Entre el 12 y 13 de septiembre de 2015, la mina Veladero, ubicada en la localidad de Jáchal, San Juan y operada por la empresa canadiense Barrick Gold, derramó un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada, mercurio, entre otros metales pesados, sobre el agua de cinco ríos. Una válvula estalló y el veneno se filtró a las cuencas pero la empresa, en connivencia con funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales no alertó a la población de forma inmediata.
La información se filtró, los mensajes de texto comenzaron a circular y la población de Jáchal se autoconvocó en la plaza principal para exigir respuestas oficiales. Ese día acamparon allí, después instalaron una carpa que se sostiene, en reclamo de justicia, hasta el día de hoy, a casi 8 años desde el derrame. La Asamblea Jáchal No Se Toca nació a partir de esta resistencia de vecinas y vecinos.
La estrategia de Barrick Gold, la mayor minera de oro del mundo, fue primero el ocultamiento. Cuando se hizo imposible sostener la negativa, al día siguiente, reconoció un derrame de 15.000 litros de solución cianurada, pero aseguró que no había llegado al río y desmintió la contaminación. Pero una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que, al contrario de lo que afirmaba, sí había llegado al río.
Dos días después, cuando finalmente llegó la intervención judicial, la empresa reconoció el derramamiento de al menos 1.070.000 litros de solución cianurada sobre las aguas de los ríos. A pesar del escándalo y la gravedad de los hechos, tras el pago de una multa, la mina Valedero continuó en operaciones. En la actualidad se encuentra a cargo de Minera Argentina Gold SRL, una sociedad entre las empresas Barrick Gold y Shandong Gold (China).
A casi ocho años desde el mayor desastre ambiental minero que tuvo Argentina no se ha llevado a cabo el juicio oral, ordenado por la justicia federal hace ya cinco años. Es por eso que diez integrantes de la Asamblea Jáchal No Se Toca viajaron este lunes a la ciudad de Buenos Aires. Junto a las organizaciones Ekō, Earthworks y MiningWatch Canadá, recolectaron 71 mil firmas en un petitorio donde reclaman que se fije fecha para el juicio oral. Pero además denuncian que después del 2015, hubo dos derrames más.
Ningún funcionario recibió a la delegación
“Nos parece que es una decisión política no hacerles juicio, no quiere avanzar la jueza Servini de Cubría”, dice a Tiempo Saúl Zeballos, integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca. En la mañana del lunes 31 de julio, los vecinos y vecinas de Jáchal se acercaron a Comodoro Py y entregaron el petitorio con las 71 mil firmas a la Justicia. Sin embargo, no fueron recibidos por la jueza aunque sí por el secretario del juzgado, quien labró un acta y adjuntó al expediente el documento presentado.
Desde el recinto judicial en la zona de Retiro, la delegación se dirigió al edificio del Ministerio de Ambiente de la Nación, ubicado en la calle San Martín 451, en el microcentro porteño. “Habíamos pedido la semana pasada que nos recibiera el ministro Juan Cabandié, nos contactamos también con el viceministro, Sergio Federovisky, la gran sorpresa que tuvimos fue que no solo no nos recibieron, sino que no nos permitieron entrar al edificio que es público”, aseguró Zeballos.
La delegación fue impedida, siquiera, de llevar la nota a la mesa de entradas. Desde el área administrativa del ministerio, una trabajadora recibió los escritos en la vereda, volvió al edificio, los ingresó al sistema y, a los 15 minutos, les devolvió el comprobante con número de expediente. “Fue un maltrato grande e importante que nosotros estamos acostumbrados a recibir de los funcionarios de San Juan pero nunca creímos que nos iba a pasar en el Ministerio de Ambiente de la Nación”, contó Zeballos. Además, aseguró que el pedido de audiencia que realizaron la semana pasada tiene número de expediente y que les fue notificado el traslado de la nota a la secretaría privada de Cabandié.
Lo que no pudieron decir
Si bien el petitorio con 71 mil firmas destaca la necesidad y urgencia de realizar el juicio oral y público, la preocupación de la Asamblea Jáchal No Se Toca también tiene que ver de forma actual, con la contaminación que continúa reproduciendo empresa minera. “Queríamos decirle al ministro Cabandié que la mina Veladero es ilegal, que sigue trabajando en la cordillera de San Juan y contamina con mercurio la cuenca del río Jáchal”, expresa Zeballos.
Según la información reunida por la Asamblea Jáchal No Se Toca, la mina infringe las leyes de Residuos Peligrosos, de Glaciares y del Ambiente. “Veladero destruye el glaciar Almirante Brown que está en el camino minero y por lo cual no se está cumpliendo con la ley de glaciares, también hay un emprendimiento nuevo más grande que Veladero, la mina de cobre y oro Josemaría que va a destruir el glaciar G110, son glaciares subterráneos que tienen que estar en el Inventario Nacional de Glaciares y es el ministro de Ambiente quien lo debe incorporar”, aseveró Zeballos.
Estudios sobre nuevos derrames
“Hace poco hicimos una presentación de un informe sobre los últimos derrames confirmados por el análisis de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, por eso Naciones unidas se hizo eco de la contaminación que afecta los derechos humanos de los niños jachaleros y esto es parte del petitorio”, aseguró Zeballos.
El informe, al que Tiempo accedió, detalla que existieron, al menos, dos derrames más de la mina Valedero en años posteriores. El análisis se realizó mediante la toma de muestras y el contraste con los datos técnicos, informes y valores aportados en la causa penal principal por la empresa Barrick Gold.
“Cuando ocurren los derrames de solución cianurada y metales pesados en la Mina Veladero, las empresas Barrick Gold, Shandong Gold o Minera Argentina Gold SRL, pueden neutralizar el contenido de cianuro en el agua de los ríos agregándole hipoclorito de sodio”, expresó el informe. Y siguió: “Pero lo que no pueden neutralizar, diluir ni precipitar es el contenido de mercurio vertido en esos derrames al agua de los ríos. Por lo tanto, se pueden detectar esos derrames originados en la Mina Veladero con la determinación de mercurio en el agua del río”. Es decir, los valores de metales detectados el día del derrame de septiembre de 2015 son referencia para conocer si existieron otros de forma posterior, contrastando los datos con las muestras.
Según las conclusiones informado, el 20 de octubre de 2021 a las 13:30hs el Laboratorio de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza detectó un nivel de mercurio del 0,0046 mg/L (miligramos de mercurio total por litro de agua). Es decir, hasta un 383% más que en el derrame de septiembre de 2015.
Y no solo ello, acorde a los datos recolectados también hubo otro derrame minero el 15 de febrero de 2022 a las 16:18hs. En Puente Buena Esperanza se detectó 0,0027 mg/L (miligramos por litro de agua) de mercurio total entre otros metales pesados.
“Se evidencia la ausencia total de control por parte de las autoridades tanto provinciales como nacionales, lo que deja a la población, que ocupa el agua superficial y subterránea de esas cuencas, en un estado de indefensión total”, expresó el informe.
En los cajones de la Justicia
Ya pasaron cinco años desde el auto de elevación a juicio oral y todavía no hay fecha cierta. En junio de 2018, el juez federal Sebastián Casanello emitió el auto de elevación a juicio oral por el delito de abuso de autoridad en relación a la Ley de Glaciares en una causa relacionada a la del derrame contra Sergio Lorusso, exsecretario de Ambiente, y contra otros exsecretarios de Medio Ambiente, Juan José Mussi y Omar Judis. Asimismo, contra Ricardo Villaba, ex titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Y luego, en octubre de ese año, dispuso la elevación a juicio oral de la causa contra Lorusso, Beatriz Domingorena (exsubsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación) y Jorge Mayoral (exsecretario de Minería) por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La fecha de las audiencias se había dispuesto para el año 2020 pero fue suspendida por la pandemia de coronavirus y aún no se logra una nueva resolución al respecto.
En el ámbito provincial, el juez penal Pablo Oritja, procesó a ocho empleados de la empresa por el delito de contaminación de agua, de forma culposa, por actuar con negligencia o impericia y transgredir la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. Sin embargo, ningún funcionario provincial fue imputado.
*Fotografías gentileza de Susi Maresca
