Con 49 años y 31 de servicio (a los 12 ya era cadete en el Liceo Policial), Pablo Bressi quedó al frente de la Policía Bonaerense, una fuerza que cuenta con 90 mil efectivos. Antes de asumir (alguna versión señala que lo habría recomendado Alejandro Granados, exministro de Seguridad de Daniel Scioli), fue jefe de tres comisarías en el Conurbano Ramos Mejía, La Matanza y Morón y durante varios años integró la división antisecuestro y el Grupo Halcón. Precisamente, su salto a la fama ocurrió a fines de 1999, como el «negociador» de la denominada «Masacre de Ramallo», cuando un grupo de delincuentes asaltó el Banco Nación de esa ciudad e intentó escapar en un auto con tres rehenes como escudos humanos. Dos de ellos murieron bajo un vendaval de balas policiales.
Bressi también fue reconocido se lo condecoró por su rol en la liberación de Patricia Nine, la hija del dueño de un shopping de Moreno que en 2004 permaneció 25 días secuestrada.
Pero el jefe de los policías bonaerenses también acumula denuncias. Una de las últimas apunta a su gestión administrativa. Concretamente, Nicolás Masi y Luis Tonil, dirigentes del Sindicato Policial de la Provincia de Buenos Aires (Sipoba), presentaron una demanda en la Unidad Fiscal (UFI) Nº 5 de La Plata para que se investigue a Bressi por la presunta comisión de los delitos de usurpación de autoridad, títulos y honores, violación de los deberes de funcionario público, falsificación de documento público y asociación ilícita. Para la conducción del Sipoba, Bressi cometió una serie de ilícitos cuando decidió finalizar, de manera abrupta, con 2500 licencias médicas, alegando que en todos los casos se cometían supuestos abusos de parte de los efectivos que estaban «con carpeta».
El mandamás de la Bonaerense también recibió acusaciones de recaudación ilegal que lo involucran y de haber ejercido violencia de género.
