Pablo Víctor García lleva 19 años con VIH y otros 12 infectado también con Hepatitis C. Aunque no debe pagar por acceder a sus medicinas, pues en Argentina existe acceso universal para el tratamiento de ambas enfermedades, la noticia de que existía una cura para el segundo de sus males no fue del todo alentadora: cuando en 2015 apareció el medicamento definitivo en Estados Unidos, el costo rondaba los 84 mil dólares. Era un monto que no habría podido reunir ni trabajando toda su vida.

«En el país hay entre 400 mil y 600 mil personas con Hepatitis C. Si se multiplicara por 975 pesos, que es el valor de cada pastilla y que ellos, basados en sus ecuaciones, indicaban para nosotros, implicaría que rápidamente fundiríamos el presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación», recuerda Federico Kaski, ex viceministro del sector, quien fue el encargado de las compras en la Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios del Ministerio de Salud durante el 2015.

El caso del Sofosbuvir reúne todas las tensiones del acceso a medicamentos en América Latina: las estrategias de las farmacéuticas que, tras descubrir fármacos, quieren venderlos a precios diferenciales argumentando la inversión en investigación y las diferencias de los mercados; la pugna de las organizaciones civiles y de los Estados por reducir el precio; y el padecimiento de los pacientes, que están en el medio, y lo necesitan con urgencia.

Eso fue lo que ocurrió en 2015. Al conocer la existencia de un medicamento que cura la enfermedad en tres meses, los enfermos de Hepatitis C protestaron en el Obelisco y exigieron al gobierno que comprara las pastillas. 

Gilead, la farmacéutica que lo producía en EE UU, había presentado documentos a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el organismo que se encarga de la autorización y vigilancia de estos productos, para la comercialización del nuevo fármaco en Argentina. Sin embargo, en un primer momento la entidad negó la petición.

La presión de los pacientes continuó y el gobierno recurrió a un mecanismo de urgencia llamado compra compasiva. Con ayuda de organizaciones civiles, el Ministerio de Salud elaboró una lista de 1068 pacientes en estado crítico o «hiperurgentes»y adelantó una licitación para comprar Sofosbuvir, que repartiría a enfermos sin importar su sistema de salud (público o privado).

A la licitación se presentaron Gador, concesionaria de Gilead, y Richmond. Se trataba del mismo medicamento y en la misma presentación: el Sofosbuvir. Sin embargo, la multinacional le vendió al gobierno 52.416 unidades a 51.105.600 pesos (a un precio por unidad de 975 pesos) y el laboratorio nacional fabricó y vendió 89.600 unidades a $ 20.966.400 (a un precio por unidad de 234 pesos). Es decir que con lo que cuesta una unidad de Sofosbuvir de 400 mg elaborada por la farmacéutica estadounidense Gilead, se pueden comprar 4,5 unidades producidas por Richmond en Argentina. 

Sin embargo, esta solución temporal del gobierno argentino no llegaba a todos los enfermos de Hepatitis C, sino solo a quienes estaban en condición crítica. Pablo Víctor García todavía no era uno de ellos y, por eso, tuvo que recurrir a una persona que viajaba a la India para encargarle que le trajera el Sofosbuvir, con sus propios recursos.

«Mientras en Argentina el tratamiento completo de 12 semanas (84 pastillas) comprado a la multinacional me costaría 5000 dólares, yo lo conseguí por menos de 1000 en la India. Me curé, y sin los efectos adversos que tenían los otros medicamentos», cuenta García, que tiene 55 años y preside la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP). 

En Argentina, la multinacional Gilead Sciences ha adelantado 39 solicitudes de patentamiento ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), en medio de la firme oposición de varias organizaciones civiles. De conseguirlas, Gilead podrá bloquear la competencia de medicamentos genéricos hasta 2028. En el marco de la investigación se envió solicitudes a la farmacéutica para conocer su versión, pero no se obtuvo respuesta.

Los más caros

Según información de las compras públicas de Argentina, entre el top de los medicamentos más caros está la Emtricitabina, para el tratamiento del VIH, que cuesta 261 pesos la píldora; el Imatinib, para el tratamiento del cáncer, cuya pastilla cuesta 954 pesos; y la Clofarrabina, cuyo frasco ampolla le costó al gobierno 1190 pesos en 2015. Eso, sin contar la Kaletra en jarabe , cuya unidad cuesta 872,16 pesos.

«El precio (de los medicamentos) se está convirtiendo en una gigantesca extorsión para los gobiernos», señala el exministro de Salud Ginés González García. Tan solo la Dirección Nacional de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), destina el 86% de su presupuesto a la compra de medicamentos Antirretrovirales. 

Según el Observatorio de Medicamentos Antirretrovirales de la Fundación GEP, aunque la industria farmacéutica local es muy fuerte, el 64% del dinero público destinado a la compra de medicamentos antirretrovirales es absorbido por las multinacionales.
La razón es «la incidencia de los altos precios de los medicamentos con patentes vigentes», señala José María Di Bello, secretario de la Fundación GEP, una de las organizaciones que se han opuesto a la solicitud de patente del laboratorio Gilead para el caso del Sofosbuvir. Esta situación ha generado una intensa pugna comercial y judicial.

El Medicines Patent Pool, una organización respaldada por las Naciones Unidas, que ha firmado acuerdos con titulares de patentes para 12 antirretrovirales, indica que en 2017 expirarían tres patentes en Argentina, mientras que al año siguiente serán 28. Una mirada a esta base de datos permite ver también qué tipo de patentes solicitan las farmacéuticas, un recurso que les permite establecer una estrategia para solicitar ampliaciones de sus privilegios, mediante un ligero cambio en el producto original. Por ejemplo, de las 39 solicitudes del Sofosbuvir, 12 son sobre el proceso, once sobre la familia de componentes y algunas más son de combinaciones con otros medicamentos.

El monopolio

De acuerdo con el Observatorio de la Fundación Grupo Efecto Positivo, el 52% de las compras de medicamentos antirretrovirales, en 2015 se hizo a través de licitaciones públicas, el 47% directas y 1% por otros mecanismos.
«En ese 47% de los casos se encuentra todo un grupo de medicamentos para cuya adquisición carece de sentido realizar un concurso de precios dado que existe un único proveedor, justamente porque son medicamentos bajo patente», indica el informe que analizó las compras públicas de medicamentos de VIH.

De este modo, los más beneficiados con la venta de medicamentos antirretrovirales al gobierno entre 2015 y 2016 fueron los laboratorios Global Farm (que es distribuidor de Bristol y Msd), Gador (concesionario de Gilead), el laboratorio nacional Richmond, KampelMartian y JansenCilag Farmacéutica.

Diplomacia y resistencia

El poderoso gremio farmacéutico internacional ha movido contactos para plantear su postura sobre el tema. Un cable de la filtración WikiLeaks, da cuenta de una reunión de 2008 entre el embajador de Estados Unidos en Argentina con los representantes locales de laboratorios como Pfizer; Merck, Sharp &Dohme; Bristol-Myers Squibb; Eli Lilly; Janssen-Cilag; Cardinal Health; Baxter; Abbott; Valeant y Alcon.

«Ellos citaron defectos en el sistema de protección de patentes de Argentina, incluyendo la lenta emisión de patentes, la mala vinculación entre la entidad GoA (del gobierno) que aprueba las patentes y la aprobación del Ministerio de Salud para comercializar copias genéricas y un débil proceso legal para combatir la infracción de patentes», dice uno de los cables.

En 2012, el gobierno argentino estableció las pautas para el «examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes sobre invenciones químico-farmacéuticas», que indica los criterios de inventiva, novedad y aplicación industrial. «Eso fue una bomba muy grande para las multinacionales», asegura Sonia Tarragona, directora de la Maestría de Farmacopolíticas de la Universidad Isalud. «Dicen que es inconstitucional, pero lo cierto es que esa guía ha permitido que solamente se le otorgara patentes a aquellas (solicitudes) que realmente significaban una innovación.»

Según el informe de la Campaña Acceso a Medicamentos de Médicos Sin Fronteras, desde que Argentina promulgó esta guía, el «95% de las aplicaciones de patentes de ARV han sido rechazadas, un incremento de la tasa de rechazo del 51 por ciento». Un año después, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que agrupa a farmacéuticas de Estados Unidos y Japón, entre otras, demandó al gobierno argentino por esas pautas. El caso se encuentra aún en trámite en el Juzgado Civil Comercial Federal 1. «