Una seguidilla de resoluciones judiciales desfavorables para el gobierno porteño, motorizadas por organismos públicos y abogados, ha logrado suspender parcialmente algunas medidas más regresivas de la cartera educativa. Tiempo reunió a Ramiro dos Santos Freire, defensor oficial de Primera Instancia e integrante del Ministerio Público de la Defensa; Ana Cueva Rey, asesora tutelar interina a cargo de la Asesoría Tutelar N° 2 del Ministerio Público Tutelar; y a Cecilia Fernández y Adrián Albor, integrantes del Grupo de Litigio Estratégico (GLE). Todos advirtieron que lo que se viene es una cadena de amparos que buscarán detener el cierre de los colegios comerciales nocturnos, por un lado, y el avance del proyecto de la UniCABA, por el otro, y coinciden en que no conocen un caso similar en el mundo donde un gobierno haya decidido eliminar escuelas de un plumazo.
En temas relacionados con educación pública, la Justicia casi siempre falla a favor de los demandantes, y uno de los casos más concretos es el de la falta de vacantes: el 100% de quienes judicializan el reclamo de un vacante en la educación de gestión estatal en la Ciudad obtuvieron un fallo favorable. Ahora, diferentes organismos encaran la judicialización del cierre de escuelas nocturnas y el que podría afectar a los Institutos Superiores de Formación Docente, si prospera la UniCABA.
En este marco, el último fin de semana de 2018 la ministra Soledad Acuña recibió varios reveses judiciales, entre ellos, la suspensión del cierre de carreras terciarias y el traslado de los institutos de formación técnica Nº 9, de Monserrat, y N° 22, de Parque Patricios; y la negativa del traslado de la Escuela de Cerámica N° 1 de Villa Crespo a Mataderos.
«El cierre de escuelas es una medida inconstitucional, en cuanto afecta gravemente distintos derechos, como el acceso a la educación reconocido en la Constitución», afirma Santos Freire, quien presentó el amparo que logró suspender el cierre de carreras terciarias y el traslado de los Institutos de Formación Técnica. «Los Estados tienen prohibición de tomar medidas deliberadamente regresivas en materia de derechos, y particularmente deben evitar que afecten a grupos en situación de vulnerabilidad social», remata el defensor oficial.
«Las autoridades del Estado deben dar las razones que justifiquen cada medida que toman», advierte Cueva Rey, en referencia al cierre de las escuelas nocturnas. «Fue por eso que en el expediente judicial se requirió como medida preliminar que el GCBA adjunte la documentación respaldatoria, para determinar la validez o no de la decisión», agrega la asesora tutelar interina, en referencia al expediente presentado por ella por el que el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 15 convocó a una audiencia entre el Ministerio de Educación y la Asesoría Tutelar para el próximo 7 de febrero.
Desde el GLE, el abogado Adrián Albor, señala que «ya es tiempo de que la Justicia frene el cierre de escuelas y profesorados». A pedido de la comunidad educativa del colegio Rogelio Yrurtia, él y su equipo lograron que la jueza Elena Liberatori cite a audiencia pública a la ministra Acuña para impedir que la Cerámica N° 1 sea reubicada en terrenos del Yrurtia. «El gobierno porteño transita por los márgenes, una verdadera línea delgada entre la legalidad y la ilegalidad. Para detener todo esto, se necesitan jueces con valentía, que no teman a las consecuencias a las que nos tiene acostumbrado este gobierno», arremete Albor. Explica que la Resolución 4055, que dicta el cierre de 14 escuelas nocturnas, es contrario al artículo 24 de la Constitución porteña, que asegura la educación pública, y a la Ley Nacional de Educación, que prevé esa modalidad de escuelas para adultos. Lo mismo ocurre con la UniCABA, que supone el progresivo cierre de los profesorados.
Respecto a la UniCABA, «el gobierno buscó obturar la reacción jurisdiccional, sosteniendo la simultaneidad de los sistemas, como clara estrategia para dificultar las acciones», afirma la abogada Cecilia Fernández, integrante del GLE. La letrada considera que pretenden desalentar la formación docente, exigiendo mayores requisitos de formación para poder dictar clases. «¿Qué pasará cuando los profesorados empiecen a tener menos matrícula si desde el gobierno se desalienta la carrera? ¿Cómo repercutirá eso en el acceso a la educación si las instituciones se alejan de los alumnos?», concluye Fernández. «
Las estrategias jurídicas que vienen
Tanto el Ministerio Público de la Defensa, el Tutelar y el Grupo de Litigio Estratégico, ya tienen una maniobra definida para suspender el cierre de escuelas y profesorados. El primero, en el ámbito estrictamente judicial, va a demostrarle al juez cómo se afectan derechos, especialmente de los más débiles. En el mismo sentido, desde el Tutelar afirman que lo más efectivo es un amparo colectivo que contenga a los chicos de 15 a 18 años que concurran a las escuelas nocturnas de la Ciudad. Por su parte, desde el GLE sostendrán «que tanto para la UniCABA como para el cierre de escuelas, no se consultó a la comunidad educativa; y que esos espacios educativos son necesarios para que esté garantizado el acceso a la educación de determinada parte de la población».
