El martes un grupo de profesionales catamarqueños, que integran el equipo de riesgos y daños de la Maternidad provincial de Catamarca, presentaron un trabajo que vienen realizando desde 2014. La información sobre el proceso y las estadísticas fueron apoyadas por el director del hospital, Daniel Ovejero.

La profesionales Marina Villagra y Alejandra Rossaroli, acompañadas por Vilma Vergara, Yanina Ávila y Roxana Macedo (las miembros del equipo), señalaron que; el Protocolo Nacional de ILE (Interrupción Legal del Embarazo) se lleva a cabo desde 2014 en el nosocomio, en su inicio con un protocolo propio y luego en adhesión al protocolo del Ministerio de Salud de la Nación.

“Como respuesta a la problemática del aborto inseguro, desarrollamos un programa de reducción de riesgo y daño (Atención de mujeres en situación de embarazo no deseado) cuyo objetivo es dar principalmente una respuesta solidaria y oportuna ante esta situación”, explicaron las profesionales. 

Según enunciaron, los objetivos de este modelo son disminuir la morbimortalidad materna de la mujer gestante por los abortos provocados; disminuir los abortos provocados en condiciones de riesgo; y disminuir la posibilidad de que las mujeres tengan que recurrir a abortos provocados, posicionando el aborto provocado como un problema sanitario y social complejo que requiere un abordaje integral e integrado por parte de la sociedad.

“El modelo de Reducción de riesgos y Daños se inició en 2001 en Uruguay, y actúa desde el deber médico y la responsabilidad profesional de velar por la salud de las mujeres asegurando el acceso a la información, salud sexual y salud reproductiva otorgando información válida científicamente que evite procedimientos que pongan en riesgo la vida y la salud de la persona”, especificiaron y agregaron, “el abordaje del aborto inseguro resulta ineludible e impostergable en la prevención de la morbimortalidad materna”.

En Catamarca, el protocolo de ILE se creó en 2010 desde el Ministerio de Salud de la Nación, con una nueva edición en 2015, pero cobra importancia o visibilidad a partir del fallo de la Corte suprema de Justicia (Fallo F.A.L).

Estadísticas

Entre el año 2015 y lo que de 2018 se realizaron 23 abortos en el marco del protocolo ILE en la provincia. De estos, sólo 4 correspondieron a casos de violaciones, y el resto a problemas de salud de la madre (como insuficiencia renal) o algún tipo de malformación. La mayoría de estas mujeres tenían entre 17 y 28 años y correspondían a embarazos de 10 semanas.

A su egreso, todas estas mujeres decidieron, tras tareas de consejería, adoptar el método anticonceptivo más acorde a su situación (la mayoría optaron por DIU y muchas por ligadura de trompas).

El trabajo de prevención de riesgos y daños se inició en el año 2016. Durante ese año se atendieron 27 mujeres a las que se les realizó consejería, luego en 2017 fueron 49 pacientes y hasta mayo de 2018, suman 65. La edad gestacional al momento de realizar la medicación es en su mayoría menos de 10 semanas, lo que permite encontrar mayores tasas de tratamiento completo. De estas 65, sólo 24 no habían sido madres con anterioridad, y las demás tenían 1 hijo, 2 o más de 3.

En la Maternidad Provincial ingresan anualmente alrededor de 500 a 600 mujeres en situación de aborto, de ellas un 5% son ingresadas a terapia intensiva por presentar signos de infección, lo cual se puede interpretar como aquellas mujeres q presentan complicaciones por abortos provocados.

Desde enero a junio de este año, ingresaron 8 mujeres a terapia intensiva por casos de aborto séptico. Las profesionales, explicaron que entre los métodos utilizados estaban las agujas de tejer, sondas y hasta casos donde las mujeres se insertaron una pluma. También afirmaron que en estos casos: “Entre 2 y 5 pacientes por año decidieron continuar con el embarazo”, y que al ingresar al sistema  se continúa con el acompañamiento y asesoramiento para realizar los controles.

 “Asistir y contener a este tipo de problemática nos permite poder darles acceso también a la realización de controles ginecológicos, análisis de laboratorio, serología y sobre todo definir el método anticonceptivo que adoptará la paciente y su seguimiento, mejorando notablemente los registros de casos”, aseguraron.

La tarea del equipo

Por último, las profesionales resaltaron: “somos un equipo de profesionales que se formó ante la demanda de mujeres con la problemática de un embarazo no planificado, a las cuales buscamos dar contención y apoyo desde la institución bajo un protocolo multidisciplinario, que a su vez permite el control y seguimiento de las mismas”.

“No estamos influenciadas por aspectos morales, religiosos, ni por creencias personales, si no que está basado en la realidad concreta de que existe una demanda que vemos a diario de un grupo de mujeres a las cuales el Estado no debe seguir dejando abandonadas y en la clandestinidad de un mercado que gira alrededor. Mantener la ilegalidad del aborto, perpetua la criminalización, la diferencia de clases y el riesgo de morbimortalidad, muchas veces en condiciones deplorables. Basados en los resultados expuestos es que solicitamos y esperamos que ejercer estos protocolos sean en un futuro reglamentados bajo el marco legal que corresponde para garantizar salud sexual a las mujeres, como así también un marco de tranquilidad para el equipo profesional que debe trabajar bajo la mejor evidencia científica y protocolos definidos”, concluyeron. 

Informe: Las Eulalias