El cura Nicolás Parma fue condenado este miércoles a 17 años de prisión efectiva, más las costas del juicio, por el delito de abuso sexual en la causa que le iniciaron dos menores cuando eran seminaristas en la parroquia Exaltación de la Cruz en Puerto Santa Cruz, ubicada a 250 kilómetros de Río Gallegos.

El presidente de la Cámara Oral Penal Joaquín Cabral leyó la sentencia de la condena a 17 años de prisión de cumplimiento efectivo por considerar a Parma «autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple doblemente agravado por haber sido cometido por un ministro de culto, encargado de la educación y guarda de menor conviviente de 18 años en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado por haber sido cometido en la modalidad continuada» contra otro menor, de acuerdo a varios incisos del artículo 119 del código penal.

La sentencia, en los primeros puntos, determinó la nulidad de la figura de corrupción de menores por «defectos técnicos y jurídicos de procedimiento».

El acusado siguió la transmisión vía Zoom desde la comisaría de Puerto Santa Cruz donde se encuentra alojado, mientras que las víctimas Yair Gyurkovitz y Jonatan Alustiza lo hicieron desde sus lugares de residencia actual en Cafayate (Salta) y Pergamino (Buenos Aires).

Conocida la sentencia, el abogado defensor Cristian Arel anticipó a Télam: «no estamos de acuerdo. Vamos a reiterar el pedido de absolución en casación».

El fiscal del proceso, Iván Saldivia, dijo a medios locales que «vamos a tener que leer los fundamentos de la nulidad por corrupción de menores, que, para nosotros, estaba acreditada. Igualmente es importante la sentencia de 17 años, cuando habíamos solicitado 20 años». 

«No nos cansaremos de pedirle perdón en nombre de la Iglesia a las víctimas sabiendo que nada va a resolver sus heridas, pero sí nos queremos hacer cargo del tema, porque también como dice el papa Francisco, de nada sirve esconder la cabeza como el avestruz», dijo a Télam Jorge García Cuerva, obispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego con sede en Río Gallegos.

El prelado agregó que en septiembre de 2019 le acercó personalmente a Parma, en su lugar de detención en la ciudad de Puerto Santa Cruz, la sentencia de expulsión del estado clerical que resultó de un proceso canónico iniciado en el año 2017, cuando se conocieron las acusaciones contra el sacerdote.

«En todo momento negó los cargos, como fue su postura hasta el final de este juicio», sostuvo sobre Parma.

García Cuerva advirtió que también fue suprimida por el Santo Padre la Congregación Los Discípulos de San Juan Bautista, creada en Salta por el sacerdote Rubén Agustín Rosa Torino, condenado en una causa similar a 12 años de prisión en julio pasado por la justicia de esa provincia por abusar de varios chicos, entre ellos, los mismos que acusaron a Parma.

«La Congregación como tal no existe más, porque fue suprimida por el papa Francisco en una expresión de lo que la Iglesia en los últimos años ha intentado, que es hacerse cargo absolutamente de estos casos, que se lleve adelante el proceso judicial y buscar la verdad», sentenció el Obispo.

También aclaró que «ni el Vaticano, ni el obispo monseñor D’Anibale fueron cómplices de que Parma fuera enviado a España (tras las denuncias) sino que al contrario, llevaron adelante toda la investigación como hubo que hacerlo».

«Fue una cuestión interna de la Congregación, que lo mandó a España donde también tiene una casa y por eso también, como de alguna manera había una conducta sistémica dentro de este Instituto de vida consagrada, es que el Papa lo suprimió», agregó.

García Cuerva recordó que hay una carta de Francisco del 10 de junio pasado, dirigida a un cardenal de Alemania, «cruda y contundente» sobre el tema.