La última detenida por el presunto encubrimiento del asesinato del joven futbolista de Barracas Central, Lucas González, negó haber tenido ningún tipo de contacto con los sobrevivientes del ataque policial.
La oficial de la Policía de la Ciudad, Teresa María Luján Scorza, fue reconocida en una rueda fotográfica por uno de los acompañantes de Lucas González como la uniformada que, cuando estaban esposados y tirados en el piso bajo la falsa sospecha de ser dos delincuentes, les gritó que dijeran “¿dónde tenés la droga?, que era un chorro, que a su amigo le tiraron porque hizo las cosas mal”. El fiscal Leonel Gómez Barbella le imputó los delitos de “encubrimiento agravado por la condición de funcionaria pública y ser el ilícito precedente especialmente grave, y privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de una funcionaria pública que actuó con abuso de sus funciones y por haber cometido tortura”. Y la jueza Paula Verónica González ordenó su detención.
Pero en la indagatoria, la oficial, de 35 años de edad, negó todo. Cuando la jueza le preguntó sobre los sobrevivientes “si habló con ellos o puso manos sobre los mismos”, la respuesta fue: “No, nunca, no hablé con ellos”. La jueza insistió y reformuló la pregunta, pero la policía de la Ciudad redobló la respuesta: “ninguna palabra, nunca tuve contacto con ellos”.
¿Por qué Scorza no había aparecido hasta ahora en una investigación que se inició en noviembre del año pasado? “En el momento en que sucedieron los hechos yo me encontraba recorriendo con ropas de civil, sí, porque pertenezco a la brigada”, explicó en la indagatoria. Aseguró que no conocía a prácticamente ninguno de sus compañeros, con excepción de los que –como ella- integraban la brigada. “Yo estuve con COVID recién en junio me presenté a prestar servicio en la comuna 4. Quiero aclarar esto por el poco tiempo que yo llevaba en la comuna 4 y mi desconocimiento de los efectivos que estaban alrededor mío cuando pasó el hecho”.
Scorza escuchó las modulaciones que contaban lo que había ocurrido y acudió al lugar con su chofer, el oficial mayor Santos Ochoa, quien aún no ha sido llamado a declarar. Cuando se acercó al lugar ya estaba infectado de policías.
Allí ocurrieron dos episodios centrales para la acusación en su contra y para la trama del encubrimiento por el que ya hay una quincena de detenidos. “Cuando vuelvo estos dos muchachos que estaban prevenidos en el piso, tenían dos compañeras mías que estaban inclinadas sobre ellos. Ellas si estaban con chaleco siam, yo no estaba con chaleco siam, yo solamente tenía puesto el chaleco antibalas. Una es Melina Miño, de características fisionómicas por así decirlo rubia y la otra es Bárbara Ojeda de características fisionómicas morocha”. Miño y Ojeda, según el relato, “estaban inclinadas sobre” los dos sobrevivientes. Sin embargo ambas gozan de falta del mérito y están en libertad.
En su recorrido, Scorza se encontró con un vecino que le refirió que había un cuarto joven, al que describió, que se había dado a la fuga. Si la sospecha policial era que se trataba de un grupo de jóvenes delincuentes, uno de los cuales tenía un arma (que luego se comprobó que fue plantada por la propia policía) la existencia de un prófugo es un dato fundamental para la investigación.
“Cuando yo me acerco para tomarle los datos a este vecino observo que ellos estaban en diagonal de visu, los veo que ellos estaban hablando con los prevenidos y se me acerca el subcomisario (Roberto) Inca el cual refiere que debo hacer un recorrido por la zona para ver si se descartó algún tipo de elemento”.
Scorza reconoció que estuvo “a dos metros” de los jóvenes que estaban en el suelo y esposados, pero no escuchó nada de lo que hablaba con las dos policías que estaban sobre ellos ni el resto de los uniformados que se multiplicaban en los alrededores. “Y, no, porque tenía el subcomisario al lado mío que me estaba dando directivas”.
El vecino testigo reapareció en la indagatoria. Un asistente de la fiscalía le preguntó a Scorza “si le aportó a alguien de la fuerza el dato del testigo que había conseguido qué hizo con ese dato”. La uniformada respondió: “lo tenía yo en mi tablilla, porque como al momento del hecho -luego me relevaron- no lo había presentado en ningún lado, solamente se lo dije al subcomisario que era en ese momento el señor Inca, se lo dije que tenía un testigo visual de un cuarto masculino que se había dado a la fuga”. Pero ese testigo no quedó registrado en el sumario ni le fue informado por escrito a ninguno de sus superiores. Se desvaneció en el aire. ¿Por qué no entregó esos datos al subcomisario Inca? “Porque él estaba con las consultas a los juzgados y él estaba con otros temas operativos y me los quedé yo”. Nunca, hasta la indagatoria, Scorza había declarado sobre ese testigo, ni lo asentó en el sumario, ni se lo hizo saber a los investigadores, ni siquiera a sus compañeros. Tampoco recuerda si conservó esas anotaciones.
Para la jueza y el fiscal esa omisión es suficiente, de momento, para rechazarle la excarcelación. En los próximos días se sabrá si también alcanza para procesarla y mandarla a juicio oral junto con otros 14 policías de la Ciudad que ya están recorriendo ese camino. Si una eventual condena se circunscribiera sólo al encubrimiento, las penas podrían llegar a los diez años de cárcel. Si se les sumaran las torturas, la condena en expectativa llegaría hasta los 25 años.
