La Campaña Nacional “Paren La Mano, Bajen Los Precios”, integrada por organizaciones sociales y de base, se movilizaron al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), para que controle y garantice el acceso al servicio eléctrico en los barrios populares, bajo la consigna “Sin abastecimiento de servicio cualquier cobro es un robo”. Aseguran que cada día millones de personas, en su gran mayoría habitantes de los barrios más postergados, ven vulnerados sus derechos básicos. Mediante un fuerte comunicado, afirman: “El no acceso al servicio eléctrico es una problemática que golpea duramente a una infinidad de personas, quienes no logramos hacernos de tal derecho básico tanto por las inalcanzables tarifas que nos obligan a abonar, como también por la pésima infraestructura que brindan para nuestros territorios”

Las organizaciones consideran que la falta de inversión en las instalaciones de luz es la que ha desencadenado terribles escenarios: Desde cortes del servicio eléctrico constantes “hasta incendios en nuestras casas que nos han hecho perder todo. Desde caídas de postes en nuestros barrios, hasta electrocuciones de niños y niñas, por cables que éstas empresas dejan sueltos”, agrega el comunicado y remata “¡Si se queman nuestras casas que se quemen sus fortunas!”

El planteo que acercaron hasta las oficinas del ENRE, ubicadas en Suipacha 615, tiene tres puntos principales: por un lado la cuestión de las facturas, ya que entienden que hay un esquema tarifario que es regresivo y que cobra más a los que menos tienen y no pueden pagar el servicio; en este punto advierten que existe transferencia de los recursos, desde los sectores populares, hacia los sectores concentrados de la economía. “Esto castiga no solamente a las familias sino también a instituciones comunitarias que cumplen un rol fundamental en este escenario de crisis, por ejemplo los clubes de barrio, la sociedades de fomento, las pequeñas y medianas empresas, y los talleres productivos que no tiene margen para afrontar los costos del servicio”, desarrolla en diálogo con Tiempo, Pablo Barboza, vocero del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), una de las organizaciones que se movilizó al ENRE.

El otro punto que plantean las organizaciones es la necesidad urgente de discutir todo el esquema de regularización: el de Infraestructura, de inversiones, de extender la red de tendido eléctrico, “para que esas millones de personas que en el año 2021 todavía no pudieron acceder a un servicio de energía de calidad, y que todavía tienen que recurrir a la informalidad mediante las conexiones irregulares y clandestinas, le pedimos al ENRE que eso se revierta y para eso tiene que haber inversiones y obras de infraestructura”, agrega Barboza.

El último punto en el cuál se encolumnó el reclamo, es referido a las ganancias que obtienen cada año las empresas privadas del sector. Desde la campaña, aseguran que solamente en lo que va del 2021, “150 mil millones de pesos es el estimado que destinó el Estado Nacional en concepto de subsidios para Edenor y Edesur, y queremos saber a dónde fueron esos fondos, porque también le habilitaron nuevos aumentos de tarifas”, destaca el referente del FPDS.

Multas y sanciones a Edesur y Edenor

El 30 de junio pasado, El ENRE sancionó a EDENOR por $150.067.290, por anomalías detectadas en instalaciones eléctricas cuya operación y mantenimiento se encuentran bajo su responsabilidad. Las sanciones comprendían un total de 2.947 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas en materia de seguridad eléctrica en la vía pública.

El pasado 9 de agosto, la Interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Soledad Manin, sancionó a EDENOR y EDESUR. El monto de las sanciones asciende a $10.766.700 para el caso de EDENOR y $4.342.300 para EDESUR, “por incumplimiento de los niveles exigidos en la Resolución ENRE N° 270/2008 en cuanto a atención personalizada, capacitación del personal destinado a la atención telefónica en normas y reglamentaciones vigentes y trato cordial para con las personas usuarias”, señala la información oficial. Dichas irregularidades fueron detectadas en las tareas de auditoría que se desarrollan en el ENRE y que permiten un monitoreo constante de los parámetros de calidad que se les exige a las concesionarias.