Durante la semana, el Legislador Facundo Del Gaiso, de la Coalición Cívica, integrante del oficialismo porteño dentro de la legislatura, presentó una denuncia penal por supuestos usos privados del Palacio Ceci. «Nadie del barrio podía entrar al Palacio Ceci sin pagar”, había argumentado el diputado porteño PRO en una entrevista a un portal. En la presentación ante la justicia, Del Gaiso aseguró que en el Palacio Ceci se filmaron películas como el Cuento de la comadreja, de Juan José Campanella, Puerta de Hierro, de Víctor Laplace y que además se alquila para eventos privados, pero no está claro quién se quedó con el dinero recaudado.
A raíz de esta presentación penal del diputado, la comunidad educativa de la “Escuela Bilingüe para Niños, Niñas, Jóvenes y Adultos con Discapacidad Auditiva y Formación Integral Nº 28 Prof. Bartolomé Ayrolo”, junto a habitantes de la Comuna N° 11, afirman que están “siendo criminalizados por defender el barrio, la democracia participativa ambiental y la educación pública contra los negociados con recursos públicos que impulsa el Distrito del Vino”.
Cabe destacar que el diputado PRO Del Gaiso, es quien impulsó de la Ley N° 6447 que creó el Distrito del Vino, y su denuncia penal contra la comunidad educativa, deja entrever que estaría defendiendo su iniciativa comercial. El legislador oficialista, sostuvo en su denuncia que es necesario investigar los supuestos delitos de ‘Usurpación’, ‘Administración Fraudulenta’ y ‘Malversación de Caudales Públicos’ a los administradores de la cooperadora de la escuela dirigida por María Rosa López; a Diego Cabales, director del estudio de fotografía Diego Cabales y editor responsable de la Revista Devoto; y a otros administradores o terceros.
«Siempre que se avanza con decisiones de políticas urbanas que van a tener un alto impacto en la vida y en el ambiente de barrios sin participación ciudadana, genera conflictos y una resistencia ciudadana”, explica Jonatan Baldiviezo, abogado de la comunidad educativa de la Escuela N° 28 y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. “Esto es lo que está sucediendo en la Comuna 11 con el avance del Distrito del Vino. Pero este caso es más grave, porque integrantes del Estado están armando denuncias penales a quienes son los primeros afectados concretos de las políticas del Distrito del Vino”, agrega Baldiviezo.
Mediante un comunicado, la comunidad educativa de la Escuela 28 para sordos, junto a vecinos y vecinas de la comuna 11, afirman que “la ley” escrita por Del Gaiso, “está redactada de tal modo que no beneficiará a pymes”, como asegura el oficialismo porteño, “sino a grandes empresas que no tendrían prioridad en recibir apoyo estatal en esta crisis económica. Otro mecanismo de transferencia de recursos públicos a manos privadas. Por último, esta ley es inconstitucional porque no se realizaron ninguna de las instancias de participación ciudadana obligatoria que exige la Constitución de la Ciudad. Los negocios suelen aniquilar la democracia participativa ambiental”.
El documento plantea que el ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, le quiere quitar el palacio Ceci a la comunidad educativa de la escuela de sordos “para que sea explotado por privados en el marco del Distrito del Vino. Esta decisión, que mereció tener un debate democrático con la comunidad educativa, fue adoptada de forma oculta a la sociedad”. En ese sentido, Baldiviezo, aseguró a este medio que “la pueblada que se creó en Devoto, resistió a la entrega del Palacio y en cierta forma se logró suspender el traslado del edificio. Esto provocó una fuerte reacción por parte de integrantes del oficialismo porteño que decidió denunciar penalmente a la cooperadora, directivos de la escuela y habitantes de la comuna con el objeto de disciplinar y acallar esta resistencia al distrito del vino”.
Sobre la contratación del Palacio Ceci para films
La comunidad educativa y habitantes de la comuna 11, desmienten rotundamente la denuncia del diputado PRO Del Gaiso, y aseguran con toda la documentación que demuestra que la misma se basa en mentiras. “El legislador no tuvo en cuenta que los usos realizados por productoras para filmar películas contaron con el permiso del Ministerio de Educación a través del sistema Baset, y que otros recursos que recibió la Cooperadora fueron donaciones para el mantenimiento del Palacio Ceci, que a pesar de ser un edificio patrimonialmente protegido fue abandonado por años por el GCBA que desatendió los insistentes reclamos de la dirección de la escuela”, aclaran en el comunicado y hacen un llamado a toda la sociedad: “Solicitamos el acompañamiento de las asambleas de la ciudad y los/as habitantes de la Comuna N° 11 porque en nuestros barrios se están realizando negocios inmobiliarios y comerciales que arrasan con la calidad de vida y la defensa de lo público. Amedrentan a la ciudadanía con persecuciones individualizadas para que el temor impida la defensa de la escuela pública y el ambiente urbano”.
