Este jueves comenzará en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata el juicio oral y público por el segundo tramo de la causa conocida como “Monte Peloni”, por el centro clandestino de detención que la dictadura cívico militar utilizó e Olavarría para la represión ilegal en la región del centro de la provincia de Buenos Aires. La causa tiene 29 imputados y 37 víctimas de secuestros, torturas, homicidios y desapariciones cometidos en el circuito represivo ilegal que operó en la subzona militar 12 y abarcó también los distritos de Tandil, Las Flores y Azul.

En el banquillo de los acusados van a estar sentados ex oficiales de las Fuerzas Armadas, la policía provincial y el Servicio Penitenciario Bonaerense que llegan al juicio acusados por privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, homicidios y desapariciones. El debate es la continuación del juicio de 2014, poco después de que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se reuniera con su nieto Ignacio Montoya Carlotto. En aquella oportunidad fueron juzgados y condenados cinco represores por los crímenes cometidos en ese centro que funcionó en una vieja casona emplazada al pie del Cerro Largo, en las Sierras Bayas, en cercanías de la ciudad de Olavarría.

“Con este juicio se terminaría de cubrir lo que fueron los crímenes de lesa humanidad en Olavarría. Cuando termine, sólo quedaría por juzgar el caso de Loma Negra y de la fábrica de bolsas FABI, y las participaciones que tuvieron, que se trata de responsabilidades civiles”, explicó el ex detenido Carmelo Vinci, que integra la Comisión por la Memoria de Olavarría.

El juicio lo realizarán los jueces Alfredo Ruiz Paz, Víctor Bianco y Luis Imas, e intervendrán los fiscales María Ángeles Ramos -Coordinadora de la Procuraduría por Crimenes de Lesa Humanidad de la Procuración General-, Juan Manuel Portela y María Eugenia Montero. Los querellantes serán la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y la APDH de Azul.

Una de las particularidades que tiene el debate es que no se realizará en el lugar en que se cometieron los hechos, como el primer tramo de la causa que se sustanció en la sede la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, hasta donde se trasladaban los jueces. Este nuevo juicio se hará en Mar del Plata, a más de 300 kilómetros de donde las víctimas fueron arrancadas de sus vidas para ser secuestradad, torturadas, asesinadas y desaparecidas.

Vinci adelantó que reclamarán que, al menos, los alegatos y el veredicto se realicen en Olavarría. “Los juicios deberían hacerse donde ocurrieron los hechos por el efecto reparador que tienen los juicios para también para la sociedad, que en aquel momento no sabía y hoy puede hacerlo”, dijo Vinci. Y agregó que en este tramo del juicio “van a declarar civiles que son una expresión de la sociedad de Olavarría, pero no van a ser escuchados en su ciudad, por los vecinos, algo que sería muy importante”.

Es que a diferencia del juicio por Monte Pelloni 1, la defensa de los acusados llamó como testigos a reconocidas personas de la sociedad civil de Olavarría, como los abogados Carlos y Julio Alem, la directora del diario El Popular, Graciela Pagano, o la filántropo Delia Bouciguez, mentora en la Municipalidad del sargento retirado Omar “Pájaro” Ferreyra, condenado en el anterior juicio y fallecido en 2015.

Si bien en la elevación a juicio eran 31 los acusados, primero fue apartado por razones de salud uno de ellos, y días atrás otro, de acuerdo al resultado del “examen mental obligatorio” ordenado por el tribunal en el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional.

El debate será extenso y los testigos creen que no terminará este año. Para las víctimas de la dictadura de Olavarría, Tandil y Azul es un juicio importante. “Lo que estamos esperando es que la justicia determine la culpabilidad de los represores procesados, para que no terminen sus días impunes”, dijo Vinci.

Por eso marcó lo que entiente como una “falta de interés” del Estado en impulsar el debate. “Comparado con el juicio anterior, vemos al Estado con bastante desidia en su participación, sobre todo desde la querella de la Secretaría de Derechos Humanos (de la Provincia)”, dijo. “A 24 horas del juicio los testigos no saben cuando tienen que declarar”, ejemplificó.