El Juzgado en lo Correccional Nº 5 de San Isidro les impuso penas de entre dos y tres años de prisión a los cinco miembros de la Policías Bonaerense imputados. Todos ellos fueron declarados culpables de haber cometido los delitos de privación ilegal de la libertad, vejaciones y amenazas.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) recibió una denuncia e intervino en el juicio como veedora del proceso que se realizó: “Es uno de los pocos casos que llegó a juicio, los datos que nosotros construimos muestran en forma clara y precisa que sólo el 4% de las causas por violencia institucional llegan a juicio”, aseguró Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de este organismo, a Tiempo. Señaló que la gran mayoría de ellas “son archivadas o desestimadas por la justicia”.

Intervención de la escuela

“Creemos que sucedió así porque la institución educativa –EEES de General Pacheco- donde iban los jóvenes fue vital para el esclarecimiento del caso investigado, los docentes se enteraron y se preocuparon mucho por sus estudiantes”, valorizó el letrado. Se realizó un proceso que tardó seis años y “hace dos semanas se conocieron los resultados del juicio”.

Finalmente el juez Fernando Ribeiro Cardadeiro condenó a Roberto Benítez, José Ríos, Fabián Quinteros, José María Gómez Mansilla y Carlos Alberto Castillo; todos ellos por ser coautores del delito de privación ilegal de la libertad, vejaciones y amenazas. Los imputados recibieron penas de entre dos y tres años de prisión en suspenso, con el doble temporal de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Comisaría 2ª de General Pacheco

Los policías fueron imputados en agosto de 2017, cuando tres jóvenes del barrio Las Tunas -del partido bonaerense de Tigre- los denunciaron, aseguraron que fueron víctimas de malos tratos, amenazas y falsas acusaciones. Señalaron a la comisaría 2ª de General Pacheco.

“Nosotros recibimos una denuncia e intervenimos ante la justicia para que se investiguen los  hechos acontecidos, además, acompañando a los jóvenes y brindando capacitación sobre violencia institucional en la escuela donde ellos iban”, reconstruyó el secretario ejecutivo. También lo siguieron haciendo “durante el juicio, en el cual tuvimos intervención como veedores del proceso e instamos a la Auditoría General de Asuntos Internos a que inicie el trámite de exoneración de los policías condenados”, reclamó.

Web de datos abiertos de la CPM

“Es uno de los pocos casos que llegó a juicio”, aseguró el abogado a este diario.”Los datos que nosotros construimos muestran en forma clara y precisa que sólo el 4% de las causas de brutalidad policial llegan a juicio”, señaló.

Los datos de la Comisión Provincial por la Memoria indican que de las causas por violencia institucional iniciadas, terminadas entre 2018 y el primer semestre de 2021; sólo el 4% llegó a juicio. Sin embargo, más del 90% había finalizado con el archivo o desestimación de las denuncias realizadas.

El caso

Los hechos sucedieron en agosto de 2017, cuando  los jóvenes de entre 17 y 18 años volvían caminando de la escuela EEES, fueron interceptados por un hombre vestido como civil que los acusó de robar un celular. Los requisó y los obligó a ir a la comisaría 2ª de General Pacheco bajo amenazas y empuñando un arma de fuego.

Allí fueron interrogados y finalmente los dejaron volver a sus casas cuando llegó la noche. El adulto que los acusó y llevó a la dependencia resultó ser el policía José Ríos. Se trata del mismo que intentó presionar a la directora de la escuela para que investigara el robo del celular que él investigaba.

En principio los jóvenes no habían contado nada a los docentes ni a sus compañeros. Se supo porque uno de ellos, que fue el más castigado de los tres, dejó de concurrir a clases porque vio al policía en la escuela. Pensó que venía a buscarlo, cuando en realidad estaba ahí porque es el papá de otro alumno de la misma institución educativa. Las continuas faltas del estudiante llamó la atención de los profesores, quienes se preocuparon y tomaron cartas en el asunto.  

Finalmente el juez Fernando Ribeiro Cardadeiro -hace dos semanas- condenó a Roberto Benítez, José Ríos, Fabián Quinteros, José María Gómez Mansilla y Carlos Alberto Castillo; todos ellos por ser coautores del delito de privación ilegal de la libertad, vejaciones y amenazas. Los imputados recibieron penas de entre dos y tres años de prisión en suspenso, con el doble temporal de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ahora solicitaron que se inicie el trámite para que sean exonerados de la fuerza policial.