“No nos dejan trabajar, protestamos y ejercen violencia institucional sobre nosotros”, es una frase que resume lo que ocurre en una Ciudad de apenas 35 mil habitantes ubicada en la provincia de San Luis. Hace varios meses, artesanos del municipio de Villa de Merlo, son hostigados por las autoridades gubernamentales que encabeza el Intendente Juan Álvarez Pinto de Juntos por el Cambio. Son 200 familias que desde hace años realizan sus actividades en la Plaza Sobremonte, que lleva de nombre el apellido de quien ostentó gobernar esas tierras y fundador del municipio en 1797.

Desde enero de 2020, hace ya un año y medio, los artesanos que históricamente trabajan en esa plaza, entre los que se encuentran: productores artesanales que ofrecen productos orgánicos realizados en sus propias huertas; artesanos que realizan licores, alimentos al escabeche; y los que elaboran diferentes mercaderías para ofrecer al público; solo pudieron trabajar seis días. A raíz de esta situación y cansados de que el municipio no atendiera sus reclamos, decidieron manifestarse el pasado 8 de mayo en la misma Plaza Sobremonte. Fue una manifestación pacífica donde mostraron sus trabajos y exhibieron públicamente la problemática”. Un mes después de esa manifestación, llegaron a cuatro domicilios una cedula de notificación del juzgado de faltas por la violación de una ordenanza municipal. Con el correr de los días llegaron alrededor de 8 notificaciones con multas que van de 50 mil a 60 mil pesos.

Alejandra Sosa, presidenta de la Asociación de Artesanos de Merlo y el Comechingones, en diálogo con Tiempo manifestó que “esto es claramente un acto de persecución, discriminación y violencia de género, ya que de las 8 notificaciones 7 fueron dirigidas a mujeres artesanas en una situación de vulnerabilidad social y económica, que están solas con sus hijos y con una perimetral con sus ex parejas. Es más, una de las chicas que recibió la notificación ni siquiera estaba presente en el lugar”. Otro hecho grave que denuncia la titular de la asociación de artesanos, es que la citación que le llegó a ella, que debería haber sido entregada en mano, “la encontré sobre el asiento de mi vehículo, ya que impunemente, la persona que venía a entregarlas, aprovechando mi ausencia momentánea, entró a mi domicilio, avanzo por el patio de mi casa, abrió mi vehículo y dejo la citación sobre el asiento. Se sienten totalmente impunes”, narra Sosa y agrega “además las citaciones se basan en actas que jamás se realizaron. Ningún funcionario se acercó a labrarnos ningún acta. Es por eso que están faltando a la verdad y son ilegales”.

 El actual mandatario municipal, Juan Álvarez Pinto, es hijo del ex intendente Jorge Timoteo “Pampa” Álvarez, quien también ocupó en la década del 90 la intendencia de Villa de Merlo. Actualmente, “el pampa”, como se lo conoce en San Luis, se postula para candidato a Diputado Nacional en la alianza Juntos por el Cambio. “Este desprecio a las y los artesanos viene desde la época en que “el pampa” era jefe municipal, ya que tampoco dejaba trabajar a los artesanos en las plazas, y en varias oportunidades los sacó con la policía, bajo una fuerte represión, levantándoles con una pala mecánica todos los puestos”, agrega Sosa.

Los feriantes, denuncian que este hecho también esconde un acto de discriminación, dado que el actual intendente de Merlo solo deja trabajar en ese espacio público a integrantes de ferias que pertenecen a empresas gastronómicas privadas, y a los que están nucleados en la denominada “feria franca”, un espacio integrado por empleados que venden productos agroecológicos.

Tocaron todas las puertas, hablaron y concientizaron a cada vecino y vecina del municipio, y también, a principios de este mes, se reunieron vía zoom con concejales de todos los espacios políticos para que intermedien en la situación. En ese encuentro los artesanos plantearon que el ejecutivo local ejerce sobre ellos violencia institucional y persecución ideológica y pidieron por la nulidad de las actas labradas y que se realice una investigación a quienes las firmaron por considerarlos “funcionarios corruptos”. En esa misma reunión, la Dra. Silvana Ramírez, abogada de los artesanos, anunció que se realizará una denuncia penal a los agentes por la falsificación y/o adulteración de las actas.
En la última sesión del Consejo Deliberante, cuatro concejales de la oposición, presentaron un proyecto para dar de baja “y declarar nula las falsas actas, pero o sorpresa: El oficialismo se negó a tratar el tema y lo mandó a una comisión, para ser tratado luego de las vacaciones”, termina Sosa.