Hace siete años, un informe advertía que el déficit habitacional representaba la vulneración de derechos infantiles “más grave” en la Ciudad de Buenos Aires por “impedir el ejercicio de cualquier otro derecho”. Elaborado por la Asesoría General Tutelar porteña y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), relevaba que uno de cada cinco menores de 4 años vivía en condiciones sumamente precarias. Hace siete años nacía M y comenzaba su infancia en situación de calle.
Extitular de la Asesoría, Laura Musa fue una de las autoras de aquel informe, luego discontinuado. Hoy desde la Fundación Sur Argentina, dedicada a la defensa de los derechos infantiles, remarca que “vivir en la calle arrasa todos los derechos, no solo el habitacional”. Y señala la escasez de respuestas para familias con menores en situación de calle en el distrito más rico del país: “Los paradores son para hombres o mujeres, hay pocos para familias. Además de lo que implica tener que salir todos los días de esos sitios (que son solo para pasar la noche) con sus cosas”. Desde la fundación batalla contra la que muchas veces es la única respuesta del Estado ante su propio déficit con estas niñeces: la institucionalización. “Con toda la tragedia de la calle, el plus de desgracia es que el Estado se acerque a ellos violando sus derechos, separándolos de la familia para mandarlos a hogares”.
Igual que hace siete años, el déficit habitacional es especialmente cruel con las infancias, en un contexto en el que la pandemia agravó todos los cuadros. Según el último censo elaborado por organizaciones sociales, en 2019 había 871 niños, niñas y adolescentes en situación de calle en la Ciudad. La cifra –muy por encima de los números oficiales– “sin duda va a crecer este año porque el desplazamiento que fuimos observando es de población que tenía algún hogar. Hoy hay muchas más familias en situación de calle”, afirma Pablo Vitale, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Vitale aclara que el fenómeno no es solo local, pero que en la Ciudad se da un combo explosivo: “una política casi nula de regulación del mercado inmobiliario” y “una respuesta estatal compensatoria de muy baja escala y con muchos déficits”. El monto asignado a vivienda en el presupuesto porteño viene en caída constante en los últimos cuatro años: el dispuesto para 2021 disminuye un 17% en relación con el año anterior. Y el presupuesto destinado a personas en situación de calle no contempla ningún aumento para este año.
En las Consejerías de Vivienda desde el inicio de la pandemia trabajan en más de 150 casos con riesgo de desalojo, algunos en casas colectivas que reúnen a decenas de familias, con dos a tres hijes cada una en promedio. Es decir, casos que implican riesgo de quedar en la calle para más de 300 niños y niñas. “Lo que demuestra el caso de M es que no debe haber ni un pibe más en la calle por las vulnerabilidades que atraviesan”, resalta la consejera Gigi Krein. Y alerta sobre las dificultades extra que enfrentan quienes quedan sin techo junto con menores: “Todo el mundo mira para otro lado cuando no aceptan niñes en hoteles, o incluso en alquileres formales. Está aumentando este rechazo”. El vencimiento sin nueva prórroga del decreto que había congelado –aunque relativamente– los desalojos durante la pandemia desatará, advierte, una oleada de más familias en la calle a partir de abril. Desde ACIJ, también Vitale enciende esta alarma.
La olla destapada a partir del caso de M muestra, además, una postal distinta de la gente sin techo en el distrito capitalino. “La situación de calle en barrios vulnerables es totalmente diferente a una ranchada en Congreso. Pero la respuesta del Gobierno de la Ciudad –el subsidio– apunta a un sujeto como ese: el estereotipo de la persona en la calle. No contempla lo que sucede en un caso como el de M”, contrasta Viviana Reynoso, abogada de la Red Lugano. Señala, por caso, que el decreto 690 –de subsidios habitacionales– no incluye la posibilidad de buscar un alquiler dentro de la propia villa, donde esas personas pueden tener su red de contención. “Y las respuestas que suelen dar son los hoteles, pero no hay en Lugano. La invisibilidad del sujeto del sur de CABA también está en el diseño de políticas públicas para la situación de calle”, concluye. Y comenta, igual que Krein, que durante la pandemia el otorgamiento del subsidio se ajustó a quienes ya cayeron en situación de calle, cuando antes se daba también a quienes estaban en riesgo.
Reynoso advierte, además, que la vulneración del derecho a la vivienda genera una catarata de otras vulneraciones. “El tema habitacional es el que después permite acceder a los demás derechos: si no asegurás techo, no garantizás escuela, alimentos. Esto aglutina todo lo demás”. «
Un fenómeno metropolitano
En medio de un show televisivo que vulneró aun más los derechos de M, las cámaras mostraron una y otra vez la carpa que habita con su mamá en el barrio Cildáñez, de Villa Lugano. Pero el universo de la nena y su madre no se agota allí: incluye una vivienda familiar en González Catán, demasiado lejos para el cartoneo diario.
“El fenómeno de la infancia callejera en CABA es indisociable del Área Metropolitana y es una de las dificultades que suele tener para su atención”, señala Florencia Gentile, explenarista del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y parte del equipo de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación. “La familia viviendo en la calle está relacionada con el déficit habitacional de CABA, pero también con un fenómeno de circulación intrametropolitana que requiere una mesa de coordinación que no se hizo nunca. En general se pelotean los organismos”, cuestiona. Y advierte que, “si no hay una política de vivienda, de ruptura de la segregación espacial que genera el efecto de mercado, por supuesto que el tema de las familias e infancias callejeras se agudiza”.
