Tras la «emergencia en materia penitenciaria» por tres años que declaró esta semana el gobierno nacional, al reconocer que la sobrepoblación de presos superó en un 12% la capacidad en las cárceles federales, todos los ojos volvieron a mirar a la provincia de Buenos Aires, que registra un hacinamiento de internos muchísimo más grave: de casi el doble de la capacidad en cárceles y el triple en comisarías. En ese distrito la emergencia se decretó apenas asumió María Eugenia Vidal, pero la situación empeoró dramáticamente. ¿Nación seguirá esos pasos?

En el marco de la emergencia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conformó una «comisión especial” que estará integrada por un miembro de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, uno por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y tres de los ministerios del Interior, Hacienda y Seguridad, con la misión de elaborar políticas para paliar este «déficit habitacional» en las prisiones federales, «mejorar las condiciones de privación de la libertad» e implementar «medidas alternativas» al encarcelamiento.

Los datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena arrojan que la población detenida en cárceles federales al 31 de diciembre de 2015 era de 10.274 internos, mientras que el SPF informó que al 13 de marzo de 2019 los alojados son 13.773. Según la resolución, el cupo «ideal» es de 12.235 plazas. En el documento, el gobierno aduce que el incremento del hacinamiento carcelario se debe a «las políticas exitosas de seguridad pública y, consecuentemente, de persecución del delito para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional (…) dicho porcentaje seguirá incrementándose sustancialmente durante el año en curso». Por esto, desde Justicia impulsan la construcción de nuevas cárceles: una en Mercedes para 1152 presos y otra en Coronda, Santa Fe, para 462.

«La medida busca generar efecto ante esta grave crisis, pero no va a revertir nada de lo que lamentablemente pasa», explica a Tiempo Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que inspecciona a diario los lugares de encierro del mayor distrito del país y sostiene que si bien las falencias en ambos sistemas –federal y bonaerense–persisten hace décadas, se han visto agravadas por la política punitivista del macrismo.

La resolución del gobierno reparte culpas a otros poderes del Estado, y señala que las órdenes judiciales «impiden el traslado de detenidos hacia unidades ubicadas en el interior del país», por lo que se generan situaciones de hacinamiento en la región metropolitana, donde se concentra el 63% de los alojamientos penitenciarios. «Este anuncio –continúa el secretario– pretende demostrar que se está haciendo algo, como respuesta al escrito de unos 50 jueces que expusieron la incapacidad del SPF y la escasez de recursos que, por ejemplo, retrasa los traslados, con los problemas procesales que eso acarrea.»

«Desde que Vidal declaró la emergencia penitenciaria y en seguridad, se sumaron 9000 detenidos –concluye Cipriano–. Hoy hay 49 mil personas presas, 3100 en comisarías, cuando el Servicio Penitenciario Bonaerense tiene 21 mil plazas. La situación es crítica, y genera condiciones inhumanas de detención. ¿Por qué en Nación va a ser diferente?” «