A un año de la tercera presentación del Proyecto de Ley de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS en el Congreso y a riesgo de que vuelva a perder estado parlamentario, finalmente se logró su tratamiento en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados este miércoles. Luego de obtener dictamen, debería pasar por otras dos comisiones más hasta llegar a recinto para obtener media sanción antes de fin de año. Si bien se celebra el tardío avance, una polémica se sumó en el camino: la que incluye (o excluye) a personas “trabajadoras sexuales” como parte de las poblaciones clave a las que se destina la normativa.
“El proyecto tiene dentro de su articulado un inciso donde plantea garantizar el acceso a salud a poblaciones clave y las enumera: hombres que tienen sexo con hombres, mujeres, niñas, niñes, adolescentes, personas privadas de su libertad, etcétera. Todo lo que se considera poblaciones con mayor vulnerabilidad al VIH, hepatitis y tuberculosos. Entre eso enumera a personas ‘trabajadoras sexuales y/o en situación de prostitución’, la formula completa que se usa históricamente para que haya aceptación tanto del lado de las organizaciones abolicionistas como las que no. Es eso: una enumeración para garantizarles el acceso a la salud, con lo cual no legisla sobre trabajo sexual ni legisla nada que instituya el trabajo sexual. Sin embargo, a pesar de ser un proyecto que consagra un montón de derechos, las organizaciones abolicionistas han hecho un lobby impresionante. Se han puesto en contacto con diputades, con el Ministerio de Salud, fueron por todos lados, y empezó a haber una propuesta de que vayamos con el proyecto, pero sacando eso”, lamentó José María Di Bello, Presidente de Fundación GEP.
Agregó que “el Ministerio de Salud en sus publicaciones siempre las nombra a las trabajadoras sexuales. Además, argentina desde 2001 en todas las asambleas de Naciones Unidas sobre VIH siempre ha firmado el compromiso político donde se nombra a las poblaciones clave y Argentina fue parte históricamente de los países que han promovido y defendido que se mantengan entre otras cosas la nominación de las personas clave. Ahora resulta que en nuestro país nuestro Congreso está queriendo sacar esto. La propuesta es ‘vamos a dar dictamen en la medida en que no esté esto’. Es una locura y pasa cuando por primera vez en Naciones Unidas hubo países que firmaron todo el documento menos los párrafos donde figuraban estas poblaciones clave: países musulmanes y la Federación Rusa”.
Di Bello contó que ante la tensión creciente sobre este punto se llegó a plantear que el inciso no especifique las poblaciones clave. “Están haciendo lo que hicieron la Federación Rusa y países musulmanes en Naciones Unidas”, advirtió, y apuntó que la diputada Carmen “Polledo es una de las más firmes en esta posición de sacar ‘trabajadoras sexuales’, y (Pablo) Yedlin acompaña”.
Más allá de la discusión, el referente de Fundación GEP remarcó que es “urgente” que avance la normativa, teniendo en cuenta que mueren en la Argentina “1300 personas por año por enfermedades asociadas al VIH. Algo que tiene que ver con la pobreza, la exclusión y la discriminación. Un montón de cosas sobre las que legisla este proyecto tienen que ver con paliar esas situaciones”. La iniciativa contempla cuestiones vinculadas al plano social, como el otorgamiento de pensiones no contributivas para personas en extrema vulnerabilidad, hace referencia a la situación de personas gestantes, a la transmisión vertical de la enfermedad, a las campañas de difusión y concientización, y a la creación de un observatorio específico para registrar y analizar la estigmatización y discriminación hacia este grupo.
