La aprobación del Decreto 1981/24 que redujo la edad requerida para ser legítimo usuario de armas de fuego, que pasó a ser de 21 a 18 años, es un guiño al electorado libertario y a las promesas de campaña que incluían “el que quiera estar armado, que ande armado”, como expresó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Para conocer las implicancias de esta modificación en la política pública en relación a las armas y el impacto en la vida de las juventudes, Tiempo charló con dos especialistas con amplia trayectoria en el tema.

Blanqueo de armas desde los 18 años

“Esta resolución de Bullrich es una provocación porque se aprueba el 10 de diciembre –el Día de la Democracia- y esto es lo que ellos entienden que es la democracia: la libertad inclusive en la pos de usar un arma que genere un peligro para sí mismos y los otros, para lo cual existen leyes especiales”, dijo a Tiempo Sabina Frederic, exministra de Seguridad, antropóloga y docente. La especialista expresó que, asimismo, es una provocación que fortalece al electorado libertario ya que “hace que todo el arco político opositor, yo misma incluida, salgamos a cuestionar la medida”.

Frederic señaló que el alcance e implicancias de esta medida deben analizarse junto con el conjunto de proyectos de leyes impulsados por la ministra Bullrich. “Hay uno en especial que, si finalmente se aprueba, implicará la posibilidad a todos aquellos que disponen de armas de fuego adquiridas ilegalmente a ser eximidos de cualquier pena y entrar en un proceso de blanqueo que dure 365 días”, aseveró.

Según contó, el proyecto impulsado establece que durante ese plazo la persona podrá disponer del arma, hasta que concluya la tramitación como legitimo usuario o portador. Ahora, en ese universo podrían incluirse los jóvenes desde los 18 años.

“Esto es un problema que no sólo tiene que ver, por ejemplo, con la incidencia de la edad y el hecho de que los jóvenes tienden a prolongar su maduración y autonomía. El tema es que se amplía la cantidad de personas que pueden hacer uso de armas cuando la política del Estado argentino ha sido siempre reducir la cantidad”, apuntó.

Foto: Edgardo Gómez

Si bien Frederic señaló que la política de desarme no ha sido muy efectiva ya que se estima que existen 4 millones de armas en el mercado ilegal, en tanto que 1,4 millones solo están registradas, la conjunción del decreto y el proyecto de ley no contribuyen a una solución. “El problema es el narcotráfico, la violencia que se genera vinculada al uso de armas de fuego que son normalmente robadas o compradas al mercado ilegal y de eso no se habla”, manifestó.

La especialista resaltó que en la actualidad, para comprar y hacer uso legal de un arma de fuego, es necesario obtener un carnet de legítimo usuario. Para ello, deben aprobarse exámenes físicos y psíquicos rigurosos que lleva a cabo la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). “No es que vas a una armería y la llevas a tu casa. Esta resolución puede ser engañosa para quien no lo sabe, por eso es un pseudo cumplimiento de promesa de campaña que el Gobierno no puede llevar adelante todavía porque necesita modificar leyes y obtener un consenso que no tiene”, apuntó.

Asimismo, resaltó: “No me parece que la inmensa mayoría de los jóvenes esté pensando en tener un arma para vivir mejor, es algo que impone el Gobierno. Hay que unirlo a esas imágenes de Santiago Caputo, este personaje oscuro que no tiene cargo público, practicando tiro en un polígono y también al acto de lanzamiento de las fuerzas del cielo. Es un posicionamiento del Gobierno nacional que tiene una serie de consecuencias peligrosas, como lo fue el episodio repudiable de atentado a Cristina Fernández de Kirchner”.

Los homicidios ocurren, en su mayoría, por el uso de armas

“Es sumamente perjudicial y contrario a lo que el Estado debería estar haciendo que es desalentar el uso de armas. El programa de desarme voluntario que comenzó en el kirchnerismo y después se continuó en la órbita de la Anmac está totalmente desfinanciado, ya con el macrismo se comenzó a desfinanciarse, pero debería estar vigente”, expresó a Tiempo Matías Busso, abogado de la Asociación Contra La Violencia Institucional (Acvi).

Busso aseguró que el uso de armas de fuego es una de las principales causales de homicidios. “En los femicidios, ocupa el 30% de las muertes. Es decir, esta medida viene a provocar es una mayor probabilidad de que los índices de homicidios que actualmente están a la baja puedan crecer y producirse casos que actualmente no ocurren”, aseveró.

Mencionó el caso de la joven Nahir Galarza, que a sus 19 años asesinó a su pareja. “Sin duda, no se hubiese generado lo que se generó si ella no tenía acceso a un arma que era la de su padre por ser efectivo policial”, agregó. Busso expresó que desde Acvi se promueve no solo la limitación de la portación de armas de fuego en la sociedad civil sino, incluso de las fuerzas de seguridad cuando no se encuentran en el cumplimiento de sus funciones para reducir los niveles de homicidios y lesiones producidas en estas circunstancias.

Otra arista que debe analizarse, según el especialista, reside en la incidencia de esta medida en los suicidios de adolescentes. “Hoy el suicidio es una de las principales causas de muertes violentas en Argentina, desplazando incluso a los accidentes de tránsito. Y en el caso de los adolescentes y jóvenes es puntualmente mayor sobre todo desde los 14 años hasta los 25”, manifestó. En este sentido, aseveró, el acceso a las armas de fuego para esta población puede ser más nociva, considerando los padecimientos en materia de salud mental que se profundizaron después de la pandemia por Covid- 19.