Vecinas, vecinos y organizaciones sociales de la ex Villa 31 denunciaron la crítica situación eléctrica que padecen y las falencias del “Protocolo de Formalización” que propone la Secretaría de Integración Social y Urbana. A través de un documento detallan los pasos a seguir, dentro del marco de la urbanización del barrio, en materia de regularización dominial y la regularización de los servicios públicos.
Allí se asegura que “las y los habitantes del barrio no van a aceptar que el tendido eléctrico sea aéreo en postes, para que la urbanización sea real, es necesario que los cables sean subterráneos, como en el resto de la ciudad que se garantiza un servicio más seguro”.
Adela Britos, Consejera del barrio Inmigrantes y presidenta del CGP, detalló: «quieren implementar una obra que va en contra de la normativa del ENRE. Queremos el mismo servicio subterráneo y seguro como en el resto de la Ciudad.»
Sofía González, comunera del Frente de Todos, remarcó: «¿Qué pasó con los 300 millones de dólares que se pidió de crédito exclusivamente para la urbanización de la Villa 31? La licitación de 2018 preveía que el tendido eléctrico subterráneo arrancaba en Cristo Obrero, pero ahora lo quieren hacer aéreo.
Otra propuesta del Gobierno de la Ciudad que genera preocupación en la comunidad es que el servicio eléctrico se abone de forma prepaga. Eduardo Basanissi, referente del barrio sostuvo: “Plantean la posibilidad de brindar un servicio distinto que en el resto de la Ciudad, que ya se mostró fue deficitario en la provincia de Buenos Aires. La integración urbana no puede proponer un servicio de segunda para los vecinos de nuestro barrio.”
Hector Guanco de la Mesa de Urbanización Participativa y Rotativa del barrio, sostuvo «no quieren la participación de vecinos y vecinas. Nos discriminan. A las reuniones sólo pueden venir aquellos vecinos que salen sorteados, en contra de lo que dice el Estatuto. De Ciudad solo tiene que venir una persona en representación de la Secretaría y vienen más de veinte en forma presencial.»
Además, la iniciativa del GCBA pretende que Diego Fernández, director del organismo, sea capaz de llevar adelante futuras licitaciones sin aprobación de la Mesa de Gestión Participativa constituida por ley para ese fin en donde las organizaciones y habitantes del barrio están representadas.
“Necesitamos que se cumpla con la ley y se garanticen todos los mecanismos de participación que allí están propuestos. Y que la Secretaría e Integración Social y Urbana sea mucho más precisa con la información sobre las obras de infraestructura que garanticen urbanización con radicación., sostuvo la legisladora María Bielli.
