Unas 1250 cajas con 80 expedientes cada una aguardan arrumbadas en las diferentes delegaciones que tramitan pensiones a lo largo de la Argentina. Se calcula que son 100 mil carpetas las que están dormidas, detrás de las cuales hay personas que lejos de soñar viven pesadillas a la espera de que se resuelva su situación: la mayoría de los trámites lleva dos años y estaba en instancia de liquidación; sin embargo hoy atraviesan una eterna auditoría médica.
Hasta 2015 se emitían unas 12 mil pensiones al mes. En lo que va de 2018, se aprobaron 8869 en todo el país. Pero cualquier dato numérico es frío e injusto. Por eso Tiempo dialogó con dos damnificados que podrían representar a miles. Se trata de Mariano Javier Arias y Carlos Gutiérrez. Al primero le detectaron un glioma de bajo grado en el tronco encefálico que le afectó nervios clave para desenvolverse con naturalidad: apenas puede moverse por sus propios medios y suelta pocas palabras. Carlos tiene HIV y con 46 años se le complica conseguir trabajo. Por la Ley 18.910, los dos tienen derecho a una pensión y hace meses les aseguraron que estaban a punto de recibirla. Pero nunca pasó.
Mariano no puede desenvolverse solo. Afortunadamente, cuenta con Lorena, a quien conoció en el invierno de 2013 cuando fueron a ver una banda de rock. Habían pasado tres años desde que el joven, hoy de 33 años, comenzara a sentir en carne propia las consecuencias del glioma en su cabeza: primero le temblaban las manos y se le iba la voz. Luego el cuadro se pronunció. Lorena se enamoró de Mariano y se bancó críticas de la familia y de las amistades. Así y todo hace dos años el muchacho se mudó a la casa materna de ella, en Turdera, Lomas de Zamora. «No me quería hacer certificado. Era como caratularme y yo sé que voy a salir adelante», dice Mariano, quien inició su expediente en el Centro de Atención Local (CAL) de Lomas de Zamora que cerró sus puertas en agosto pasado.
El expediente de Mariano está en auditoría, el mismo estado que tiene el de Carlos, de Córdoba, quien inició su trámite en febrero de 2016. «El mes pasado fui como siempre a averiguar a la Comisión de Córdoba, pero me informaron que me lo habían devuelto pidiéndome dos cosas más. Son certificados médicos que ya había presentado y la actualización del laboratorio», indica Carlos, quien reconoce que el Estado por lo menos provee la medicación.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncia la existencia de un plan del gobierno nacional para reducir a su mínima expresión los alcances de los derechos para personas con algún tipo de discapacidad. «Entre 2016 y 2017 se dieron de baja 130 mil pensiones. Dijeron que fue un error y recularon. Pero aún falta que restituyan unas 60 mil pensiones. Estos 100 mil expedientes que están parados ahora son nuevos. No tiene nada que ver con esa primera movida nefasta. Ahora, el gobierno se perfeccionó y comenzó a echar quirúrgicamente a trabajadores de áreas sensibles para desguazar todo el sistema», graficó a Tiempo Walter Pignataro, secretario general de ATE Pensiones.
Esta nueva etapa a la que se refiere el gremialista contemplaría la expulsión de 60 trabajadores, muchos de ellos delegados, de diferentes sedes del país. Así fue que cerraron al menos tres CAL: el de Tigre, Lomas de Zamora y Moreno. Y, según denuncian, les siguen los locales de Necochea, Bahía Blanca, Ushuaia y Luján. En otras localidades, como Florencio Varela, Laferrere o Lanús, el Estado dejó directamente de pagar los alquileres y los servicios, denuncian en el gremio.
Silvia Moglie fue una de las licenciadas en Trabajo Social echadas de un día para el otro incluso cuando tenía contrato hasta diciembre de este año. «De mi sede, Luján, fuimos cuatro los que quedamos en la calle. Nosotros hacemos tareas de campo, elementales. Entre otras cosas, se bajó la orden de no laburar más en red: antes llegaba un dato a un hospital o cualquier organismo del Estado y se activaba una serie de dispositivos para que el solicitante pudiera acceder a ese derecho. Eso dejó de ocurrir. Tenemos que sentarnos a esperar. No se va a buscar a nadie. No se hace trabajo en territorio», graficó la especialista.
Todos los trabajadores fueron echados por Javier Ureta Saenz Peña, quien fue el encargado de hacer el trabajo sucio como flamante director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde centralizaron, a través de un decreto, cuatro áreas: la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis), la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, el Servicio Nacional de Rehabilitación y el Programa Incluir Salud. Esta área, por demás sensible, está supervisada por la vicepresidenta Gabriela Miccheti, quien apenas asumió su cargo como presidenta del Senado echó a 12 trabajadores discapacitados. «
