El hostigamiento y persecución de la administración de Rodríguez Larreta contra las familias de la  comunidad educativa, no es una suposición. Las amenazas de la ministra de Educación, Soledad Acuña, se transformaron en hechos concretos, no sólo con la Policía porteña yendo a las casas de familias de estudiantes sino con las notificaciones que se conocieron en las últimas horas.

El documento llegó a manos del papá de un estudiante del Mariano Acosta, intimidándolo a abonar la suma de 1 millón 142 mil pesos, “por daños y perjuicios causado al erario público correspondientes al pago de salarios de personal por cada día sin clases debido a la toma de la escuela”. El documento aclara que el monto a pagar es por casa día que el establecimiento educativo no tuvo clases, como consecuencia del reclamo estudiantil.

El documento es firmado por el titular de la Dirección General Responsabilidad y Contrataciones, el abogado Daniel Leffler. El organismo tiene la función de intervenir en todos los asuntos judiciales en que participe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “fundados en relaciones contractuales y/o extracontractuales por daños por responsabilidad médica o aquiliana en los que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intervenga en cualquier carácter así como cuando sea dispuesto por el Procurador General y/o el Procurador General Adjunto de Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal”, destaca la información oficial.

Toma de escuelas

La embestida contra la toma de escuelas

“El GCBA no sólo denuncia madres y padres ante la justicia contravencional de la Ciudad. También pretende cobrarles inexistentes “daños y perjuicios” por salarios de docentes que son exclusiva responsabilidad estatal”, denunció la abogada y titular de la Correpi, María del Carmen Verdú. “Si recibiste una carta documento como ésta, contactanos”, agrega.

Las embestidas del gobierno porteño se profundizaron en la última semana con las denuncias contra familias, el hostigamiento de la policía porteña apareciendo de noche en los domicilios y las agresiones al movimiento estudiantil. El propio jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, los calificó de “extorsionadores” y “agresivos”. Se negó a dialogar con ellos: «Seremos inflexibles». Y los vinculó con “grupos pseudomapuches”, con “la extorsión del sindicato del neumático” y «el kirchnerismo que intenta anular las PASO. Es todo lo mismo”.

Desde la comunidad educativa aseguran que la administración de Rodríguez Larreta eligió a la educación como su caballito de batalla para situar a su enemigo, vaciarla y usarla como slogan electoral. Cabe señalar que en 2018 Acuña ya había denunciado a 43 familias por las tomas de sus hijos el año anterior.

No es el único ataque que sufrieron las familias durante este 2022. Hace un par de meses, CABA empezó a pasar a jornada extendida más de 30 colegios de manera compulsiva, sin consulta y sin un aumento de la inversión en infraestructura. La mayoría tendrá que modificar su organización semanal, o cambiar de colegio si no está de acuerdo con la nueva modalidad impuesta.  Y están las miles que no consiguieron vacante por ausencia de inversión. A pesar de que el 2022 fue un año récord de falta de vacantes, el Gobierno de la Ciudad no encaró ninguna escuela nueva.

Quieren expulsar a estudiantes

El jueves, vecinos y vecinas recibieron llamados a sus celulares desde un número sin identificar: «¿Los alumnos que toman escuelas deberían ser expulsados?», era una de las preguntas de la encuesta. Tiempo se puso en contacto con el Ministerio de Educación para indagar al respecto, y negaron haber realizado esa encuesta. Eran cinco preguntas entre las que se encontraban: «Le parecen que eran legítimas o ilegítimas que los alumnos tomen las escuelas para hacer sus reclamos», si «está de acuerdo con que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haga que los padres de los alumnos que toman las escuelas paguen por los daños y los costos relacionados con las tomas» y por último, y la más polémica, la encuesta pregunta: «Usted cree que los alumnos que toman escuelas deberían ser expulsados» “Son medidas contrarias y violatorias a las normas establecidas en la Constitución de la Ciudad, porque los chicos y chicas son sujetos de derecho y por lo tanto su reclamo deben ser escuchados y reconocidos”, destaca María Elena Naddeo, integrante de la mesa directiva de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH). “Incluso las amenazas de aplicar el Código Contravencional con sanciones millonarias a las familias, son totalmente violatorias de los derechos y la Constitución”.