Inacayal fue un cacique mapuche que permaneció cautivo en el Museo de La Plata. En un hotel de lujo que lleva su nombre tuvo lugar el miércoles el segundo Foro Consenso Bariloche, «por una Patagonia sustentable y en paz». Durante el encuentro fue muy elogiado un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia que entiende que la comunidad Lof Che Buenuleo, con presencia ancestral y resistiendo un proceso de desalojo, comete usurpación. No se hizo referencia, en cambio, a otro fallo de esta misma semana que ordenó a Joe Lewis a reabrir el camino al Lago Escondido, que ostenta como propiedad privada. El gobierno de Arabela Carreras -que este año, a diferencia del anterior, decidió a último momento no participar del Foro- sentó postura sobre el tema: anunció que apelará la sentencia contra el magnate inglés. Esa doble vara de quién accede a lo público y lo privado es hoy Bariloche.
«Se reconoce, se respeta y se defiende el libre acceso al lago, el tema es que el fallo avanza sobre potestades del Ejecutivo. Dice que hay que abrir tal camino, que es Tacuifí, pone 90 días para realizar la obra, lo cual es imposible en la práctica», afirmaron a Tiempo desde el gobierno provincial. En el comunicado oficial agregaron que apelarán la apertura de un «segundo camino», algo que no está dicho en el escrito de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche. Ana Wieman, de la organización Árbol de Pie y una de las denunciantes en la causa, respondió: «El señor de Vialidad y el Fiscal de Estado están mintiendo al apelar. Es mentira que hay que hacer un nuevo camino. Hay que poner en condiciones el existente».
«Es gente que se maneja como si fuera un país aparte. Un inglés, en zona de frontera donde está prohibido por ley vender a extranjeros. Hubo un juez que se jugó, una sentencia histórica, y no logramos que se cumpla», lamentó en relación al fallo de 2013 que acaba de ser ratificado. Para Wieman, hay aval local hacia Lewis por parte de «gente que tiene casa con costa y todo el tiempo hay que estar vigilando qué hacen, porque no quieren que la gente pase. Acá no está el tema mapuche, es un derecho de toda la comunidad el acceso al lago».
Estudios de abogados, juntas vecinales que denuncian usurpaciones, sociedades rurales, comerciantes, empresarios náuticos (uno de ellos, denunciado por avanzar sobre la reserva ambiental de Llao Llao) y entes turísticos, conformaron hace poco más de un año la Mesa de Consenso, autoproclamada «espacio de diálogo» que busca «visibilizar la temática del otorgamiento de grandes extensiones de tierras de uso público en los alredores de la ciudad». La Mesa fue la que encabezó el segundo Foro donde los únicos conflictos territoriales abordados fueron los atravesados por la cuestión mapuche, y que cerró con el filósofo Santiago Kovadloff. Un blanco fue la Ley 26.660, que frena los desalojos y establece relevar los territorios de las comunidades. El diputado por la UCRA, Fabio José Quetglas, que abrió el Foro, sentenció a Tiempo: “Si tenés dos mil comunidades y no relevaste a mil, el problema es del relevador. Si el problema es que falta relevar la mitad, el problema es del Estado”.
Durante el Foro en la puerta del hotel se exhibieron pancartas con consignas como «Gobernadora, desaloje ya a los maputruchos/delincuentes de las usurpaciones Mascardi, Pampa de Huenuleo y Cuesta del Ternero». Las portaban manifestantes con banderas argentinas y con el logo del libertario NOS Río Negro. «El año pasado fuimos al primer Consenso Bariloche cuando vinieron (Patricia) Bullrich, (Miguel Ángel) Pichetto, la gobernadora. Hicimos un escrache. Este año lo que vemos es que son marginales de la derecha y no les íbamos a dar entidad yendo. Quedan en evidencia, porque los carteles que se ven representan a la derecha violenta que venimos denunciando hace dos años, que son desestabilizadores de la democracia, que son racistas», describió Orlando Carriqueo, werken (vocero) del Pueblo Mapuche en Río Negro.
En un cruce donde las acusaciones por violencia van en ambos sentidos, Quetglas opinó que “puede haber matices, pero todos sabemos que cuando una persona dice que del otro lado hay violencia está buscando una legitimación a la acción directa que en una democracia con marcos institucionales no se puede permitir. Si habilitamos eso, no se sabe dónde termina”.
A la par de Bariloche, existe la Mesa de Consenso Comarca Andina del Paralelo 42, que en febrero rechazó la caminata por el reclamo de la apertura del Lago y se declaró «a favor de Lewis». Rechazaron «la intervención de grupos organizados para desinformar y generar desencuentro y violencia en nuestra región. Queremos construir progreso y desarrollo en este lugar que elegimos, nuestro paraíso».
Madgalena Odarda, extitular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, suma los planteos recientes de los Colegios de Abogados de Bariloche y CABA: «hubo una seguidilla de charlas donde se concentra la derecha argentina que tiene intereses claros. Van a buscar la tierra de los pueblos indígenas y por eso se niegan a las mesas de diálogo y piden represión, balas. (José Luis) Espert directamente lo dijo. Federico Massoni –exministro de Seguridad de Chubut– habló de salir a cazar mapuches. Esto de consenso no tiene nada». «
Contra los discursos de odio
«Frenamos 80 desalojos en mi gestión y quizá todo eso es lo que hoy hace que se reúnan los dueños de la tierra, los descendientes de aquella Campaña del Desierto y sus beneficiarios del reparto de tierra, con ese discurso de odio que debe frenarse para no generar más muerte», resalta la extitular del INAI, Magdalena Odarda. Y hace referencia a un «racismo extremo que pareciera que está de moda y trae votos. Como defensora de pueblos indígenas, sé que fuimos las primeras víctimas de estos discursos de odio».
Para Orlando Carriqueo, vocero mapuche, las autoridades de Río Negro «no quieren mapuches en el territorio, por eso su política es antimapuche, lo tenemos claro. Lo que no sabemos es si no decidieron presentarse en el Foro por una cuestión electoral; por miedo al escrache y a quedar pegados a un sector de la derecha que viene impulsando la violencia desde hace años».
