«Si hay más o menos droga en un país, se mide como en un mercado, por la oferta y la demanda. Cuanto menos oferta, más sube el precio. Según una nota del diario El Tribuno, por la escasez de hojas de coca en Salta, cerraron quioscos y subió muchísimo el precio, porque hubo una cantidad muy importante de secuestros», dijo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en septiembre de 2016. El erróneo concepto de asimilar la planta ancestral en estado natural a un estupefaciente, atraviesa por ignorancia –o por convicción estigmatizadora– toda la política de seguridad del macrismo.
El artículo 15 de la Ley de Drogas 23.737 aclara cualquier duda: «La tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes». Pero la libre interpretación de las fuerzas de seguridad y de los funcionarios judiciales puede llevar a usuarios –luego sobreseídos de todo delito– a permanecer semanas tras las rejas, como el reciente caso de José Luis Zurita Delgadillo (ver aparte).
Las noticias de grandes secuestros de hojas de coca como si se trataran de fuertes golpes contra el narcotráfico son una constante en la gestión Bullrich. No pasan desapercibidas en el norte del país, donde el coqueo es práctica habitual.
«La criminalización de las hojas de coca es recurrente en los últimos años y va de la mano de la discriminación al inmigrante», explica a Tiempo Guillermo Mamani, director del periódico Renacer, quien alerta sobre la persecución contra los extranjeros, sobre todo de países limítrofes, a partir del decreto 70/2017 que busca acelerar la expulsión.
Por cuestiones climáticas y de altura, la planta se produce en pocos países: sobre todo en la selva andina de Bolivia, Perú y Colombia, donde las hojas se consumen desde tiempos precolombinos y tienen valor medicinal, cultural y ritual. Su utilización se extiende al norte de Argentina, pero también recorre todas las grandes ciudades donde desde hace décadas se instalaron migrantes de países limítrofes.
«No es una droga. Su consumo y comercialización están permitidos, pero no está regulado cómo se transporta en grandes cantidades. Cuando volvemos de Bolivia, hay una ley no escrita en la frontera: sólo podemos pasar medio kilo de hojas por persona», señala Mamani. «Esa falta de reglamentación genera un negocio para unos pocos», analiza.
Las hojas de coca son la materia prima del proceso químico que termina en la cocaína. El proceso se realiza en laboratorios en medio de la selva, en zonas contiguas a la cosecha. «Lo que desde hace unos años ha aparecido aquí –sobre todo en Rosario y el Conurbano– son ‘cocinas’ para concluir el proceso de producción de cocaína a partir de pasta base contrabandeada. En este marco, el ingreso de hojas de coca en cantidades ínfimas no es significativo para este tipo de emprendimientos. Es obvio que son para consumo particular o individual», argumenta Germán Montenegro, exdirector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
En la misma línea, desde la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) señalan que no está en su agenda en la lucha contra el narcotráfico el secuestro de hojas en estado natural. Para Montenegro, este gobierno montó sus «estrategias en la interdicción que ya se demostró que fracasó. Interceptan cargamentos en las fronteras, pero hablamos de sospechosos que a lo sumo son demorados e identificados. Claro, sirve para mostrar cierta efectividad de las fuerzas policiales frente a la sociedad y a la política».
Según el especialista, la desarticulación de grandes bandas narco supone un verdadero trabajo de investigación criminal: «Hoy hay una saturación de detenciones menores, pero no caen organizaciones ni cargamentos importantes. Cuando se da con una tecla clave en contra de un grupo narcocriminal es porque detrás está la DEA, pero ellos tienen otros intereses. A ellos les preocupa cómo la droga llega a Europa y EE UU, pero se desentienden de las bandas que operan aquí», resume Montenegro, y concluye: «Es un error de diagnóstico, que ni este ni los gobiernos pasados pudieron resolver». «
«Evidencia la poca profesionalidad de la policía»
José Luis Zurita Delgadillo tiene 28 años, es hijo de migrantes bolivianos y estudia el tercer año de Ingeniería Civil en la Universidad de La Plata. En vísperas de las festividades de la Virgen de Urkupiña, el 25 de agosto, él y su madre Julia fueron hasta Villa Lugano a comprar hojas de coca en cantidad para luego revenderlas en el negocio familiar donde comercializan aceite, especias, frutas y verduras, en el Mercado Municipal de Tolosa. Cuando cargaban la mercadería en el auto, fueron interceptados por agentes del Departamento de Prevención Barrial de la Policía de la Ciudad, que les requisaron el vehículo. Instantes después y sin orden judicial, allanaron el domicilio donde habían comprado las hojas. Los policías secuestraron poco más de 30 kilos de coca en estado natural, distribuidas en 77 paquetes de 400 gramos. A los tres días, Zurita fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi lo consideró «coautor del delito de guarda de materia prima destinada a la producción o fabricación de estupefacientes», pero ante la presión de organismos de Derechos Humanos, la Cámara Federal le dictó la falta de mérito y el 4 de octubre fue liberado. «Este caso desnuda la poca profesionalidad de las policías, que deberían haber entendido que no se estaba cometiendo un delito. Bastaba con conocer la idiosincrasia de estos barrios para darse cuenta de que el joven no tenía nada que ver con el narcotráfico», explica a Tiempo el defensor ante el Tribunal de Casación bonaerense, Mario Coriolano.
operativos
Otoño narco. Así nombró Gendarmería a diferentes procedimientos en la frontera con Bolivia, en mayo de 2017, en los que se secuestraron 1106 kilos de hojas de coca.
Por las rutas. En abril de este año, los gendarmes incautaron una camioneta con 650 kilos de hojas de coca en estado natural sobre la ruta provincial 311, en Tucumán, y otra con 250 kilos en San Pedro, Jujuy, proveniente de Orán, en Salta.
Galletas de coca. Otro nombre de fantasía de Gendarmería: en junio, secuestraron 60 kilos de hojas en un camión que trasladaba galletitas por la ruta 34, en Santa Fe.
