La provincia de Córdoba fue la primera en cumplir con el mandato constitucional de 1853 de implementar los juicios por jurados. Eso ocurrió recién en 2005 en la ciudad de San Francisco. Con el tiempo, se sumaron nueve provincias más, pero cada jurisdicción aplica el sistema de manera diferente.
En este caso, la Cámara Primera del Crimen, cuyo tribunal llevará adelante el juicio oral y público en contra de Marcelo Macarrón, sorteó a 48 personas. Algunas de ellas desistieron de participar por diferentes razones, como problemas de salud o la pérdida económica por asistir. Es que los juicios pueden ser largos y según trascendió la jornada a cada uno se le abonará unos 1800 pesos, siendo que para alguno de los preseleccionados aceptar esas condiciones lo habría afectado. De todas maneras, es la justicia la que convalida, o no, los argumentos de los detractores.
Lo cierto es que una vez hecha esa preselección, debe pasar un filtro de diferentes entrevistas con las partes intervinientes: el abogado defensor, Marcelo Brito; el fiscal de Cámara, Julio Rivero; y los tres jueces técnicos que ordenarán el debate Natacha García, Daniel Vaudagna y Gustavo Echenique Esteve. Finalmente, deben quedar 8 titulares y 16 suplentes.
Se presume que las partes eligen el perfil de cada jurado de acuerdo a sus estrategias judiciales. Como en el resto del país, la selección debe respetar la paridad de género. Así es que fueron designados una productora de seguros, una paramédica, una empleada doméstica, un empleado rural, otro metalúrgico, dos comerciantes, una peluquera y un estudiante universitario.
En esta provincia sólo aplica el juicio por jurado cuando se juzgan delitos de corrupción o “crímenes aberrantes”. A la hora de deliberar, los 8 jurados titulares harán lo propio junto a dos de los jueces. Alcanza con mayoría simple para condenar o absolver al sospechoso y en caso de empate, el presidente del tribunal será el encargado de resolver el caso.
