La primera medida preventiva frente a la pandemia, puesta en práctica pocos días antes de que se decretara el aislamiento social obligatorio en todo el país, fue una acción rápida y efectiva para atenuar los contagios de Covid-19: suspender las clases. Luego, cada jurisdicción tuvo que demostrar su capacidad de respuesta para respetar la cuarentena y, al mismo tiempo, dar continuidad al ciclo pedagógico. En la Ciudad de Buenos Aires, muchos sectores de la educación coinciden en que los efectos de la pandemia pusieron aun más en evidencia la ausencia del Estado porteño.
“Es clave entender que si el sistema educativo argentino tuvo capacidad para dar una rápida respuesta a este desafío inédito, es porque sus docentes aportaron un plus de compromiso y esfuerzo profesional en su trabajo”, advierte a Tiempo el investigador del Conicet Nicolás Welschinger, especializado en sociología de las tecnologías, educación y políticas de inclusión. “Todas las medidas que se toman en estas circunstancias extraordinarias tienen que partir de este reconocimiento: que son las y los docentes los ejecutores de esas políticas. Invertir recursos en su capacitación y acompañamiento será estratégico”, agrega, y destaca la importancia de la conectividad en tiempos de confinamiento: “No tener acceso a la conexión a Internet hoy significa no poder acceder a un beneficio social, no continuar la escuela, no poder acceder a información esencial, y a un largo etcétera. De esta crisis deben surgir iniciativas que logren perdurar luego de la pandemia”.
Ha habido muchas iniciativas, pero el gobierno porteño se ha ocupado de hacerlas naufragar. Desde la suspensión de las clases, el pasado 16 de marzo, con el consecuente pasaje a una modalidad virtual, la oposición presentó en la Legislatura 85 proyectos en materia educativa que el PRO congeló en el recinto. La gran mayoría de esos documentos ni siquiera se debatió en las comisiones correspondientes, ya que, explican los legisladores opositores, el oficialismo pone todas las trabas para impedirlo. Entre esos proyectos hay más de 20 declaraciones en las que se plantean diferentes situaciones y problemáticas; 29 pedidos de informes sobre diversas cuestiones pedagógicas, estructurales y de asistencia a los estudiantes; y 30 proyectos de ley con propuestas elementales que beneficiarían la dinámica educativa durante la pandemia en favor, según datos oficiales, de 463 mil alumnas y alumnos de todos los niveles, 273 mil de escuelas privadas subsidiadas y 55 mil docentes. Una población que, entre estudiantes y trabajadores de la educación, alcanza a 791 mil personas, lo que representa más del 27% de la población porteña.
“Presentamos varios proyectos, algunos vinculados a la temática de la continuidad pedagógica en relación con el acceso a materiales impresos y computadoras, tablets y acceso gratuito a wifi para todas y todos los estudiantes”, explica a Tiempo la legisladora Laura Velasco (Frente de Todos). “Planteamos también un proyecto en relación al plan FINES, porque todavía no se ha efectivizado la continuidad pedagógica de esos alumnos durante la pandemia, ni se ha garantizado la continuidad del plantel docente; además, el salario que perciben las y los profesores es inferior al de los docentes de secundaria para adultos y debería estar equiparado en horas cátedra”, sintetiza Velasco.
Pero no todo gira en torno al acceso a la conexión y la entrega de computadoras. Entre los proyectos que el oficialismo porteño no quiere debatir se encuentran: la inclusión laboral y el salario de emergencia para docentes suplentes e interinos, sin cargo durante la pandemia; una resolución sobre la divulgación de imágenes y videos de docentes sin su autorización; una ley de asistencia económica para instituciones educativas de la primera infancia; becas para estudiantes del nivel superior; y la incorporación del Covid-19 a las enfermedades profesionales del personal docente para que tengan cobertura de las ART. También se presentó un pedido de informes sobre el no pago del Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE) a las cooperadoras escolares; otro sobre la entrega irregular de la canasta alimentaria; y otro más referido a llamadas que estaría realizando el Ministerio de Educación porteño a familias, pidiéndoles datos privados y haciendo cuestionamientos sobre el trabajo de las y los docentes, este último presentado por el legislador Gabriel Solano (FIT), quien afirma en diálogo con Tiempo que “el oficialismo no discutió ningún proyecto de ley en la Legislatura ni tampoco en la Comisión de Educación, que todo este tiempo quedó limitada a una reunión a la que venía un funcionario y sólo nos informaba lo que estaban haciendo”. Solano es autor de varios proyectos, como el del pago del salario inicial de $ 32.800 para docentes sin cargo; la prohibición de despidos y rebajas salariales en escuelas privadas; y un otorgamiento de becas destinadas a estudiantes de nivel medio en cualquiera de sus modalidades de las escuelas públicas de CABA, entre otros. «
