Dos días antes del cierre de las inscripciones las autoridades del jardín maternal del Hospital Ramos Mejía se enteraron de que la “sala lactantes”, para chicos desde los 45 días hasta el primer año, no iba a abrir en 2019. Al consultar sobre esa decisión, desde el Ministerio de Educación porteño les informaron que en 2020 también cerrarán la sala “deambuladores” (para chicos entre uno y dos años) y en 2021 el resto de los niveles. “Buscan reemplazar los jardines por Centros de Primera Infancia (CPI)”, explican desde la Cooperadora del jardín, al tiempo que remarcan que estas dependencias se alejan de la intención formativa ya que son espacios tercerizados en Asociaciones Civiles y ONG por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
“Las inscripciones eran a principios de octubre y los papás venían al jardín y nos decían que no podían anotarse”, cuenta Veronica Ferreyra, delegada del turno tarde y maestra del jardín. Ante esta situación las autoridades de la escuela se comunicaron con la coordinación escolar, quienes les dijeron que la página no funcionaba porque estaba colapsada. Pero el tiempo pasaba y nada cambiaba. Por eso insistieron hasta que el Ministerio de Educación les informó su intención de cerrar las puertas del espacio.
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Desde la Cooperadora del jardín señalan que el Gobierno pretende ampararse en la Ley de Educación Nacional 26.206, que solo obliga al Estado a garantizar el acceso a la educación desde los 4 años. Pero la Constitución de la Ciudad amplía esa responsabilidad a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, según establece en el artículo 24. El cierre de la “sala lactantes” deja a seis maestras sin trabajo y el cierre de “deambulantes” añadirá otras 10 al desempleo. Pero eso no es lo más grave.
La apuesta oficial parece ser reemplazar los jardines maternales por los CPI, pero esa decisión es objetada por padres y docentes. Los CPI fueron creados para familias en condiciones socio-económicas vulnerables bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano y Habitat. En los hechos se trata de asociaciones civiles y ONG que cobran un subsidio del Estado por cada chico que reciben, pero no tienen ningún tipo de vinculación con el área educativa. “Nos interesa recalcar la función pedagógica de los jardines, ya que acá están estimulados de acuerdo a las edades que tienen con todas las posibilidades que puedan desarrollar”, añade Ferreyra cuyos hijos de 22 y 24 años son algunos de los miles de chicos que han pasado por esas salitas.
“Es uno de los centros educativos mas pedidos, tiene mucha demanda por las capacidades que tenemos de trabajar desde hace tantos años con chicos tan chiquitos”, explica al señalar que el jardín forma parte de la Escuela Infantil 6 del Distrito Escolar 6, creada en 1986. Desde entonces depende del Ministerio de Educación de la Ciudad. “Somos todas profesionales de la educación y este espacio está abierto desde las 7 hasta las 18hs, permitiendo a médicos, auxiliares de limpieza, enfermería y otros trabajadores del hospital que traigan a sus hijos”, agrega.
El viernes 12 de octubre la comunidad educativa del hospital se manifestó para visibilizar lo que estaba sucediendo. Pero el recamo, insiste Ferreyra, no es solo por el jardín del Ramos Mejía. “Entiendo que el gobierno de la ciudad quiere seguir los lineamientos del gobierno nacional para reducir gastos, pero la educación no es un gasto, es un derecho”, culmina.
