reclamando. Así secaron la cuenca más extensa del interior del país. Desde el punto de vista ambiental es una locura lo que hicieron. Encima es tanta el agua que ellos tienen que la capacidad de embalse de la represa a veces no les alcanza y nos usan como caño de desagote. Es agua subterránea de muy mala calidad. Sin río no podés tener ni una gallina”.
A Tomás le gustan las cifras y por eso recuerda que el censo poblacional del 47, es decir, el mismo año que se cortó el pasaje del río a La Pampa, en el departamento Curacó, al que pertenece su pueblo, había unos 1650 habitantes y unas 174 mil cabezas de ovinos. Cinco años más tarde las ovejas no superaban las 69 mil. Para 1960, el nuevo censo confirmó que Curacó había perdido el 41% de su población. “Cerca de mi pueblo hay un cementerio –dice Tomás– en el que se ven tumbas de 1909. Localidades del sur mendocino como General Alvear o Bowen fueron fundadas en 1912 y 1914, eso quiere decir que nosotros estábamos primero”. «
«Cornejo es un gran hipócrita»
En julio de 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó un caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 m3/s en el límite entre La Pampa y Mendoza. El Tribunal precisó que “ese es el caudal recomendado por el Instituto Nacional del Agua (INA) como instrumento de posible cese del daño ambiental ocasionado por la falta de escurrimiento del río Atuel en territorio pampeano” y agregó que “ese recurso debía también ser destinado a la conservación del ecosistema interprovincial, sin perder de vista el interés de las generaciones futuras, cuyo derecho a gozar del ambiente está protegido por el derecho vigente”.
“El gobernador Alfredo Cornejo es un gran hipócrita –dice el abogado Andrés Gil Domínguez– porque se la pasa midiéndole el republicanismo a los demás, pero cuando él tiene que aceptar la sentencia de la Corte Suprema muy republicano no es”.