“Aquellos/as docentes que pertenezcan a grupos de riesgo quedan exceptuados de la vuelta a la presencialidad. También, estarán exceptuados/as de asistir a la escuela aquellos chicos y chicas que sean de riesgo o convivan con personas de riesgo.”, fue la decisión que tomó el gobierno porteño ante el reclamo de la comunidad educativa, pero siempre se negó a dispensar a los docentes que viven con personas en riesgo.
Este es el caso de Valeria Cherner, que tenía 37 años y era profesora de la Escuela Normal Superior N° 10 de Belgrano, que estuvo dispensada desde un principio por embarazo pero su marido, también docente, no tuvo ese “beneficio” más allá del reclamo de la pareja al ministerio de Educación porteño. A los 7 meses de gestación, Valeria contrajo la enfermedad y los médicos rápidamente pusieron en agenda un parto inducido debido al covid. Como consecuencia de este proceso, el bebé falleció y luego de estar internada dos meses en coma inducido, en el día de ayer, murió ella.
Desde un primer momento los gremios docentes junto a la comunidad educativa, reclamaron a la ministra de Educación, Soledad Acuña, tres dispensas básicas y urgentes: Docentes con enfermedades existentes; niños, niñas y adolescentes exceptuados por estar en riesgo o convivir con alguien en esa situación; y la dispensa a docentes que conviven con personas mayores y/o con patologías crónicas y preexistentes; con el objetivo de evitar los contagios en el ámbito intrafamiliar. Éste último reclamo no fue habilitado por el ejecutivo porteño.
La negativa del ministerio porteño a otorgar dispensaciones
En abril de este año, una docente que convive con su marido, que es una persona en riesgo que padece esclerosis múltiple, apeló a la justicia porteña para obtener su dispensa y evitar presentarse a dar clases presenciales por que podría afectar gravemente a su pareja. La fiscalía se pronunció a favor de rechazar el caso pero la jueza a cargo ordenó la continuidad del amparo. La magistrada del Juzgado N° 6 del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, Patricia López Vergara, ordenó continuar con la tramitación del amparo de la docente contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En esa presentación judicial, apuntó a Soledad Acuña y calificó de “arbitraria, irrazonable e ilegal la decisión del Ministerio de Educación de la CABA, de no otorgar dispensa a docentes que conviven con una o más personas de alto riesgo ante contagios y aduce que ello conculca su derecho a la igualdad pues a estudiantes sí se les reconoce dicho permiso”.
La docente, que lleva adelante su labor en la Escuela Ricardo Rojas D.E. 16 y en la Escuela Congreso de Tucumán Intensivo en Nuevas Tecnologías D.E. 16, había manifestado en aquella oportunidad, que la Ciudad “no respetó el orden de vacunación de la población prioritaria conforme el “Plan estratégico para la vacunación” por lo que incurrió en una omisión a su obligación de garante de su derecho a la salud y de su familia, en su doble calidad de Estado y empleador”.
La jueza López Vergara corrió traslado de la demanda al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se exprese. «Se pretende resguardar los derechos a la salud y a la vida de la actora y su cónyuge quien se halla en una posición desventajosa a raíz de su enfermedad de base», sostuvo la magistrada. Semanas más tarde, por diferentes presiones del ejecutivo porteño, el reclamo judicial quedó en una nebulosa y no avanzó. Este caso podría haber evitado la muerte de Valeria y su bebé, si su marido era dispensado como lo exigieron desde un primer momento los sindicatos que, frente a la escalada de contagios en toda la Ciudad, en la actualidad es prácticamente imposible determinar por dónde entró el virus a la casa de Patricia, teniendo en cuenta un posible cuadro asintomático de su compañero de vida.
Desde el gremio Ademys denunciaron el hecho y manifestaron: “Esta terrible situación nos atraviesa de bronca y dolor. Cada muerte cotidiana, cada vida que se pierde, es una madre, un padre, una amiga, una hija, un abuelo, un compañero. Todas muertes evitables, resultado de una política aperturista generalizada que no atiende a priorizar el cuidado de la salud y la vida, aún en momentos de picos de contagios, que pretende naturalizar cientos de muertes diarias como algo inevitable”, señalaron desde el gremio docente Ademys. Por su parte, desde el gremio UTE señalaron: «El dolor invadió a toda la comunidad educativa de la escuela desde el conocimiento de la noticia, y a ese dolor se le suma la indignación sobre la resolución de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de sólo suspender el dictado de clases en el nivel secundario de la institución».
Todos los dispensados volvieron a las aulas
Desde hace varias semanas, cientos de maestras y maestros que estaban dispensados por problemas de salud, volvieron a las aulas. La orden la dio la ministra Soledad Acuña, e incluye a los trabajadores y trabajadoras de la educación de la Ciudad que recibieron la primera dosis de la vacuna, incluso a personas que llevan adelante un embarazo.
Esto provoca al menos tres complicaciones. Las dos más graves: que las y los docentes que tienen una sola dosis aplicada no están inmunizados como para enfrentar las consecuencias de la pandemia; y que, al mismo tiempo, la masa de 110 mil trabajadores de la educación que se movilizan hacia las aulas pueden seguir esparciendo el virus en los medios de transporte público, donde no se respetan los protocolos de distanciamiento y mucho menos la ventilación cruzada en pleno invierno, y aun contagiar a los estudiantes. Pero otra consecuencia menos atendida es que, los alumnos exceptuados por problemas de salud, que siguen en la virtualidad, ya no tendrán maestras asignadas para continuar con el vínculo pedagógico a distancia, dado que esas docentes que volvieron a las aulas no tienen designado sus reemplazos para la virtualidad.
