La justicia porteña le ordenó al gobierno de la Ciudad profundizar el plan de descontaminación de las formaciones del subte con presencia de asbesto. La  jueza María Elena Liberatori ordenó una serie de medidas entre las que se encuentra la toma de muestras de gran parte de las formaciones que se encuentran en circulación.  Además, solicitó a  Metrovías y Sbase que en el plazo de 10 días hábiles informe al Tribunal el listado de trabajadores que han desempeñado tareas en el ámbito del Subte en el período de 40 años que podrían estar afectados por la inhalación de polvo de asbesto presente en las fibras de amianto, un peligroso componente que puede causar enfermedades respiratorias.

La magistrada le dio lugar a lo solicitado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) en el amparo ambiental promovido para exigir «la desabestización completa y definitiva del subte y premetro». Mientras esto ocurre, más de 600 trabajadores ya pasaron por exhaustivos estudios médicos para determinar si presentaban síntomas respiratorios compatibles con la exposición al asbesto. Al menos 14 de ellos debieron ser licenciados al tener resultados positivos.

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La jueza dispone en el plazo de diez días hábiles «se tomen muestras de piezas, materiales o componentes sospechados de asbesto» de las flotas Nagoya (versiones 300, 1200 y 5000), CAF 6000, CNR Almston, Fiat, General Electric, Siemmens, Materfer. La jueza extendió la toma de muestras a «los sectores de instalaciones fijas también sospechados de contener elementos con asbesto», tales como la usina, escaleras mecánicas, cables de alta tensión y señales que corren en paralelo a las vías «elementos que no solo atañen a los trabajadores sino también al colectivo de usuarios y de cualquier habitante».

Los mencionados  modelos de formaciones Nagoya se utilizan en las línea C y D, los CAF 6000 en la B, los Fiat en la E, los General Electric en las C, D y E, y los Siemmens en todas las líneas a excepción de la B. En el premetro circulan los vagones Materfer. Hasta el momento el gobierno reconoció la presencia de asbesto en los Mitsubishi y CAF 5000 que fueron comprados al Metro de Madrid, en España, donde se dio a conocer  el riesgo que presentan estas formaciones luego del fallecimiento de varios trabajadores en aquel país.

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Entre los fundamentos de la sentencia se señala que según la Resolución 823/2001 del Ministerio de Salud de la Nación se prohíbe el uso de fibra de Asbesto, siendo ésta una sustancia cancerígena comprobada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, y que la Organización Mundial de la Salud estableció que la aparición de los efectos a la exposición al Amianto es independiente de la dosis de la exposición, “siendo imposible establecer niveles de exposición seguros”.

La responsabilidad del Gobierno de la CABA ha quedado puesta de manifiesto, según lo indicado por la resolución judicial, en las propias declaraciones del Presidente de SBASE, según las cuales “… no vieron en su momento los Manuales técnicos de las formaciones que la ciudad compró a España, dada su voluminosidad y asumiendo que el metro de Madrid no vendería vagones con material cancerígeno, siendo que rige en la Unión Europea la prohibición de uso de amianto desde el año 1999”. Concluye en consecuencia la Jueza que “las argumentaciones o justificaciones del funcionario evidencian la escasa o ninguna sensibilidad en materia ambiente y por cierto un absoluto desconocimiento técnico de las consecuencias que a la vista están”.