La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal le negó un recurso de apelación al defraudador Mariano Martínez Rojas, junto a los integrantes de la patota que irrumpió en la redacción del Tiempo Argentino el 4 de julio de 2016. Todos habían recurrido el procesamiento que les dictaron los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi por los delitos de “usurpación, daño, interrupción de un medio de comunicación y robo” con embargos de hasta ocho millones de pesos. Cuarenta días después de esa sentencia, los camaristas se negaron a conceder el recurso que presentaron para cuestionar esa decisión ante la Cámara de Casación, la máxima instancia de apelaciones en materia penal.
En un fallo de cuatro páginas, dictado el 28 de agosto pasado, los jueces advirtieron que el procesamiento no es una sentencia definitiva y que el recurso de casación sólo es utilizable para apelar medidas que «pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena». En este caso, por el contrario, los procesados tienen diez días para presentar un recurso de queja, mientras continúa la instrucción del caso en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que en abril pasado dictó los procesamientos de Martínez Rojas, de la patota y del comisario de la Policía Federal, Jorge Guillermo Azzolina.
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El uniformado zafó en segunda instancia porque los camaristas de la Sala I le dictaron la falta de mérito. Esa decisión no implica el sobreseimiento del comisario imputado, pero el caso del policía volvió a manos de Martínez de Giorgi que realiza nuevas medidas de prueba a pedido de la defensa de Azzolina. Sin embargo el rol del uniformado fue clave en el ataque de la patota y, posiblemente, la serie de pruebas que hay en el expediente impidieron que los jueces lo sobreseyeran.
Según reconocieron los miembros de la patota, fueron contratados por Martínez Rojas a través del uniformado, un conocido de la empresa All Access, contratada para realizar la custodia privada del Hipódromo de Palermo, bajo la supervisión de la entonces Comisaría 31° de la Policía Federal Argentina, con jurisdicción en la zona bajo órdenes del comisario investigado.
La abogada querellante por los trabajadores de la cooperativa Por Más Tiempo, editora de Tiempo, es María del Carmen Verdú, de CORREPI. Para la letrada, la decisión técnica del tribunal, «era previsible, ya que el intento casatorio reiteraba argumentos ya resueltos por el tribunal”. Sin embargo insistió sobre el rol de Azzolina: «Tanto el comisario Azzolina como el subcomisario Aparicio, cuya indagatoria y procesamiento estamos reclamando desde el primer día, jugaron un rol fundamental en el armado del ataque, ya que fraguaron un escenario de falsa legitimación para que el cerrajero violentara la entrada del edificio”.
Las pruebas reunidas
Entre las pruebas que sustentaron el procesamiento dictado en julio contra la patota, el tribunal consideró probado «que fueron cortadas las conexiones de red interna que asisten las computadoras», un punto que también fue respaldado «en el informe brindado por la empresa Cablevisión-Fibertel del que se desprende que el día del hecho se registró una interrupción del servicio de Internet que no era imputable a la empresa». También quedó demostrada «la sustracción de un disco rígido que implicó la reconstrucción total de la instalación del sistema informático que demoró aproximadamente diez horas e imposibilitó la emisión del diario”. El dato no es menor porque queda confirmado que la patota irrumpió al edificio del diario para impedir la salida del medio, luego de irrumpir en las instalaciones con la protección policial y la ayuda de un cerrajero contratado a tal efecto. Cuando lograron entrar golpearon y amenazaron a dos trabajadores del diario y luego los expulsaron para cortar todo el funcionamiento de la redacción.
El ataque, según los camaristas, tuvo a Martinez Rojas como coordinador. «Premeditó un plan plagado de conductas típicas obviando las vías legales para canalizar su reclamo”, aseguraron en julio pasado los jueces, pero al mismo tiempo le dictaron la falta de mérito al comisario Azzolina, un eslabón determinante en la cadena de responsabilidades para concretar el ataque.
Martínez Rojas es parte de una maniobra fraudulenta impulsada por el vaciador y autodenominado empresario Sergio Szpolski, que simuló la venta del diario Tiempo Argentino para eludir su responsabilidad en el cierre del medio a partir de la cesación de pagos de los salarios. Szpolski sigue libre y enfrenta investigaciones judiciales en el fuero penal económico, acusado de quedarse con los aportes y las cargas sociales de sus empleados. También fue citado a declarar en el juicio por la quiebra de Balkbrug SA (nombre de fantasía con el que editaba el matutino ahora recuperado por sus trabajadores), pero allí también trata de eludir su responsabilidad a través de testaferros.
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Apenas Martínez Rojas dijo haber adquirido el medio, sin aportar ninguna prueba, intentó suspender la salida del diario frente a los trabajadores del medio que llevaban dos meses sin cobrar. Esa decisión derivó en la toma del edificio por parte de los empleados en defensa de los puestos de trabajo, para evitar que avanzara el vaciamiento.
Durante la ocupación del edificio los trabajadores comenzaron a editar un boletín diario, luego realizaron dos ediciones digitales de su edición dominical y luego resolvieron continuar con la edición del medio como cooperativa. Tres meses después de su regreso a los kioskos, Martínez Rojas articuló un plan para impedir la salida del medio junto a una patota que comandó personalmente, según pudieron retratar los reporteros gráficos de la cooperativa durante la noche del ataque.
De todos los procesados que presentaron el recurso fallido, el único detenido es Martinez Rojas, encarcelado por la causa que investiga la “mafia de los contenedores” de la aduana. También está procesado por el ataque que protagonizó contra la planta transmisora de Radio América. Junto al fronting que puso Szpolski para armar la venta fraudulenta del diario, los otros procesados por los delitos de “usurpación, daño, interrupción de un medio de comunicación y robo” son Juan Carlos Blander (a quien le atribuyen una estrecha relación con el empresario de espectáculos Daniel Grinbank), Gabriel Martín Moraut, Henry Omar Castro Vargas, Carlos Alberto Ruiz Díaz, Carlos Roberto Antivero, Marcelo Mauricio Caña, Pablo Javier Batista, Diego Javier Chaves, Esteban Oscar Díaz, Rodrigo Ezequiel Roldán, Juan Carlos Moreno, Ovidio Leonardo Ramírez, Omar Osvaldo Ontivero y Alejandro Agustín Marostica Spahn”.
Los delitos por los que están procesados tienen penas de hasta 15 años de prisión. A pesar del entramado que conduce a su rol en la planificación de toda la maniobra, Szpolski sigue libre.
En un fallo de cuatro páginas, dictado el 28 de agosto pasado, los jueces advirtieron que el procesamiento no es una sentencia definitiva y que el recurso de casación sólo es utilizable para apelar medidas que «pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena». En este caso, por el contrario, los procesados tienen diez días para presentar un recurso de queja, mientras continúa la instrucción del caso en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que en abril pasado dictó los procesamientos de Martínez Rojas, de la patota y del comisario de la Policía Federal, Jorge Guillermo Azzolina.
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El uniformado zafó en segunda instancia porque los camaristas de la Sala I le dictaron la falta de mérito. Esa decisión no implica el sobreseimiento del comisario imputado, pero el caso del policía volvió a manos de Martínez de Giorgi que realiza nuevas medidas de prueba a pedido de la defensa de Azzolina. Sin embargo el rol del uniformado fue clave en el ataque de la patota y, posiblemente, la serie de pruebas que hay en el expediente impidieron que los jueces lo sobreseyeran.
Según reconocieron los miembros de la patota, fueron contratados por Martínez Rojas a través del uniformado, un conocido de la empresa All Access, contratada para realizar la custodia privada del Hipódromo de Palermo, bajo la supervisión de la entonces Comisaría 31° de la Policía Federal Argentina, con jurisdicción en la zona bajo órdenes del comisario investigado.
La abogada querellante por los trabajadores de la cooperativa Por Más Tiempo, editora de Tiempo, es María del Carmen Verdú, de CORREPI. Para la letrada, la decisión técnica del tribunal, «era previsible, ya que el intento casatorio reiteraba argumentos ya resueltos por el tribunal”. Sin embargo insistió sobre el rol de Azzolina: «Tanto el comisario Azzolina como el subcomisario Aparicio, cuya indagatoria y procesamiento estamos reclamando desde el primer día, jugaron un rol fundamental en el armado del ataque, ya que fraguaron un escenario de falsa legitimación para que el cerrajero violentara la entrada del edificio”.
Las pruebas reunidas
Entre las pruebas que sustentaron el procesamiento dictado en julio contra la patota, el tribunal consideró probado «que fueron cortadas las conexiones de red interna que asisten las computadoras», un punto que también fue respaldado «en el informe brindado por la empresa Cablevisión-Fibertel del que se desprende que el día del hecho se registró una interrupción del servicio de Internet que no era imputable a la empresa». También quedó demostrada «la sustracción de un disco rígido que implicó la reconstrucción total de la instalación del sistema informático que demoró aproximadamente diez horas e imposibilitó la emisión del diario”. El dato no es menor porque queda confirmado que la patota irrumpió al edificio del diario para impedir la salida del medio, luego de irrumpir en las instalaciones con la protección policial y la ayuda de un cerrajero contratado a tal efecto. Cuando lograron entrar golpearon y amenazaron a dos trabajadores del diario y luego los expulsaron para cortar todo el funcionamiento de la redacción.
El ataque, según los camaristas, tuvo a Martinez Rojas como coordinador. «Premeditó un plan plagado de conductas típicas obviando las vías legales para canalizar su reclamo”, aseguraron en julio pasado los jueces, pero al mismo tiempo le dictaron la falta de mérito al comisario Azzolina, un eslabón determinante en la cadena de responsabilidades para concretar el ataque.
Martínez Rojas es parte de una maniobra fraudulenta impulsada por el vaciador y autodenominado empresario Sergio Szpolski, que simuló la venta del diario Tiempo Argentino para eludir su responsabilidad en el cierre del medio a partir de la cesación de pagos de los salarios. Szpolski sigue libre y enfrenta investigaciones judiciales en el fuero penal económico, acusado de quedarse con los aportes y las cargas sociales de sus empleados. También fue citado a declarar en el juicio por la quiebra de Balkbrug SA (nombre de fantasía con el que editaba el matutino ahora recuperado por sus trabajadores), pero allí también trata de eludir su responsabilidad a través de testaferros.
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Apenas Martínez Rojas dijo haber adquirido el medio, sin aportar ninguna prueba, intentó suspender la salida del diario frente a los trabajadores del medio que llevaban dos meses sin cobrar. Esa decisión derivó en la toma del edificio por parte de los empleados en defensa de los puestos de trabajo, para evitar que avanzara el vaciamiento.
Durante la ocupación del edificio los trabajadores comenzaron a editar un boletín diario, luego realizaron dos ediciones digitales de su edición dominical y luego resolvieron continuar con la edición del medio como cooperativa. Tres meses después de su regreso a los kioskos, Martínez Rojas articuló un plan para impedir la salida del medio junto a una patota que comandó personalmente, según pudieron retratar los reporteros gráficos de la cooperativa durante la noche del ataque.
De todos los procesados que presentaron el recurso fallido, el único detenido es Martinez Rojas, encarcelado por la causa que investiga la “mafia de los contenedores” de la aduana. También está procesado por el ataque que protagonizó contra la planta transmisora de Radio América. Junto al fronting que puso Szpolski para armar la venta fraudulenta del diario, los otros procesados por los delitos de “usurpación, daño, interrupción de un medio de comunicación y robo” son Juan Carlos Blander (a quien le atribuyen una estrecha relación con el empresario de espectáculos Daniel Grinbank), Gabriel Martín Moraut, Henry Omar Castro Vargas, Carlos Alberto Ruiz Díaz, Carlos Roberto Antivero, Marcelo Mauricio Caña, Pablo Javier Batista, Diego Javier Chaves, Esteban Oscar Díaz, Rodrigo Ezequiel Roldán, Juan Carlos Moreno, Ovidio Leonardo Ramírez, Omar Osvaldo Ontivero y Alejandro Agustín Marostica Spahn”.
Los delitos por los que están procesados tienen penas de hasta 15 años de prisión. A pesar del entramado que conduce a su rol en la planificación de toda la maniobra, Szpolski sigue libre.
