A pesar de las casi cuatro décadas de democracia y 28 años desde el fin del servicio militar obligatorio, hay prácticas autoritarias que parecen permanecer en las fuerzas de seguridad. Corrientes y el Ejército son la muestra más cruda por estos días. A la muerte del subteniente Matías Chirino luego de un «bautismo de iniciación» en un regimiento de Paso de Los Libres, se suma un segundo caso poco difundido: otro joven del Batallón de Comunicaciones en Mercedes que debió ser internado en terapia intensiva en el Hospital Militar «Curuzú Cuatiá».
Las circunstancias son poco claras. La causa de Chirino (cordobés, de 22 años), fallecido por un cuadro de broncoaspiración, fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”. Su familia apunta al abuso de autoridad. “Matías era un chico que apoyaba totalmente al Ejército y eso es lo que da más bronca, que haya fallecido en un entorno así. Nosotros queremos saber la verdad sobre sus últimas horas para que estas prácticas se dejen de hacer”, asegura a Tiempo su novia, Valentina Palma.
A Chirino lo encontraron ahogado en su propio vómito. Su familia alega que fue obligado a consumir alcohol en exceso y tirado a una pileta con agua helada, lo que derivó en la broncoaspiración. “Por privado un superior le dijo que lo iban a agregar a un grupo de WhatsApp, que por tradición tenía que invitar a todos a una cena para que los conozcan a él y a sus compañeros. Le pidieron las bebidas, los cigarrillos. No fue un trato con respeto”, detalla Valentina. Agrega que el joven le temía a ese agasajo: “Él me dijo que estaba nervioso, fue una reunión donde el peso de la autoridad era muy fuerte”.
Esta semana seguirán las declaraciones. Mientras, once oficiales fueron suspendidos por «presunta falta gravísima». El padre, Ezequiel Chirino, denunció: «A mi hijo lo mataron, no fue un accidente, fue un abuso de autoridad».
No fue el único episodio. En la ciudad correntina de Mercedes, el postulante al Ejército Marcelo de la Sota debió ser trasladado al Hospital Militar por un cuadro de insuficiencia renal tras realizar tareas en el Núcleo de Instrucción Básica del Batallón de Comunicaciones 121. Fue derivado a terapia intensiva y sus subinstructores terminaron apartados mientras se investigan supuestos tratos abusivos que habrían ejercido contra el muchacho.
“La cuestión central está en la formación de las fuerzas –remarca Hermindo González, ex juez federal subrogante, abogado querellante en delitos de lesa humanidad–. En Corrientes se producen hechos de esta naturaleza. Todos sabemos que ocurren violaciones, vejámenes, torturas, ya sea en las prácticas diarias o bien como rito de iniciación. Lo que ocurre es que, recién cuando provocan consecuencias extremadamente graves, llegan a la Justicia. De igual manera ocurre en la policía provincial. Nadie puede tolerar torturas, apremios, vejaciones, como parte de formación alguna, eso es delito lisa y llanamente y se deben aplicar políticas de Estado para erradicarlo de las fuerzas de seguridad”.
Para el abogado especialista en Derecho Penal y referente de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, «es obvio que estos ‘rituales’ o ‘bautismos’ no pueden ser parte de ninguna ‘actividad formativa’. Podríamos hablar de abandono de persona si se acredita que pudieron asistirlo y no lo hicieron, pero además habrá que determinar si la ingesta excesiva fue provocada para generar un daño; entonces, podríamos estar hablando de homicidio”.
Sostiene que los hechos llegan a la Justicia cuando son muy graves y el Estado como institución no se hace responsable: «Solo responden los que actuaron para imponer dichos tratos crueles e inhumanos, como si fuera una decisión personal y no prácticas institucionales consentidas; de ahí que nunca se va al origen para prevenir, y continúan ocurriendo. El poder no se deja investigar». «
La formación de las fuerzas y la violencia naturalizada
Corrientes tiene un grave antecedente de violencia institucional. Durante la madrugada del 8 de noviembre de 2021, Lautaro Rosé (18) y sus amigos estaban en la costanera cuando la policía provincial, a partir de denuncias no acreditadas, inició una persecución. Los jóvenes intentaron escapar por el río. Lautaro no logró salir. De once agentes vinculados, cinco fueron detenidos. “Las violaciones a los Derechos Humanos superan el ámbito de las fuerzas, lo que ocurre es que las cometidas dentro de esas instituciones son invisibilizadas –apunta el abogado en Derechos Humanos, Hermindo González–. La sociedad civil es quien más los padece y son los miembros de las fuerzas quienes los provocan. Estos casos (Chirino y De la Sota) demuestran que reciben ‘formación’ en este sentido debido a que hechos así son tolerados por los superiores”.
