El 18 de julio de 2019, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento del defraudador Mariano Martínez Rojas y de los integrantes de la patota que lo escoltaron para irrumpir y provocar destrozos en la redacción de Tiempo Argentino y en las instalaciones de Radio América en la madrugada lluviosa del 4 de julio de 2016. El mismo fallo, sin embargo, revocó el procesamiento y dictó la falta de mérito del comisario de la Policía Federal, Jorge Guillermo Azzolina, negando así una verdad que nadie puede desconocer: uno de los ataques más feroces a la libertad de prensa en democracia sólo pudo haberse cometido con la connivencia de las fuerzas de seguridad. Más de dos años después, el Juzgado Criminal en lo Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, pretende reparar aquel acto requiriéndole “nuevamente” a la cúpula de la Policía Federal un informe que recabe los datos personales y el paradero actual, entre otros puntos, de todos los efectivos que cumplieron servicio en la ex Comisaría 31 durante las horas en que se produjo el ataque.

Con fecha 18 de agosto, el escrito del juez de Giorgi solicita información sobre los móviles de dicha comisaría asignados a la dirección del diario con indicación de quien hacía de chofer y de acompañante; los números de los teléfonos celulares que tenían asignados cada uno de los patrulleros que estuvieron activos esa noche y el detalle de si esos móviles poseían un sistema de rastreo satelital que permitiera conocer su ubicación en tiempo real durante las horas en cuestión.

También se le requirió  que remita al Tribunal “copias de toda documentación que se hubiere labrado en la ex Comisaría 31 con motivo de entrevistas, requerimientos, denuncias y solicitudes de acompañamiento y/o traslado hasta la sede del diario Tiempo Argentino desde el mes de enero hasta el mes de julio, ambos inclusive, del año 2016, efectuados por parte de Martínez Rojas”.

Para María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y representante de la Cooperativa Por Más Tiempo como querellante en la causa, esta medida judicial “coloca en el mapa la intervención de la policía en la intrusión”.

“Desde el primer momento –agrega– planteamos que Martínez Rojas no pudo haber hecho lo que hizo si no hubiera tenido a los patrulleros en la puerta. Ningún cerrajero hubiera abierto la puerta de la redacción sin un policía que le dijese que lo hiciera. Es importante el requerimiento del juez. Tanto Martínez Rojas como la patota ya tienen procesamiento firme y van a llegar al juicio oral. Los únicos que habían quedado en el aire eran los policías”. «