El 4 de octubre, después de reunirse con Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, Patricia Bullrich anunció el «desembarco» de 6300 efectivos de las diferentes fuerzas represivas federales en el territorio bonaerense, bajo el lema «Argentina sin Narcotráfico». Es claro que meter más uniformados no sólo no resuelve sino que incrementa el problema del crimen organizado, que ellos gerencian, y fueron las palabras de la propia ministra de Seguridad de la Nación las que mostraron el objetivo del plan. «Pondremos especial énfasis en Mar del Plata y el Conurbano», dijo Bullrich.

El Conurbano y Mar del Plata reúnen a los distritos de la provincia de Buenos Aires con mayor índice de desocupación, comparable a nivel nacional con el Gran Rosario, no casualmente ocupada también hoy por la Gendarmería, que recibe entrenamiento y asistencia técnica, junto a la policía santafesina, de los Carabineros chilenos.

A la pobreza e indigencia, que crecen en los barrios de la mano de los despidos, la inflación y los tarifazos, hay que sumar, en el caso de Mar del Plata, la profunda crisis que ha paralizado las únicas dos industrias que dan trabajo fuera de la temporada estival, la pesquera y la textil.

Han salido a militarizar los distritos que tienen mayor potencialidad de que estalle el conflicto social, que siempre se potencia en vísperas de las fiestas de fin de año. Aunque Bullrich haya dicho que no le «preocupa diciembre», no es nada inocente la elección de esos destinos para sus gendarmes, prefectos y policías federales.

Lo mismo vemos en los números del presupuesto. Si entre 2003 y 2013 el presupuesto nacional de seguridad se incrementó un 1096%, para 2017 hay un aumento del 29,9% en el área de Defensa, y del 14,9% en Seguridad Interior. En la provincia de Buenos Aires, en 2017 habrá un 74% más de recursos para Seguridad que en 2015.

Se impone concluir que, aunque ni Bullrich ni Macri inventaron la pólvora, se proponen usarla más que ninguno, para construir un cepo que contenga el conflicto social. «

*Abogada, integrante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional.