Si se habla de las inundaciones del 2013 en La Plata, nadie deja de recordar que el número de víctimas fatales -89 finalmente reconocidas en la causa judicial- estuvo en el centro de la controversia. A medida que se desplegaba Gendarmería y Defensa Civil en los territorios y la prensa reunía testimonios en primera persona del horror, de la pérdida y la desesperanza, algunos denunciaban que se ocultaba o tergiversaba el número de muertos.
Una acción de hábeas data, con pedido de información urgente, fue interpuesta por un defensor oficial de Responsabilidad Juvenil. La causa cayó en manos del juzgado Contencioso Administrativo N° 2, a cargo de Luis Arias, entonces juez y ahora concejal platense. Tiempo dialogó con el exmagistrado para conocer cómo fue el trabajo judicial que llevó a cabo y qué se descubrió a partir de esa investigación.
–¿Cómo se desarrolló la investigación que arribó al número de 89 víctimas fatales de la inundación?
-Tengo que decir que no fue una sola causa lo que investigamos, fueron tres: por el número de víctimas, por la morgue policial donde descubrimos que se mantenían las mismas prácticas de la dictadura, enterraban cuerpos sin identificar aún teniendo el DNI, o con la misma identidad sabiendo que eran dos personas. También por la relocalización de personas que vivían en la zona de los arroyos y que estaban en mayor vulnerabilidad. La primera fue una causa que inició el doctor Julián Axat, en ese momento era defensor porque se decía que había niños fallecidos, él inicio un habeas data colectivo que tenía por objeto ejercer el derecho a la información pública respecto de los registros de personas fallecidas y, en su caso, corregirlos si es que se había indicado que fallecieron por causas naturales y, en realidad, era a raíz de la inundación, que se corrigiera en los Registro de las Personas, en ámbitos estatales y cementerios.
–¿Qué encontraron cuando comenzaron a investigar?
-La causa se inició el 5 de abril de 2013. A pocos días de la inundación se pidieron diligencias preliminares, medidas de prueba anticipada que fuimos realizando. El día lunes 8 de abril descubrimos la primera víctima no reconocida oficialmente. Una persona a la que la policía le habían falseado el certificado de defunción haciéndola pasar como que había fallecido con un carcinoma hepático. Era Juan Carlos García y en realidad había muerto ahogado en la vía pública. Fue encontrado por su propia hija. Después de él fueron otros pero el día jueves me plantean una inhibitoria desde el fuero penal.
-¿Cuál era el motivo de la interferencia del fuero penal y cómo se resolvió?
–La primera dificultad que tuvimos fue el propio poder judicial, porque los jueces penales, en este caso (Guillermo) Atencio, me planteó una inhibitoria, o sea sin haber tenido acceso al expediente decía que era competencia penal, un absurdo. Cuando lo plantea me obliga -porque así lo establecen las leyes procesales- automáticamente a remitir las actuaciones a la Suprema Corte y esto suspendió la causa. Fue el efecto que buscaba el poder judicial penal en un contexto de impunidad. En lo penal no se determinó ninguna responsabilidad, salvo la del director de Defensa Civil que fue el chivo expiatorio sobre el cual recayó la responsabilidad, pero no se juzgó a nadie más, con esto querían hacer lo mismo. Recién la causa volvió a los 18 días y creo que fue por la conferencia de prensa que hicimos. La presión de los medios de comunicación hizo que la Corte decidiera rápido. Pero en esos 18 días se perdieron un montón de medidas de prueba como, por ejemplo, un rastreo que había ordenado sobre la cuenca del Maldonado.
-¿Cómo se llevaron a cabo las medidas de prueba?
–La propia policía no me dejaba cumplir con las medidas de prueba, estaba tan avalada por el Poder Ejecutivo y por el fuero penal que no me dejaban entrar a la morgue, tuve que pedir requerir el auxilio de Gendarmería Nacional, con ellos allané el Ministerio de Seguridad de la Provincia para acceder a un sistema de informático de reconocimiento de huellas digitales porque pensábamos que si habían ocultado muertos le habrían hecho reconocimiento dactilar y eso estaba en ese sistema. Pero no pudimos acceder, tampoco a los registros de audio del 911, solamente las planillas que elaboraron el Ministerio. Dijeron que hubo un microcorte de luz y que se les borraron todos los archivos, tampoco pudimos acceder a las cámaras de seguridad del municipio. Se negaban a darme los libros de la morgue pero me los llevé de todas maneras, me perseguían cuando salí, con el mandamiento de secuestro (firmado por el juez) en la mano.
-¿Hubo una orden de alterar los registros o era una práctica que ya existía?
-En primer lugar creo que hubo una orden del ministro de Seguridad de entonces de cortar el cómputo de las victimas en 51. Era un contexto donde el gobierno nacional, que estaba a cargo de Cristina Kirchner y el gobierno provincial estaban tensionados. Casualmente 51 también fue la cifra de la tragedia de Once. Tal vez no querían tener más muertos (que en esa tragedia), son conjeturas pero lo cierto es que frenaron el cómputo ahí. Además, hay que decir que el fiscal estuvo ausente y fue denunciado por penalmente incluso porque no se hicieron las autopsias correspondientes, ni los procedimientos de práctica. La labor judicial del fiscal se guiaba por lo que había hecho la policía lo cual es un problema histórico. En la provincia, antes con el sistema inquisitivo los jueces penales delegaban muchísimas funciones en la Policía. Luego con el sistema acusatorio, los fiscales comenzaron a investigar e hicieron lo mismo que antes: delegan a la policía y aquí el contexto de impunidad del poder judicial penal los favoreció.
–Hasta la actualidad se dice que 89 es un número que no refleja a todas las muertes de la inundación, se llegó a hablar de 350 ¿la investigación quedó cerrada?
-Hicimos todas las medidas, secuestramos libros de cementerios, oficiamos a organismos, entrevistamos a más de 100 testigos en cada causa. Arribamos al número de 89 victimas fatales más 16 casos que no se pudieron comprobar porque no hubo prueba suficiente. Por ejemplo, en el Hospital Español dejaron de funcionar los respiradores, estaban en triage y se cortó la luz. Hay adultos mayores que fallecieron, se tomó declaraciones y nadie habló. El número no es cerrado, quedó abierta otra causa con esa por si aparecían más víctimas pero no fue así. Hay mucha desinformación, en ese momento también falleció gente por otros motivos.
–¿Cómo es la situación de La Plata en la actualidad en relación al riesgo de inundaciones?
-La Plata tiene muchas zonas inundables. Uno de los problemas que tenemos es que se siguen ocupando las cuencas de los arroyos con urbanización. El negocio inmobiliario es el primer responsable. Hemos tenido que enfrentar fundamentalmente al poder inmobiliario asociado con grandes medios de comunicación, que siguen ejerciendo una presión enorme, siguen ocupando las cuencas altas de los arroyos. Ahora están ocupando con barrios cerrados la cuenca, alta, lo cual provoca un enorme problema porque además de impermeabilizar la tierra, va a provocar mas caudal de agua que escurre a mayor velocidad e inunda la cuenca baja que es donde viven los sectores mas pobres. Eso lo permitió el intendente Garro con la rezonificación. Si tenemos una inundación van a ser graves las consecuencias al no prevenir a tiempo.
