“Nos pueden matar a todos”. Fue lo que pensó Gabriela Sánchez cuando llegó a trabajar al Borda la ominosa mañana del viernes 26 de abril de 2013. No exageraba: el predio del hospital había sido ocupado por 400 efectivos de la Policía Metropolitana. Iban armados como para una guerra.
Sin el visto bueno de la Justicia, amparados por la lóbrega madrugada, la policía de Macri volteó el paredón y un portón de la calle Perdriel. Por ese buraco entraron los uniformados junto a cuadrillas de operarios y unas cuantas topadoras. La orden era demoler el Taller 19, un espacio terapéutico dedicado a la carpintería y la pintura, donde los pacientes del hospital neuropsiquiátrico aprendían a trabajar la madera y los colores para ganarse el pan en su futura reinserción social. El objetivo era construir en ese lugar el nuevo Centro Cívico de la Ciudad. Un rentable proyecto inmobiliario non sancto, ideado por el entonces jefe de Gobierno que dos años después sería presidente. Médicos, camilleros, administrativos, políticos, organizaciones gremiales y hasta los propios pacientes intentaron evitarlo. Pero no pudieron frenar la demolición. Mucho menos entablar un diálogo con las autoridades. Los bastones largos, el gas pimienta, las balas de goma a mansalva fueron la respuesta del Estado porteño.
“Fue una locura. No creo que existan antecedentes de una represión en un hospital: un espacio de paz, dedicado al cuidado y el resguardo de la vida. Ese día pasaron todos los límites. Hubo pacientes con 20 impactos de bala en el cuerpo”, recuerda Sánchez, trabajadora administrativa con más de 35 años en el Borda. La delegada de ATE hace memoria, vuelve ocho años atrás: “No querían que entráramos. Nadie nos decía nada. María Eugenia Vidal, que era vicejefa de Gobierno, estaba dando vueltas por el predio. Cuando las topadoras tiraron abajo el taller, como por instinto, los compañeros salieron a defenderlo. En un segundo aparecieron los robocop de infantería, con sus armaduras, la cosa se puso oscura. Yo estaba hablando con un policía y, de repente, veo que alrededor empiezan los palazos, y ahí me tiraron gas pimienta en la boca. Algo irracional. Fue violencia cruda. ¿Qué se podía esperar de Macri, Larreta, Vidal y Montenegro?”.
A la charla en la oficina que congrega a los trabajadores en la planta baja del Borda se suma Facundo Pincas, delegado del vecino Hospital Infanto-Juvenil Tobar García. Cuenta que antes de la represión había un fallo judicial que amparaba al hospital, frenando la construcción del Centro Cívico en Barracas. “Pero la respuesta fue la cana. Es lo que siempre hace el PRO –reflexiona–. Tomar discusiones que son importantes y transformarlas en negocios. Nunca se planteó hablar de la salud mental, de la reinserción social de los pacientes, de mejorar las condiciones edilicias y de trabajo. En ese momento, la respuesta del Gobierno de la Ciudad fue la policía. Hoy, en pandemia, es el olvido”.
La nave del olvido
Los pasillos del Borda muestran un vacío ejemplar en el mediodía de abril. La segunda ola de la peste trajo de regreso las restricciones. Protocolos profilácticos que nos recuerdan la soledad y la enfermedad. Jorge Aramilla, enfermero con décadas en el neuropsiquiátrico, repasa las penurias del primer año de pandemia. Hubo contagios entre los trabajadores y los pacientes. “Somos esenciales, pero los funcionarios se creen que vivimos de los gracias y las campañas. El año pasado faltaron insumos básicos: barbijos, alcohol, pañales. Ahora se viene lo mismo. Es algo que pasa en todos los hospitales de la Ciudad. Ni qué decir de la falta de profesionales. Acá, siempre, el que pone el hombro es el trabajador”.
En el Borda están internados más de 400 hombres. En el Braulio Moyano, al lado, cerca de 600 mujeres. Los laburantes denuncian recortes permanentes en la planta de personal, frenos en los concursos y contratos basura. Abandono y vaciamiento. “La salud mental siempre fue olvidada. No somos un manicomio. No somos un lugar de encierro. Creemos profundamente en la recuperación con herramientas y talleres que se brindan dentro del hospital. Pero si el Estado nos sigue viendo igual que en 2013, como un negocio inmobiliario, la realidad no va a cambiar”, dice el psicólogo social Matías Butera, mientras camina por el parque del hospital, custodiado por murales que recuerdan el freno al Centro Cívico. Uno grande grita: “No pasarán”.
Butera explica que hay un proyecto del Gobierno de la Ciudad para la fusión del Borda, el Moyano y el Tobar García en un predio limitado, para el año 2023: “La mirada comercial sigue en pie. Lo que ‘sobra’ quieren venderlo para hacer edificios, locales comerciales. ¿Qué diferencia hay con los negocios de los terrenos en Costa Salguero?”.
La psicóloga Mirta Burone trabaja en el hospital desde los neoliberales años noventa. Pone de relieve la contención que brindan a los pacientes durante la pandemia: “La sociedad mira al Borda como un lugar de encierro, un depósito de personas. Muchas veces, los pacientes son abandonados por sus familias. Con la pandemia, eso se profundizó. Tuvimos servicios aislados, se minimizaron las visitas, las salidas, los viajes recreativos, los talleres. La contención es a puro esfuerzo de los profesionales y enfermeros, que sostenemos a la comunidad. Algo que parece invisible para el afuera”.
Sin conexión a Internet, con calefacción deficiente, escaso equipamiento, magros sueldos y una Ley Nacional de Salud Mental que no despega, todo se hace cuesta arriba en la tarea de mejorar la calidad de vida de los pacientes. La vacunación para pelearle al Covid-19 también avanza a paso de tortuga para las personas internadas.
Javier es paciente del hospital hace 16 años. Vive en el pabellón Siglo XXI. Pasa la tarde sentado en un banco en el parque. Ahora come una mandarina y dice que hace un año que no pisa la calle, por miedo al virus y las limitaciones en las salidas. “Da un poco de bronca no poder ver a mi hermana, la iba a visitar los fines de semana. Ella me deja galletitas y champú en la puerta. Es lo que hay. Hablamos por teléfono, pero no es lo mismo”. Su familia, cuenta Javier y liquida el último gajo, ahora son los compañeros de pabellón, los médicos, los enfermeros: “Pasamos la pandemia tomando mate y jugando al truco. Qué le va a hacer, nos acostumbramos”.
La recorrida por el Borda termina en las ruinas del taller desmantelado en 2013. Gustavo Fernández, operador de rehabilitación y delegado de los diez talleres protegidos que siguen en pie contra viento y marea a pesar del desfinanciamiento, explica que “son dispositivos públicos de reinserción social. Apuntamos a la rehabilitación psicolaboral de los pacientes. No es solo aprender un oficio, sino incorporar saberes, desde cocina hasta herramientas tecnológicas. Vos ves cómo el paciente se entusiasma, empieza a pensar en su futuro, y en la dignidad que da un trabajo”.
Funcionarios sobreseídos y un policía premiado
Una hora después de los palazos, el gas pimienta y las balas de goma, un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad dictó una cautelar que detuvo las obras del Centro Cívico que quería Macri. Luego hubo una causa penal, que tuvo como imputados a los responsables políticos del operativo: Macri, su ex vicejefa Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y los ministros porteños Guillermo Montenegro, de Seguridad y Justicia, y Graciela Reybaud, de Salud. Todos ellos fueron sobreseídos en 2016.
Con respecto a los policías, la Cámara Nacional de Casación Penal anuló los sobreseimientos del jefe y el subjefe de la Metropolitana, Horacio Giménez y Enrique Pedace. Este último, procesado por la represión en el Borda, sería luego premiado con la dirección de la Agencia Gubernamental de Control, encargada de inspecciones y clausuras en la Ciudad.
