Hace 26 años que la resolución 46.798/93 no se cumple. La norma es clara: el Ejecutivo porteño debe intimar a confiterías, bares, restaurantes o salones de té para que «liberen el uso de las instalaciones sanitarias para toda aquella persona que así lo solicite, haya o no efectuado consumición». Sin embargo, cada vez son más los negocios que restringen el uso de los baños a sus clientes bajo la permisiva mirada de las autoridades.

Para algunos comercios ya no basta la típica cartelería que explicita que «el baño es de uso exclusivo para los clientes». Sin antecedentes de sanción, las principales cadenas de comidas, supermercados y hasta estaciones de servicio ahora se animan a vetar el ingreso a los sanitarios utilizando novedosas tecnologías.

En los locales de Mostaza, Burger King o Starbucks, los Carrefour y algunas estaciones de Shell, entre otras franquicias, la puerta del baño presenta un teclado numérico en el que se debe colocar un código para ingresar. La clave está en el ticket de consumición.

Desde el año pasado, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad recibió más de un centenar de denuncias por este tema. Este medio accedió a algunos de ellos. «Hay un Mostaza, en Rivadavia al 11.500, que exige el ticket para ir al baño. Pude ver cómo les ruegan a los encargados para poder entrar, pero no dejan que nadie pase. Una vez, una señora mayor les dijo que no tenía ni para un conito de helado, y le di mi ticket», expresó una usuaria indignada. Otro ocasional cliente, en este caso del Burger King de Corrientes, entre Talcahuano y Libertad, informó que, a pesar de que puso en conocimiento a quienes estaban a cargo del local de que incumplían una ley, no pudo usar el baño.

«Nunca hubo voluntad política de hacer cumplir la norma. Los baños son de acceso libre por ley y no se puede limitar su uso. A la ciudad ingresan unos nueve millones de personas y no hay baños públicos estatales», explica a Tiempo el titular de Defensa de Usuarios y Consumidores, Pedro Busetti. La Ciudad de Buenos Aires tiene menos de cien baños públicos, 75 de ellos ubicados en las estaciones de subte, donde rara vez funcionan. En promedio, habría un sanitario cada 28.900 habitantes, sin contar los que entran cada día de Provincia, que cuadruplican esa cifra.

En los últimos meses se presentaron en la Legislatura por lo menos tres proyectos. El único aprobado fue el de María Rosa Muiños, que contempla la construcción de baños en los parques públicos que excedan las tres hectáreas, por lo que once grandes espacios verdes deberán contar en un futuro próximo con estos servicios.

Segio Abrevaya, del GEN, presentó un proyecto similar destinado a ferias y entidades financieras. «Los bancos se niegan a poner baños por cuestiones de seguridad. Allí confluyen, por ejemplo, muchos jubilados que, tras permanecer un tiempo prolongado, deben ir después a los negocios de la zona», señala Abrevaya. Busetti agrega que los bancos «han hecho un gran lobby para evitar poner baños».

La iniciativa de Abrevaya suma un punto polémico: pretende que los no clientes que usen los baños paguen una unidad fija de 10 pesos, exceptuando a jubilados, menores de 16 años y embarazadas. «Sería sólo en zonas de alta concurrencia. No podemos soslayar que el 80% de los emprendimientos gastronómicos son pymes y no pueden destinar un empleado a mantener la higiene del baño», arguye.