Los más veteranos lo saben: la contaminación de las mineras no es solo ambiental, también es social e institucional: la corrupción es la manera que tienen para imponer sus intereses extractivistas. La novedad que aporta Chubut es que esos manejos fraudulentos, habituales en la trastienda, salieron a la luz, evidenciando como algunos políticos responden más a los lobbies que a la voluntad popular. Sólo en las últimas horas, trascendieron el video de un diputado provincial de Juntos por el Cambio pidiendo un mínimo de “cien lucas” (no aclaró si en moneda nacional o dólares) para garantizar el apoyo a la avanzada minera y el audio de otra legisladora donde hablaba de presuntas coimas de 10 millones de pesos a sus pares para que aprueben la ley de zonificación propuesta por el gobernador Mariano Arcioni.
El martes, el diario Perfil publicó la secuencia de una cámara oculta donde se lo veía al legislador del Pro Sebastián López pidiendo “cien lucas” para hacer lobby en favor de un emprendimiento minero. «Para pensar a futuro, y yo tener un compromiso con ustedes el día de mañana, obviamente esto es un equipo, y cuestiones que me permitan llegar… yo estoy hablando arriba de cien lucas», fue la propuesta del diputado y enseguida justificó el precio aclarando que “la rosca me gusta, la sé, la hago de manera profesional y después veremos dónde llegamos con la política”.
López es un cuadro del Pro en Puerto Madryn, donde fue delegado de ANSES durante el gobierno nacional de Mauricio Macri. Actualmente integra el Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM), el organismo “resucitado” por el gobernador Arcioni para impulsar la actividad minera en la zona de la Meseta Central y así habilitar el proyecto “Navidad” –uno de los más grandes del mundo dedicado a la extracción de plata y plomo– de la canadiense Pan American Silver, y la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la legislatura provincial, un espacio estratégico para asegurarse el avance de la propuesta oficial.
Desde el entorno del diputado expresaron que el video es parte de una “opereta” y destacaron que fue filmado antes de asumir su banca. Pero las explicaciones no alcanzaron. Diputados de la UCR Chubut “rompieron” con sus pares del Pro y formaron un interbloque con el único fin de “despegarse” de López. En tanto, el presidente del Pro de la provincia, Ignacio Torres, prometió que “no vamos a dudar en avanzar en algo que tenga que ver presuntamente con un integrante de nuestro partido u otro».
Antes de estallar el escándalo, López se había reunido con Macri y la ex ministra de Seguridad y actual titular del Pro, Patricia Bullrich, para “comentar la realidad que vivimos a diario los chubutenses”.
“Comprar voluntades”
La permanente movilización de las asambleas para repudiar el avance minero fue sistemáticamente ignorada por los grandes medios nacionales que recién con la filtración del video posaron su atención en Chubut. Así pudieron enterarse también de la circulación de un audio, presumiblemente de la legisladora Leila Lloyd Jones, quien acusó a sus pares de «recibir 10 millones de pesos» para aprobar un proyecto minero sin licencia social.
Los dichos de Jones no deberían sorprender a nadie o, mejor dicho, solo a aquellos que nunca se ocuparon del tema.
El sitio Mining Watch de Canadá destacó a principios de diciembre que, pese a que al proyecto “Navidad” está frenado desde 2012, la minera gastó entre 2013 y 2019 unos 30 millones de dólares, de los cuales seis se gastaron solo el año pasado en “actividades comunitarias” que la empresa no pudo justificar.
En octubre, durante una entrevista con la radio comunitaria La Namunkurá, la diputada de Chubut Zulema Andén adelantó lo que hoy goza de cobertura nacional: “El pueblo está de pie, pero hay plata para comprar voluntades”.
