Un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal planteó la necesidad de «despoblar la cárcel, liberando a la mayor cantidad de privados de la libertad antes de que «el Covid-19 cause una masacre», al dictaminar en favor de la detención domiciliaria de una mujer trans.

«Hay que despoblar la cárcel, liberando a la mayor cantidad de privados de la libertad empezando por los inocentes, las madres al cuidado de hijos, los que purgan penas leves y los más vulnerables físicamente» según el fallo de la Cámara integrada por los camaristas Guillermo Jorge Yacobucci, Alejandro W. Slokar y Carlos A. Mahiques.

Esto es «antes de que el Covid-19 desate una masacre en la infraestructura precaria de los establecimientos y haya que lamentarse el costo de innumerables vidas».

La sala II expresó este argumento al revocar un fallo de primera instancia en el que una mujer trans de 40 años, portadora de HIV , de nacionalidad peruana y presa en la cárcel de Ezeiza pidiera la detención domiciliaria por su situación de «extrema vulnerabilidad» por pertenecer a ese colectivo y las condiciones de hacinamiento en la que estaba.

Los camaristas ordenaron que la detención domiciliaria sea «hasta que finalice la pandemia» al tiempo que al ser portadora de HIV, dispusieron que «deberá facilitársele la provisión de medicamentos para la continuidad de su tratamiento, y su inclusión en los programas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad».

El camarista Alejandro Slokar argumentó que «hay que detener el «encruelecimiento” del encierro en respuesta al llamamiento formulado por múltiples organizaciones internacionales, que advirtieron que las personas privadas de la libertad están expuestas a una mayor vulnerabilidad al Covid-19 con relación a la población en general».

En el fallo, Slokar dictaminó que «las personas en prisión tienen mayores índices de morbilidad que la población general y están más expuestas a factores de riesgo debido a las condiciones deficitarias de higiene, la mala nutrición y la prevalencia de patologías de base sin el adecuado tratamiento médico».

En relación a la mujer trans, Slokar planteó que las condiciones de hacinamiento en el marco de la pandemia hay que sumar «la extrema vulnerabilidad por la especial condición de mujer trans en encierro carcelario».

En este sentido argumentó que este colectivo “no sólo sufren discriminación social sino que también han sido victimizadas de modo gravísimo, a través de malos tratos, apremios, violaciones y agresiones, e inclusive con homicidios».

Y aseguró que estas personas «se encuentran prácticamente condenadas a condiciones de marginación, que se agravan en los numerosos casos de pertenencia a los sectores más desfavorecidos de la población»

Slokar afirmó que ello se inscribe en un esquema carcelario superpoblado como consecuencia de la persecución penal al siempre mentado “narcotráfico”, que implica la criminalización de las comunidades de mujeres trans y travestis migrantes que habitan las periferias de los centros urbanos.

Citó una encuesta del Indec del 2012 que indica que el 83 por ciento de las mujeres trans fueron víctimas de graves actos de violencia y discriminación policial. y que sólo en el año 2017 fallecieron 3 mujeres trans privadas de libertad por complicaciones derivadas de su estado de salud y, las pésimas condiciones de detención.

Slokar aseguró que pertenecer a un colectivo LGBTI debe ser «especialmente atendido en el contexto sanitario presente, tanto más frente a la crisis carcelaria que se atraviesa» por lo que se ven afectadas «en forma desproporcionada porque se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, en el contexto actual de la pandemia».

Nicole, de 40 años cumple, una pena de 4 años de prisión a raíz de la tenencia de estupefacientes a los fines de comercialización y ya cumplió más de la mitad de la pena, detallaron las fuentes.