«Del ingreso anual, el 86% lo genera la cooperadora y el 14% corresponde al aporte del Estado. Pero en 2019 no nos depositaron. Así que estamos manteniéndonos íntegramente con fondos propios», cuenta Mariana Nicolás, presidenta de la cooperadora de la Escuela N° 6 distrito 10 Manuel Dorrego. «Este año hicimos jornadas de pintura para mejorar los lugares donde nuestros hijos pasan tantas horas», agrega en diálogo con Tiempo. Su caso refleja el estado de emergencia que vive la educación pública en la Ciudad y sirve para entender por qué los paliativos que ofreció esta semana el gobierno porteño no alcanzan a maquillar una gestión que los tiene relegados.

Un paliativo irrisorio

La ministra de Educación, Soledad Acuña, informó en una reunión con cooperadoras la inyección de una partida adicional de 10 millones de pesos para las escuelas públicas porteñas. Claro que eso solo alcanzará a cien de los 840 establecimientos ubicados en la Capital y para acceder a los fondos todas deberán competir entre sí.

Esto se conoció luego de que las organizaciones conformadas por padres de alumnos denunciaran la falta de financiamiento estatal, cuyo aporte se redujo de $ 104 millones en 2017 a $ 89 millones en 2018 (nominalmente un 14% menos) y se mantuvo igual en 2019 pese a una inflación interanual que ya supera el 57 por ciento.

Jose Hiebaum, miembro de la cooperadora del Jardín de Infantes 5 DE 10, Pablo Picasso, denuncia que «hace más de tres años que la escuela no tiene gas, la cooperadora se ocupó de equipar con aire frío/calor cada sala para que no se congelen los niños y las niñas. El reclamo al Ministerio tiene hasta número de expediente pero nunca avanzó». Lo mismo ocurrió con la instalación eléctrica. La cooperadora recurrió al aporte de la comunidad en «jornadas de arreglo» porque habían equipado con aire las salas, pero no tenían tendido eléctrico. Entre las tareas de los padres también se suma la compra de sillas, equipo informático y juegos para los patios, que además mantiene.

En números concretos, la cooperadora del Picasso en 2018 tuvo gastos por 515 mil pesos. De ese monto el Estado sólo aportó un 6% a través del Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE). El resto fue aportado por los padres en concepto de cuota social, obtenido de eventos organizados por ellos y donaciones de la comunidad por fuera de la cuota, detalla.

Un fondo escaso y vaciado

El FUDE es una ley, la 3372. El pago que hace el Ministerio es diferente para cada escuela y se determina según la matrícula de alumnos; el Índice de Vulnerabilidad Educativa (IVE); la cantidad y calidad de aulas, patios y jardines; y la necesidad de materiales para actividades didácticas de docentes y alumnos/as; entre otros puntos. Lo cierto es que la población estudiantil más vulnerable es la que se ve más perjudicada.

Esto se vislumbra en comunidades educativas pequeñas que no están en condiciones de aportar el pago de la cuota. En esos casos, por tratarse de comunidades poco organizadas, incluso se sienten perseguidas por el gobierno porteño. «Los eventos que realizamos para obtener ingresos deben mantenerse en la clandestinidad, sin hacer mención a la escuela, porque el Ministerio nos prohíbe hacerlos. Así que nos ahogan económicamente por todos lados», explica uno de los miembros de las cooperadoras que pidió mantener su anonimato. «Al ser una población de estudiantes chica respecto a las demás escuelas, recibimos un FUDE anual que no llega a los 8000 pesos», señala.

El Normal 7 de Almagro tiene cuatro niveles y cuenta con 1400 alumnos, «para este año el FUDE promedia $ 100 por estudiante, lo que tomando 185 días de clases equivale a $ 0,54 centavos por alumno por día», calcula Pablo Cesaroni, integrante de la Cooperadora del Normal 7. «Durante estos últimos diez años, ante distintas movilizaciones donde la Cooperadora jugó un papel destacado, recibimos algunas presiones del Ministerio», denuncia Cesaroni.

«Para sostener la escuela, no sólo recolectamos dinero, también disponemos del tiempo y la voluntad de unas 15 personas ad honorem que diariamente están detrás de las necesidades edilicias, pedagógicas, de limpieza y administrativas», agrega Carla, la presidenta de la cooperadora de la Escuela Infantil 5 DE 16. «En nuestro caso la cuota social, que abonan padres y madres, significa más o menos un 50% de los ingresos totales. Sabemos que es un porcentaje elevado, ya que tenemos un 70% de nuestra comunidad que abona. Y a eso hay que sumarle los eventos que hacemos a lo largo del año, que aportan un 35% del total», remata Carla. El FUDE en su escuela «representa sólo el 5% de los ingresos totales y en promedio constituye $ 110 por alumno, por año», precisa. Números que no cierran para el discurso del jefe de Gobierno que sostiene que su gestión se hace cargo «del costo del mantenimiento» de las escuelas públicas de la Ciudad.  «

Aportes en baja

El Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE) es enviado por el Estado a las escuelas para que puedan garantizar su mantenimiento durante el año. Sin embargo, ante la falta de actualización, las cooperadoras deben complementar el presupuesto.

En promedio, el gobierno aporta montos que van desde el 3% hasta el 21% de los gastos de los establecimientos. Algunos ejemplos: la cooperadora de la Escuela N° 14 DE 10, de Saavedra, recibió en 2018 sólo el 12,2% de los gastos totales; la de la Escuela N° 9 DE 16 «República de Irlanda», el 21%; el jardín de la Escuela 15 DE 15 apenas el 3%, y la primaria, el 14 por ciento.