El viernes 13 de mayo, a las pocas horas de que el oficialismo porteño aprobará la modificación inconsulta del estatuto docente, Tiempo dio a conocer una situación que sucedió en varias cooperadoras escolares de escuelas de la Ciudad. Mediante mensajes de WhatsApp, el ministerio de Educación que conduce Soledad Acuña empezó a circular un cuestionario entre familias, referentes y titulares de las asociaciones de cooperadoras, con una planilla digital con preguntas como: ¿Cuál creés que es el rol de la cooperadora en la escuela? ¿Qué nueva función te gustaría que reciba la cooperadora con la ley? ¿Considerás necesaria la Ley de Cooperadoras? y ¿Qué temas no pueden faltar?
Las familias de la comunidad educativa que administran las cooperadoras escolares, aseguran que el cuestionario enviado por Soledad Acuña, tiene el objetivo de imponer su propia Ley de Cooperadoras, y esto roza con el desconocimiento de que ya existe una norma nacional hace 10 años, o que, en el peor de los casos, Acuña intenta ignorarla para aplicar sus propias reglas.
La falta de adhesión a la norma nacional, entre otras cosas, no les permite mayor autonomía a las cooperadoras porteñas. Rápidamente resurgió una vieja consigna que descansaba en la agenda de reclamos históricos: la adhesión de la Ciudad a la Ley Nacional de Cooperadoras Escolares. Desde diferentes sectores aseguran que, con este cuestionario enviado por WhatsApp, Soledad Acuña quiere “hacer de cuenta que” la comunidad educativa participa de la elaboración de una Ley, pero que seguramente ya la tienen redactada como ocurrió con la modificación del estatuto docente.
A raíz de este hecho, el Frente de Todos presentará este lunes a las 16:30 en el Salón Jauretche, un proyecto para adherir a la Ley 26.759, que fue sancionada en agosto de 2012. “La presentación de la adhesión responde a una demanda de las cooperadoras, que exigen desde hace años que haya un marco normativo para su actividad y que se piense con ellas”, explica a Tiempo la diputada porteña Maru Bielli que será la encargada de presentar el documento en la legislatura. “Sostenemos que las cooperadoras deben ser parte constitutiva y las jurisdicciones deben promover su conformación y garantizarles un rol protagónico en el desarrollo del proyecto institucional de las escuelas”, explica a Tiempo Bielli y agrega: “La ciudad nunca adhirió a la ley nacional ni construyó un marco normativo propio. Por el contrario, el FUDE (Fondo destinado a las cooperadoras) ha ido perdiendo lugar en el presupuesto de educación, no existe acompañamiento en la conformación de cooperadoras y en algunos casos, como el Álvarez Thomas, se intentó desarticularla”.
Pablo Cesaroni, titular de Cooperadores en Movimiento, aseguró que “es muy importante para las cooperadoras tener un marco donde se manifieste claramente la importancia que tienen y también alguno de los ejes para desarrollar en cada una de las escuelas, y eso está expresado en la Ley Nacional de Cooperadoras que se aprobó en el 2012”.
El referente de cooperadoras escolares, afirma que muchísimas asociaciones están planteando la necesidad que esto se concrete y que la Ciudad Adhiera a la Ley Nacional. “Vamos a seguir defendiendo la educación pública, y vamos a seguir reclamando por nuestros espacios para poder aportar a que cada uno de los chicos y chicas que van a una escuela lo puedan hacer en las mejores condiciones y tener edificios dignos para todas y todos”.
Falta de autonomía para gestión y financiamiento
La Ley Nacional de Cooperadoras contiene 11 artículos y resuelve de fondo varios de los inconvenientes que padecen a diario las familias que integran las asociaciones de las escuelas porteñas. Entre otros puntos, garantiza la integración de la comunidad y la democratización de la gestión educativa; y en su artículo 6, estipula que las cooperadoras escolares podrán: “Recibir aportes y subsidios que otorguen las autoridades nacionales, provinciales o municipales; Recibir contribuciones de sus integrantes, las que en ningún caso serán obligatorias para éstos; y recaudar fondos a través de la realización de actividades organizadas con el consentimiento de las autoridades escolares, así como recibir contribuciones y/o donaciones de particulares, empresas y organizaciones de la sociedad civil”. Este último punto es vedado en la mayoría de las cooperadoras por el gobierno porteño, dejando relegada la realización de eventos (artísticos, culturales, festivos) para que las cooperadoras de escuelas porteñas puedan recaudar fondos y subsanar el poco presupuesto anual que les destina Soledad Acuña. “Cada escuela debería tener su cooperadora, familias organizadas que a la par de la conducción, los docentes y los estudiantes puedan hacer de la escuela un espacio cada día mejor, y eso necesita reglamentarse y regularse y que no quede a disposición de las personas puntuales que ocupan esos roles circunstancialmente”, destacó a Tiempo Patricia, del cuerpo de delegados y delegadas de la Comuna 5. “No tenemos ninguna ley que nos regule. La única normativa que nos ampara es una ordenanza municipal que ha quedado caduca. Es sumamente necesario para que la comunidad educativa en su conjunto crezca y se fortalezca”, agrega.
