La lucha de la asamblea El Algarrobo contra la megaminería en Andalgalá, Catamarca, lleva once años. Cada sábado, desde hace más de una década, realizan una caminata para protestar contra el avance minero que consideran ilegal. La última caminata, la 584, fue masiva. Y distinta a las demás: terminó con episodios violentos y la quema de la oficina de la minera Agua Rica. Las y los asambleístas apuntan contra infiltrados y remarcan que llevan años de protestas pacíficas. Pese a esto, se desató una cacería sobre sus referentes: persecución policial y siete personas que permanecen detenidas, en medio de rumores sobre más allanamientos durante este miércoles.
“Todo surge porque el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, se realizaron una caravana y dos bloqueos en los caminos que usa de forma ilegal la minera Agua Rica. Nos llega la información de que estaban pasando una máquina perforadora y algunos compañeros lograron filmar y publicar esas imágenes. A partir de eso esperábamos que el sábado tuviéramos una caminata masiva y pensábamos que habría fuerte presencia policial. Pero fue nula”, relató a Tiempo, Gabriela, miembro de la asamblea y la radio comunitaria El Algarrobo. Y siguió: “Los días previos a la caminata, a raíz del aumento de casos de coronavirus se pide intervención de la Policía de la provincia, supuestamente para colaborar con las medidas de aislamiento. Pero en realidad no se pidieron insumos para el hospital ni personal médico; el hospital esta desabastecido y la población está asustada por eso. Así se militarizó Andalgalá. Empezamos a ver persecuciones a compañeros que pusieron la cara y el cuerpo en los bloqueos”.
Luego, durante la caminata número 584, “algunos infiltrados iniciaron acciones violentas con bombas molotov y la quema total de la oficina de Agua Rica. El fuego ese no se inició de la asamblea, siempre trabajamos de forma pacífica”, resaltó la mujer. “Los bomberos están a una cuadra de la empresa y no llegaron para detener el fuego. No es verdad que se impidió el paso a los bomberos ni que se atacó a la policía, que no fue”, añadió. Tras la violencia, el lunes comenzaron los allanamientos y las detenciones. Siete personas permanecen en la comisaría local, frente a la cual se instaló un grupo de asambleístas para reclamar la liberación y pedir por la integridad física de los seis hombres y la mujer detenida.
“En los allanamientos hubo una violencia desmedida e innecesaria. Una persona de 72 años fue arrojada al piso, esposada y apuntada mientras duró el allanamiento. Otro compañero se entregó de forma espontánea cuando supo que había una orden de detención y sin embargo allanaron su casa con su mamá y su nene de 6 años, los incomunicaron y destrozaron la casa”, relató la asambleísta.
El referente provincial de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Gustavo Molina, dijo a la prensa local que los hechos violentos fueron “premeditados” y los responsabilizó por la cancelación de la contratación de 50 trabajadores del distrito. “Lo que consiguieron es arrebatar a la comunidad la posibilidad de estar generando nuevos puestos de trabajo”, destacó. Y sostuvo, pese a los fuertes reclamos contra la megaminería, que “Andalgalá es por tradición un pueblo minero”.
“En 11 años nunca tuvimos este tipo de acciones violentas. Siempre fuimos por la vía institucional y de la comunicación, con una radio comunitaria, acampes frente a la Corte Suprema de Justicia, siempre lo hemos hecho de esta forma. Consideramos que en este momento es imprescindible la liberación de nuestros compañeros y compañera y estamos en alerta máxima”, resumió la integrante de la asamblea.
Mientras la minera continúa con su trabajo en la zona, la persecución a militantes sigue. En los barrios se vienen realizando ruidazos a las 21, tras el cese de circulación de las 20 dispuesto por las restricciones en plena pandemia, y en el último varios vecinos y vecinas advirtieron sobre presencia policial y drones en torno a las viviendas de las y los principales activistas contra la megaminería.
