“¿Qué es el IVC?”, preguntan en la página web del gobierno porteño a modo de introducción. “Es el organismo responsable de llevar adelante la política habitacional en la Ciudad de Buenos Aires”, agrega. Pero ¿qué funciones llevó adelante el Instituto de la Vivienda durante los cuatro gobiernos del macrismo en la Ciudad? ¿Logró mejorar la calidad de vida de las y los vecinos? ¿Pudo solucionar la situación habitacional a miles de personas que esperan poder acceder a su primera vivienda?
Desde el oficialismo aseguran que el IVC llevó adelante varias políticas habitacionales, pero desde diferentes sectores advierten que el organismo no cumple con sus objetivos y que, prácticamente es un ente fantasma. El IVC viene postergando varias de sus funciones que debería haber realizado hace años, incluso durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno. Uno de los ejemplos más concretos es el incumplimiento del convenio en la liberación del Camino de Sirga a la altura de las villas 21-24 y 26: de un total de 2.527 familias que viven en la zona más contaminada de la Ciudad de buenos Aires, hay 1029 que aún no fueron relocalizadas. Incluso cientos de personas que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) trasladó desde el asentamiento Luján, cercano al Puente Bosch, hacia un edificio ubicado en Villa Soldati hace 10 años, aún carecen de las condiciones mínimas de seguridad y acceso a servicios elementales. Son en total 29 familias que una década después no tienen acceso al gas natural.
Por este tema, la Asesoría Tutelar realizó un informe, donde subraya que dos años después de la relocalización se llamó a licitación para la construcción de la obra para la conexión de gas. La misma fue adjudicada a la empresa Kopar S.A., firma que durante la gestión de Macri como jefe de gobierno, recibió de manos del IVC decenas de licitaciones de obras que nunca concluyeron y en algunos casos ni siquiera comenzaron.
Los ejemplos del mal funcionamiento del IVC son cuantiosos, y van de la mano con la política de falta de obra pública para los sectores más postergados que lleva adelante el oficialismo en la Ciudad. En 2019, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, convocó a una Mesa de Trabajo por el riesgo eléctrico en la Villa 21-24, en el marco de la resolución judicial que obligó a Larreta a brindar un servicio eléctrico adecuado para las y los vecinos de la villa. En esa audiencia participaron el Defensor de Cámara, Fernando Lodeiro; el letrado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); la Comisión Directiva de la Junta Vecinal del barrio; el Asesor Tutelar, Gustavo Moreno; el Fiscal, Juan Octavio Gauna; y representantes de la Procuración General de la Ciudad, el Instituto de la Vivienda (IVC), la Unidad de Gestión e Intervención Social del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano (UGIS) y la empresa EDESUR. El IVC se comprometió a gestionar esas obras junto a las empresas privadas. Obras que todavía están inconclusas.
“El Instituto de la Vivienda hoy por hoy es un organismo ficticio que tiene mucho poder político pero que no cumple ninguna función social”, señala a Tiempo el coordinador de Proyecto 7 de gente en situación de calle, Horacio Ávila. “El IVC fue creado para que las personas o familias de las clases bajas pudieran acceder a la vivienda, pero jamás cumplió con su función. Incluso si vos recorres las pocas viviendas que llevó adelante la gran mayoría están sin terminar o en situaciones deplorables. Es un organismo que no cuenta prácticamente con presupuesto asignado”, agrega Ávila.
Pese a toda la evidencia de inactividad del IVC, en las últimas horas el gobierno porteño abrió la Licitación Pública BAC N° 7323-0756-LPU21, para la relocalización de este organismo por un total de 10.526.110 de pesos. Lo curioso es que esa suma millonaria no se gastará para levantar un edificio nuevo, sino para trasladar al IVC a la sede del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, ubicada en Piedra Buena 3280. Según lo consignado, el servicio incluye mano de obra e insumos para desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc. “Esta fusión del IVC con el Ministerio de Desarrollo Humano, es una decisión de Larreta que básicamente representa un ajuste encubierto sobre el Instituto de la Vivienda, porque no es lo mismo que el IVC tenga presupuesto propio, por mínimo que sea, a que ahora lo comparta con Desarrollo humano”, termina el coordinar de Proyecto 7.
Viviendas vacías sin acceso al alquiler
Antes de la pandemia se instaló el tema de discusión que planteaba la necesidad de trabajar sobre las viviendas ociosas de la Ciudad de Buenos Aires. Planteo que surgió como resultado de diversas recomendaciones realizadas por la Mesa de Alquileres conformada por organizaciones sociales, organismos públicos de defensa, organizaciones de inquilinos, legisladores porteños y sectores del mercado inmobiliario.
Según datos oficiales recopilados por el Instituto de Vivienda, en todo el distrito porteño existen 138.328 viviendas ociosas. Pese a este trabajo, el IVC no llevó adelante ninguna política para que merme la falta de acceso a la vivienda de las y los inquilinos. El comunicado realizado en aquel entonces por varias organizaciones, señala: “Esta dinámica de la construcción no mantiene relación con el problema habitacional porteño donde más de 300.000 personas viven en villas y asentamientos y más de 7.500 se encuentran en situación de calle. Además”.