El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) responsabilizó por las muertes al Estado provincial. «Lo que ocurrió no es una casualidad, es la consecuencia directa y totalmente previsible de una política criminal y de seguridad centrada en el encarcelamiento que presiona sobre un sistema penitenciario en crisis crónica por el hacinamiento y la violencia», señaló la entidad en un comunicado, que además recordó que «el alojamiento de detenidos en comisarías está prohibido desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso ‘Verbitsky’ en 2005 que declaró que el encierro en estas dependencias es inconstitucional».
El organismo señaló que la provincia de Buenos Aires debe discutir «una ley de control de sobrepoblación que permita revertir esta crisis humanitaria en las cárceles y comisarías bonaerenses». «Las muertes ocurridas son el resultado de este cuadro de situación, responsabilidad de los tres poderes del Estado de la provincia que endurecen el sistema penal, no controlan adecuadamente lo que ocurre en el sistema penitenciario y las comisarías y no protegen los derechos más básicos de las personas bajo su cuidado», concluye el informe.
