La defensa de las clases presenciales a toda costa por parte del Gobierno de la Ciudad, pese a la cantidad de contagios de coronavirus y al inminente colapso sanitario, tiene una contracara: el boicot de la virtualidad como alternativa pedagógica. Desde que comenzó la pandemia ya se venía denunciando la falta de conectividad y de garantías tecnológicas para que las y los estudiantes pudieran acceder a sus clases de forma igualitaria en el distrito. Ahora, en el marco de la puja entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y el de Alberto Fernández en torno al decreto que frena la presencialidad por dos semanas, ese boicot se tradujo en presiones concretas a docentes para que no ofrezcan virtualidad a las familias que decidan ajustarse al DNU y no enviar a sus niños y niñas a las aulas.
“El lunes 19, cuando empezamos con el paro, les informan al resto de mis compañeros que no adherían que no pueden enviar actividades a las familias que hubieran faltado por la razón que fuera. Solo podían, por whatsapp, a quienes estuvieran aislados por covid. Incluso les mandaron un cartelito a las familias diciendo que se tenían que ocupar ellas mismas de conseguir las tareas”, contó a Tiempo Silvina, docente de primer grado del Distrito Escolar 8. “El lunes y martes no envié actividades por el paro. El miércoles decido que no puedo perder vínculo, sobre todo porque es primer grado. Y mando mail a la escuela pidiendo autorización para subir actividades. Me responden que como estoy de paro no lo consideran día laboral. La secretaria por whatsapp me manda mensaje diciendo que baje las actividades que ya había subido. Les informo que estoy en paro a la presencialidad y que no quiero perder el vínculo: la respuesta es la misma. Igual envié las actividades, las familias ya las tienen”, remarcó.
No se trata de un caso aislado. Desde distintos distritos y diferentes niveles educativos, docentes de escuelas porteñas públicas y privadas dan cuenta de presiones para no ofrecer propuestas virtuales a las familias que explícitamente planteen su intención de respetar el decreto nacional contra la presencialidad. “Aquellos niños que dicen que no están viniendo porque tienen miedo, porque no sé qué cosa, bueno: no hay justificación para eso. Los niños tienen que estar en la escuela. Nuestra normativa es la presencialidad. Todas las escuelas de la ciudad estamos bajo las alas del Gobierno de la Ciudad, no bajo las alas del Gobierno nacional. Nuestra cabeza es el Ministerio de Educación de Caba. A ellos tenemos que hacer caso, no al DNU presidencial. Si algún caso les comenta algo de esto, los mandan para acá o me pasan su teléfono y los llamo”, dice el audio de una directora del Distrito Escolar 10, viralizado entre la comunidad educativa.
“Hay presiones. Se han filtrado audios, correos de directoras y supervisoras que dan indicaciones para no aceptar el DNU. Otros, para requerir información de cuáles son las familias que argumentan en torno al DNU para no enviar a sus hijos”, confirmó a este medio Jorge Adaro, referente de Ademys. Y resaltó que “no son acciones individuales, hay una presión muy grande por parte del gobierno, con bajadas a los distritos. Otra bajada importante es la negativa a que se pueda realizar actividad virtual porque el gobierno ha decidido mantener la presencialidad. Se da el fenómeno de muchas maestras que además de hacer el paro se comunican con sus alumnos a través de actividades virtuales. Esto el gobierno no lo quiere, lo que demuestra el nivel de capricho y el poco interés en la educación de los pibes. Porque a pesar de las medidas de fuerza se intenta mantener el vínculo pedagógico con los alumnos y esto el gobierno lo niega solo para mantener fuerte su disputa”.
Es el caso de un docente del Polo Educativo Mugica, en la Villa 31. “Nos hemos venido dando cuenta que las conducciones no están brindando la información necesaria a las familias para las que quieran adscribir al DNU y tener las clases virtuales. La directora del Polo ya salió varias veces en los medios diciendo que todo está perfecto, que no se cerraron burbujas, que no hubo maestros contagiados, cosa que no es cierta”, alertó el maestro. Y contó que “algunos docentes en el Polo armamos grupos con las familias y por cuenta nuestra enviamos actividades de carácter virtual para muchas familias que están adscribiendo al DNU. Pero de parte de la escuela la información ha sido nula. Están buscando la mayor presencialidad posible”.
Incluso, según pudo saber Tiempo, la rectora del Normal 9 fue citada este lunes al Ministerio de Educación “para que dé explicaciones sobre las decisiones tomadas en el ámbito del Consejo de Unidad Académica respecto de la organización de la cursada de los niveles inicial, primario y secundario”, según informaron desde esa comunidad educativa, que está juntando firmas para respaldar a esa directora que decidió respetar el DNU y sostener las clases virtuales.
Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) también tienen reportes en este sentido. “Muchas compañeras presentan recursos administrativos para cumplir el DNU y dar clases virtuales. Estos recursos se elevan vía jerárquica al Ministerio de Educación de CABA y suelen volver con respuestas de rechazo”, señaló Pablo Francisco, Secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de UTE. Y agregó: “En otros casos hay compañeras que hacen el paro e igual quieren dar clases virtuales y sufrieron la negativa a hacerlo. Estas negativas las dan a través de canales informales de comunicación, pero indudablemente es la línea que baja el Ministerio de Educación de CABA porque vemos que se replica en los distintos niveles y modalidades. Igualmente cada vez son más escuelas las que se organizan por su cuenta junto a la comunidad para dar clases virtuales, dado que las familias tampoco quieren mandar a sus chicos para preservar su salud”.
Lo mismo ocurre en el ámbito privado: “Permanentemente los docentes nos consultan por esta situación. Al temor de siempre a las presiones de los empleadores se suma la preocupación por el cuidado de la salud”, dijo Javier Mauad, del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), que sostiene una medida de “retención de tareas presenciales”. UTE y Ademys, por su parte, llevan adelante su sexto día de paro consecutivo para reclamar el respeto de las medidas sanitarias decretadas a nivel nacional.
En este marco, el Gobierno de la Ciudad apeló el fallo del juez Guillermo Scheibler, magistrado en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, que prohibió que se computen las faltas o se deje en condición de libres a los alumnos cuyos padres decidan no enviarlos a clases presenciales ante el temor de contagio del Covid-19, hasta tanto la Corte Suprema se expida sobre el tema, judicializado por la gestión de Larreta.
