El horror –la desaparición y el hallazgo del cuerpo esqueletizado en un cangrejal del estuario de Bahía Blanca– empezó con un sumario por el incumplimiento del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional como medida sanitaria frente a la pandemia de Covid-19. Ese encuentro del 30 de abril de 2020 entre Facundo Astudillo Castro y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a la altura del kilómetro 779 de la Ruta Nacional N°3, en la localidad de Mayor Buratovich, estropeó la suerte del joven y lo convirtió en víctima.
Facundo no fue el único: durante la cuarentena, y aún con una disminución drástica del registro de delitos derivada de la restricción a la circulación de personas y bienes, las muertes provocadas por miembros de alguna fuerza de seguridad se mantuvieron en los niveles de años anteriores. El pretexto de controlar el territorio en el contexto de crisis epidemiológica desató una sucesión de abusos graves –especialmente contra jóvenes de barrios populares– llegando al extremo del gatillo fácil y la desaparición forzada.
Desde 2016, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realiza un registro de las muertes producidas por intervención policial. Si bien durante 2020, el año de la pandemia, se contabilizaron 21 casos menos que en 2019, el dato no parece alentador al revisar el contexto.
Según la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, durante el ASPO solo se iniciaron 5980 IPP (Investigación Penal Preparatoria) por robos agravados por el uso de armas; una cifra alejada de las 13.878 registradas en 2019. Esa caída significativa, sin embargo, no impidió las 123 muertes a manos de agentes policiales durante todo el años 2020 (una cada tres días), un registro que superó a los de 2016, 2017 y 2018.
“La violencia policial no es una fuerza ejercida al azar ni una disfuncionalidad producto de la falta de capacitación. Se trata de un instrumento para la gestión de los territorios, de las personas que los habitan y de los mercados legales o ilegalizados que se desarrollan en ellos. Los denunciados por delitos que incluyen graves violaciones a los derechos humanos como asesinatos, torturas o desapariciones forzadas, son el producto de la transferencia del control territorial de las medidas de aislamiento a una fuerza como la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, señala Rodrigo Pomares, coordinador del Área Justicia y Seguridad Democrática de la CPM.
Pomares revela que el organismo recibió una gran cantidad de denuncias que alertaban sobre intervenciones policiales “arbitrarias, ilegales y violentas” en el marco del control del ASPO en distintos puntos de la provincia y destaca que los casos “más extremos” fueron los de Facundo Astudillo, en Bahía Blanca; Lucas Verón, en La Matanza; y Ezequiel Corbalán y Ulises Rial, en San Nicolás.
Arcaico dominio territorial
El 9 de julio de 2020, Lucas Verón cumplió 18 años. Ya era el día 10 cuando tuvo el desafortunado impulso de salir de su casa en Villa Scasso para ir en moto hasta un quiosco y comprar gaseosas que alargarían el festejo. Estaba volviendo junto a su amigo «Moneda», de 17 años, cuando un patrullero del Comando de Prevención Comunitaria de González Catán los persiguió hasta embestirlos. Moneda pudo escapar corriendo. Lucas, en cambio, recibió un disparo que le atravesó el tórax y salió por la espalda. En el Hospital Simplemente Evita no alcanzaron a salvarle la vida.
Ese afán por escarmentar la desobediencia de la cuarentena también se volvió criminal en los agentes de la Policía local de San Nicolás, que el primer día de junio de 2020 le cruzaron el móvil –sin luces ni sirena– a la Corven 250 en la que viajaban Ezequiel Corbalán, de 31 años, y Ulises Rial, de 25. El impacto del choque mató a Ulises en el acto. Ezequiel, que había esquivado el puesto de control policial para que no le quitaran la moto con la que trabajaba, agonizó cuatro días.
Según los registros de la CPM, es habitual que los delitos contra la propiedad sean el principal motivo de los ingresos a las comisarías bonaerenses, pero el año de la pandemia torció esa estadística: la captación policial preponderante se debió a la aplicación del artículo 205 del Código Penal, el que se refiere a las restricciones impuestas por la pandemia. Lo que no se modificó fue “el arcaico dominio territorial construido en base a prácticas violentas, ilegales y arbitrarias”. «
Correpi: 348 «asesinatos estatales»
El último informe anual elaborado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) registró 348 “asesinatos estatales” desde el inicio de la cuarentena hasta el 19 de noviembre de 2020. El relevamiento incluye muertes en lugares de encierro (la gran mayoría de los casos), gatillo fácil, muertes intrafuerza o intrafamiliar y otras circunstancias (en este ítem se incluyen las desapariciones forzadas).
Para el abogado de la Correpi, Ismael Jalil, “independientemente de la necesidad de una cuarentena, que fue una medida imprescindible en pandemia, era previsible que, habiendo salido del desastre económico del macrismo, el cumplimiento de las restricciones iba a ser difícil por las necesidades de la gente”. Concluye: “El error fue haber aplicado una política de contención policial antes que social”.
