El aeródromo militar de El Palomar quedó este martes incorporado al Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) lo que deja a las low cost Fly Bondi -vinculada al vicejefe de gabinete, Mario Quintana- Norwegian Air a un paso de poder operar desde esa pista, a pesar de la presentación de un amparo ambiental que tramita en la justicia de San Martín y de una movilización de vecinos de Hurlingham, Tres de Febrero y Morón que el lunes 18 -al mismo tiempo que reprimían la manifestación en el Congreso- marcharon contra el “aeropuerto trucho”.

A través del Decreto 1092/2017 firmado por Mauricio Macri y publicado en el boletín oficial -acompañaron con su firma el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich-, el gobierno nacional habilitó la utilización de la base aérea de El Palomar para que las low cost comiencen a operar en enero como estaba previsto.

En noviembre el abogado Lucas Marisi, junto a su hermano Leandro, presentó un amparo ambiental en representación de los vecinos de la zona contra la resolución 408/17 de Dietrich que autorizó a FlyBondi a operar vuelos comerciales con aviones Boeing 737 en 56 rutas aéreas desde la Base Militar de El Palomar sin Evaluación Previa de Impacto Ambiental. El pedido tramita en el Juzgado Federal N°2 de San Martín, a cargo de la jueza Martina Forns, la misma que en agosto de 2016 suspendió en todo el país los aumentos de energía dispuestos por Macri.

En ese planteo los abogados advirtieron que, además, esa decisión omitía que la Base Aérea Militar es un Sitio de Memoria. El jueves pasado, el día anterior a la firma del decreto que se publicó ayer, desde la Dirección Nacional de Sitios de Memoria que integra la estructura del Archivo Nacional de la Memoria que depende del secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, informó al Juzgado que la Base de El Palomar es un Sitio Protegido por la Ley 26.691 (Ley de la Memoria), tal como se había denunciado en el amparo.

Según detalló la presentación oficial, la I Brigada Aérea El Palomar está “incluida en la nómina de sitios de memoria del Terrorismo de Estado, y declarado como Sitio Histórico en los términos de la Ley”. Y detalló que la incorporación a la nómina de sitios se cimentó en los antecedentes que existen en el Archivo Nacional de la Memoria, en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) y testimonios de causas judiciales, así como su mención en la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep).

Asimismo, la Dirección de Sitios libró un oficio al Juzgado Federal N°3 del juez Daniel Rafecas para que tome conocimiento de que se podría estar destruyendo prueba de causas de lesa humanidad que se encuentran actualmente en trámite, lo que podría incluso derivar en la apertura de nuevas causas penales. En la Base Aerea de El Palomar operó la Fuerza de Tareas 100 que operó en el circuito represivo clandestino conformado por una decena de centros de detención clandestina, entre ellos la “Mansión Seré”, las brigadas aéreas de Palomar, Morón y Moreno, y El Chalet del Hospital Posadas.

Por ello, la modificación de la Base podría afectar prueba judicial. Marisi dijo a Tiempo que presentó a la justicia material fotográfico certificado con escribano de los trabajos de personal de Aeropuertos 2.000 realizando obras en la Base Aérea “sin los carteles de obra ni de licitación pública”, detalló.

En la última marcha, con los vecinos se manifestó Iris Pereyra de Avellaneda, la madre de Floreal Avellaneda, un chico de 14 años que fue secuestrado por la dictadura y arrojado al Río de La Plata desde uno de los vuelos de la muerte.

Un aeropuerto peligroso

“El decreto es insanablemente nulo, ilegal e inconstitucional”, se quejó Marisi. El abogado advirtió que en su publicación el decreto 1092 reconoce que no se realizó el Estudio Previo de Impacto Ambiental que exigen la Ley Nacional de Ambiente y la norma provincial. Marisi indicó que el Ministerio de Transporte ya respondió ante el juzgado que no se ha realizado ningún estudio previo de impacto ambiental.

El lunes 18, un millar de vecinos de Hurlingham, Tres de Febrero y Morón marcharon a la puerta de la Base Aérea con la consigna “NO al Aeropuerto trucho”, desde el que la empresa Flybondi operará 268 vuelos semanales a partir del 2018. Denunciaron que semejante actividad aérea dañará su calidad de vida y advirtieron la peligrosidad de la instalación de una pista de despegue y aterrizaje de grandes naves en una zona tan poblada: a 500 metros de una de las cabeceras está el Colegio Emaús de Palomar y a 650 metros de la otra cabecera el Instituto Mariano Moreno de Hurlingham, a las que concurren unos 4 mil niños.

“El 90% de los accidentes aéreos son en el momento del despegue y el del aterrizaje. Y en el accidente de Lapa el avión recorrió más de 700 metros”, detalló Marisi.

“Seguramente la jueza debería dictar la cautelar y suspender cualquier vuelo”, redondeó el abogado, que adelantó que este miércoles se presentarán en el juzgado con el Decreto 1092 y con un documento en el que la Fuerza Aérea se opone a la transformación del aeródromo militar en un aeropuerto lowcost.

El Ministro de Transporte había asegurado el 21 de noviembre que el aeropuerto operaría a partir de 2018. En el juzgado de San Martín dijeron que la Base Aérea está habilitada por una resolución del 13 de diciembre de 1968, firmada por el Brigadier Miguel Martínez Zubiría, militar de la dictadura de Onganía.

El no de la FF AA

Según un documento difundido por la Política On Line, la máxima autoridad de la Fuerza Aérea, Enrique Víctor Amrein, se manifestó en contra en un mensaje enviado al ministro de Defensa, Oscar Aguad, porque podría amenazar al sistema nacional de defensa. Además podría afectar la Campaña Antártica, porque el Hangar Nº7 de esa base está siento usado para la puesta en servicio de la aeronave Hércules y es el único espacio habilitado para hacerlo.