La eliminación por decreto presidencial del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, dependiente del Ministerio de Economía, constituye un avance más hacia el desguace de esta política de lucha que fue reconocida de manera internacional.

El Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata fue creado por Ley N° 27.508 en 2019 y garantizaba la reparación económica a las víctimas a través del decomiso de bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación sexual, y de ganancias provenientes de tales ilícitos. Es decir, se trataba de una política cuya implementación cumplía con los fines establecidos en la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

Según publicó Página 12, la normativa proponía la gestión de lo recaudado que haya sido producto de estos crímenes y su destino, reconducido a las víctimas. Para ese fin se había conformado una Unidad Ejecutiva (UE) en la órbita del Ministerio de Justicia, que velaba por la gestión de los recursos embargados.

El circuito desmantelado

De acuerdo a la Ley, el circuito que debían seguir los bienes para la reparación económica a las víctimas era:

– Una vez que la causa contaba con una sentencia firme, la Justicia ordenaba el decomiso de bienes, identificaba a las víctimas y determinaba el monto de la reparación económica.

– La UE recibía los bienes, que después serían inscriptos en el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados en el Proceso Penal e informados al Consejo Federal de Lucha contra la Trata.

– Luego, los bienes debían ser puestos a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que se realice su venta en procesos públicos y transparentes. El dinero producido será transferido al Fondo Fiduciario, administrado por BICE Fideicomisos S. A., que a su vez era el encargado de instruir las medidas necesarias para evitar su depreciación.

– La Unidad Ejecutiva ordenaba al BICE, según lo determinara el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata, a realizar los desembolsos correspondientes a las reparaciones ordenadas judicialmente, en beneficio de las víctimas individualizadas en sentencia firme.

– El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata era el encargado, asimismo, de administrar el capital remanente del Fondo así como las partidas presupuestarias asignadas.

Un ataque contra las políticas de lucha contra la trata

La medida puede interpretarse como una profundización del desguace de las políticas de lucha contra la trata que fueron reconocidas en el ámbito internacional. Ya en julio pasado, en el contexto de la desaparición del niño de 5 años Loan Peña en Corrientes –quien continúa desaparecido– un informe de la organización La Alameda había denunciado que el gobierno libertario concretó el desguace de áreas fundamentales para prevenir y combatir este tipo de casos. Cuestionaron que este delito mutó de una perspectiva de derechos humanos y género a un enfoque policial y represivo ya que el Comité y el Consejo Federal Contra la Trata dejaron de pertenecer a la Jefatura de Gabinete y pasaron a la órbita del Ministerio de Seguridad.

Ahora, la herramienta que permitía la reparación económica de las víctimas de estos delitos fue eliminada sin que exista ninguna otra que les permita recomponer sus derechos y vivir una vida digna.