Las familias que desde hace un mes mantienen una «ocupación pacífica» en terrenos ubicados en inmediaciones del Barrio 31 “Padre Carlos Mugica” de Retiro volvieron a reclamar este viernes a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires y a la Legislatura porteña la convocatoria a «una mesa de negociación» para solucionar «el drama habitacional» que atraviesan. Tras días de tensión por un operativo de fuerzas de seguridad desplegado en la zona ante una inminente orden de desalojo, Mónica Zárate, vocera de las familias ocupantes de los terrenos y militante del Movimiento Popular La Dignidad en el Barrio 31, señaló que «por suerte» hoy estaba «todo tranquilo» luego de una noche «con pocos policías» presentes en el lugar.
«Fue una noche tensa y con mucho frío. Seguimos aguantando a la espera de una mesa de negociación para solucionar nuestro drama», señaló la referente de las familias que mantienen la ocupación pacífica en diálogo con Télam. En ese marco, agregó: «Hoy se cumple un mes del campamento y, como lo venimos haciendo desde el primer día, vamos a compartir un plato de guiso caliente en las ollas populares con las compañeras y los compañeros de las organizaciones sociales que nos están acompañando».
Mayoritariamente, las familias que ocupan esos terrenos son mujeres jefas de familias solas que están enfrentando situaciones de violencia de género. Zárate adelantó además que, durante la jornada de hoy, difundirán «un documento de distintas personalidades» con un pedido a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y a la Fiscalía 11 del distrito porteño (que entiende en la causa judicial) para que interceda ante el Ejecutivo capitalino para encontrar «una salida pacífica y negociada a nuestra falta de viviendas». «A 30 días de la toma, los funcionarios no vienen a dialogar con nosotras», señaló Zárate.
El lunes último, el Gobierno de la Ciudad (CABA) a través de un comunicado de prensa, respaldó el proceso judicial en marcha para que «se ejecute el desalojo» del campamento familiar. En este sentido, señaló que, el pasado 30 de junio «alrededor de 50 personas tomaron un terreno público porteño de manera ilegal» y sostuvo que «desde el primer momento, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad apeló al diálogo e implementó distintas estrategias de acercamiento en busca de soluciones conjuntas sin éxito». «Ante este escenario, fue necesario acudir a la Justicia», aseguraron desde el Ejecutivo local.
«El terreno tomado es un espacio clave para el avance de la urbanización y un paso más hacia la integración social, ya que está destinado a la construcción de una escuela para los chicos del barrio. Una vez en funcionamiento, contará con nivel inicial y primario, y tendrá capacidad para que asistan alrededor de 210 alumnos», señaló el escrito oficial.
En precarias carpas, con unos 200 chicos en el asentamiento, con bajas temperaturas, ollas populares y fogones, las mujeres y algunos pocos hombres ocupantes del predio, la protesta se mantenía hoy en uno de los costados del Barrio 31. El predio tomado está emplazado en la esquina de La Pampa y Ciervo de Los Andes, donde antiguamente funcionaba un basural. Los vecinos que acampan en el lugar cuentan con el apoyo de distintas organizaciones sociales, entre ellas, el Movimiento Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Popular La Dignidad y el CTD Aníbal Verón.
En un comunicado de prensa, las organizaciones denunciaron que «hacemos responsable al Gobierno de la Ciudad de la integridad física de las mujeres y niños», ante la posibilidad de un desalojo «violento» del predio por parte de la Justicia. Asimismo, exigen «a (el Jefe de Gobierno) Horacio Rodríguez Larreta y a la fiscalía 11 a cargo de la causa, que detenga el desalojo de las familias y den una urgente solución habitacional a las familias involucradas».