Mientras la búsqueda de Micaela García ganaba espacio en los medios y las redes sociales, la foto de otra adolescente comenzó a circular. Se trataba de Araceli Fulles, cuya madre se había quedado aguardando su llegada a casa el 1 de abril. Micaela apareció asesinada el sábado 8, un mes después del histórico Paro de Mujeres, y de Araceli aún no se sabe nada. A falta de respuestas de la Justicia y las fuerzas de seguridad, las organizaciones sociales se sumaron a la búsqueda. Ambos casos exponen la falta de políticas públicas efectivas para abordar estas violencias.

Hay más de 6033 personas buscadas por el Estado. La mayor cantidad de búsquedas corresponden a adolescentes mujeres y, precisamente, es el segmento que arroja menor cantidad de resultados para dar con su paradero. El dato surge del último informe sobre «Búsqueda de Personas en Democracia», elaborado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) a fines de 2016. Allí, la Procuración General de la Nación plantea que esto puede deberse a «la explotación sexual prostibularia, interna o externa, y/o de los femicidios, que en ocasiones conllevan una apropiación del cuerpo de las víctimas por parte de sus autores».

Concretamente son 3228 las niñas, adolescentes y mujeres adultas buscadas. De ellas, el grupo etario que concentra el mayor número de desapariciones es el de 12 a 18 años, con una tendencia aún más marcada en el caso de las adolescentes. Precisamente para prestar asistencia a las fiscalías de todo el país en el trámite de las causas por hechos de secuestro extorsivo, trata y delitos conexos es que se creó la Protex, aunque no siempre es convocada a participar de las investigaciones.

En el caso de Araceli, por ejemplo, la fiscalía N° 2 de San Martín que investiga el caso no pidió su colaboración y, por tanto, no puede intervenir en la causa. Los familiares, mientras, sospechan de que la menor esté siendo víctima de una red de trata y por eso hicieron la denuncia esta semana a través de la línea telefónica 145. «Es una familia desesperada y quiere descartar todas las hipótesis», explicó Zaida Gatti, titular del Programa Nacional de Acompañamiento a Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia.

Tanto el caso de Araceli como el de Micaela volvieron a poner el eje en las falencias del Estado. Esta semana Amnistía Internacional pidió al Ejecutivo que releve los casos de femicidio de manera oficial, genere estadísticas sobre las dimensiones y tipos de violencia que sufren las mujeres. «