Con colas de varios kilómetros de autos en algunos de los ingresos a la Ciudad de Buenos Aires, arrancó este miércoles la cuarentena más estricta en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Una medida que también se aplicará en la provincia de Chaco, el departamento rionegrino de General Roca y el aglomerado urbano de Neuquén y que busca reducir la circulación de personas por 16 días e intentar frenar los contagios de coronavirus en las zonas críticas.
La nueva etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio, que se extenderá del 1 al 17 de julio, se inicia con mayores controles de tránsito en los accesos a la Ciudad, restricciones al uso de transporte público, que sólo será para personal esencial, y reducción de las actividades comerciales habilitadas.
De acuerdo con el DNU presidencial, publicado el lunes, «en los últimos 20 días» hubo un «aumento acelerado de casos del 136,4%», un incremento «del 95,6% de personas fallecidas» y creció un «74% la cantidad de personas internadas en unidades de terapia intensiva por coronavirus».
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En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó ayer que hubo «un aumento muy preocupante de los casos» de coronavirus y de la demanda de camas y confirmó que actualmente hay casi 4.000 personas aisladas por haber estado en contacto estrecho con enfermos de Covid-19.
«Si con todo el esfuerzo de la gente, algunos convencidos y otros no, junto al que estamos haciendo desde el gobierno, se logra bajar la curva de casos vamos a proponer el desandado paulatino de las medidas”, sostuvo Fernán Quirós, ministro de Salud de la Nación.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, expresó ayer su confianza en lograr «aplanar o reducir la curva» de contagios y frenar el crecimiento exponencial en la región, como resultado de las nuevas restricciones que rigen desde hoy.
Por otro parte, la situación de Chaco, comprometida desde el inicio de la cuarentena en el área conocida como el Gran Chaco -y sin signos de que aminore la velocidad de contagios-, está entre las prioridades del gobierno de Alberto Fernández, quien acordó con el gobernador Jorge Capitanich el envío de médicos y de personal de las fuerzas de seguridad para asistir a la provincia durante la emergencia.